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«El Salvador se ha convertido en la capital del bitcóin», Daiana Gómez, subdirectora de la Fundación Bitcóin Iberoamérica
El Salvador se ha convertido, desde el lunes de esta semana, en el centro neurálgico de la comunidad cripto, desde entonces más de 2,000 extranjeros han llegado al país y las autoridades esperan el arribo de muchos más. ¿La razón? participar de la Bitcóin Week, donde confluyen dos de los eventos más importantes a escala internacional, Labitconf y Adopting Bitcóin.
Entre esos visitantes se encuentra Daiana Gómez, subdirectora de la Fundación Bitcóin Iberoamérica, entidad organizadora de Labitconf, quien reconoce que El Salvador no estuvo siempre en la ruta de los bitcoineros e inversionistas, fue hasta la aprobación de la ley que establece el curso el legal de la criptodivisa, que el mundo giró sus ojos hacia este país.
«El Salvador se ha convertido en la capital del bitcóin. Venimos a acompañar esta iniciativa de adopción de la Ley Bitcóin en el país, con su implementación, han logrado estar en el foco de la comunidad internacional», dijo Gómez.
La bitcoiner argentina explicó que la consolidación de la normativa que da la calidad de moneda de curso legal a bitcóin, vigente desde el 7 de septiembre de 2021, es la «panacea de los bitcoineros, el hecho de que un Estado apruebe este tipo y se encamine a adoptarla de forma masiva».
Por su parte la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, destacó que el Presidente Nayib Bukele ha dado un paso muy importante y decidido hacia el futuro económico con la adopción del bitcóin, lo que ha permitido que el país se convierta en la «Capital de la Libertad Económica».
La diplomática aseguró que durante Bitcoin Week, los participantes y turistas en general, han puesto a prueba la Chivo Wallet con la compra de productos y el pago de servicios, como hoteles, alimentos y transporte, entre otros.
Por otra parte, Gómez, señaló que con esta oficialización de la criptomoneda, se abren las puertas para que cada vez más inversores exploren oportunidades de negocio en El Salvador, porque cuenta, a diferencia de todas las otras naciones del mundo, con un clima favorable para hacer crecer sus empresas.
Como parte de la agenda desarrollada en el segundo día de la sobre Bitcóin y Blockchain, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, participó en una rueda de negocios entre empresarios internacionales que basan sus emprendimientos en la tecnología y la utilización del bitcóin.
«La adopción de tecnología y la innovación están al centro de todo lo que hacemos en el Gobierno. Nuestro objetivo final es convertirnos en un Gobierno electrónico y que nuestras empresas puedan adoptar tecnologías para que puedan ser más productivos y hacer productos de mayor calidad», dijo la ministra.
En el encuentro participaron representantes de más de 50 empresas nacionales y 35 internacionales, las cuales tuvieron la oportunidad de hacer networking.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
