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El programa de mejoramiento de la red vial del país avanza y el Gobierno incluye zonas que fueron olvidadas
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
A través de diversos proyectos que se ejecutan diariamente, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele está mejorando la conectividad en calles, tanto urbanas como rurales del país. Mediante la rehabilitación de las vías y la construcción de obras de drenaje se está brindando también condiciones de seguridad a la población en general.
En época de lluvias la condición de las vías se torna intransitable en algunos sitios, debido a las lagunas que se forman y el exceso de humedad se constituye en un riesgo para automovilistas, así como para peatones. Ahora, esa problemática se está corrigiendo con cada obra pensada para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) en coordinación con el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) desarrollan proyectos importantes para la población como la ampliación y reconstrucción de la Ruta de La Paz. El área que se está interviniendo parte desde el punto conocido como el Kilo 18 hacia Perquín, Morazán. Esta es otra de las promesas del Gobierno que se están cumpliendo.
Además, se está mejorando un tramo de la calle principal que conduce del cantón Los Planes hacia cantón Las Granadillas, en La Palma, Chalatenango. Asimismo, se están transformando las calles urbanas del municipio de El Triunfo, en Usulután, en vías cómodas y seguras para los usuarios de ese lugar.
En la actual administración se están construyendo en todo el país, caminos que generarán desarrollo económico y social. Entre los municipios de Atiquizaya y Chalchuapa, de los departamentos de Ahuachapán y Santa Ana, respectivamente, se está ejecutando una rehabilitación total de la vía, esto permitirá una mayor actividad turística en ambas zonas.
Las obras viales también siguen llegando al oriente del país. Ya se preparan las condiciones para colocar carpeta asfáltica en la ruta entre Mercedes Umaña y Berlín, Usulután. También los equipos del FOVIAL trabajan en la reparación de la carretera entre Uluazapa y Yucuaiquín, en La Unión.
En los tres primeros años del Gobierno del Presidente Nayib Bukele se han impulsado obras que marcan una transformación histórica en materia de infraestructura vial del país.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
