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El nombramiento del magistrado Nahun Martínez es ilegal, ya que a la fecha tiene denuncias penales en FGR interpuestas por Enrique Rais
En este momento en el que se cuestiona por distintos sectores la situación actual de la Sala de lo Constitucional, se han conocido aspectos esenciales por los cuales el abogado Héctor Nahun Martínez carece de la competencia y moralidad notorias como requisitos para ejercer el cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional, como requisitos contemplados por la Constitución de la República.
Precisamente una fuente de la Corte Suprema de Justicia, vinculada a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional que solicitó la reserva de su nombre por temor a represalias confirma que el licenciado Nahun Martínez no cumplía con los requisitos de competencia y moralidad notorias al menos por dos hechos principales: el primero, basado en que al momento de ser considerado para el cargo, tenía denuncias penales activas ante la Fiscalía General de la República, las cuales habían sido promovidas por el empresario Suizo-Salvadoreño Enrique Rais, en virtud de su participación en el ejercicio de acusaciones penales en contra del Sr. Rais, basadas en prueba prohibida, como ocurrió al momento de coaccionar a otras agentes fiscales para que modificaran sus declaraciones y acusaran al empresario de haber sido favorecido por el Exfiscal General Luis Martínez, lo que era totalmente falso.
De acuerdo a la fuente consultada, el exfiscal auxiliar Nahun Martínez no calificaba para ser ni siquiera considerado como Magistrado de la Sala de lo Constitucional, por no cumplir con los requisitos establecidos en el art. 176 de la Constitución, que principalmente requiere que se cumpla con las condiciones de competencia y moralidad notoria. ¿Qué competencia puede tener una persona que durante la administración en la Fiscalía General de la República se ocupó de coadyuvar al Exfiscal Douglas Meléndez a promover una persecución penal selectiva por mandato de Fito Salume, por medio de actuaciones arbitrarias como la coacción y tortura de testigos y la utilización de pruebas ilícitas? Y respecto a la moralidad notoria, cómo es posible que haya sido seleccionado si se encontraba sometido a investigaciones penales en virtud de sendas denuncias interpuestas por los abogados del empresario Enrique Rais, por el abuso de poder.
Juez de Paz certifica las conductas cuestionables del exfiscal auxiliar Nahun Martínez.
A fecha 07 de enero de 2020, el Juzgado 12º de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo a favor de varios de los fiscales que habían incorporado ilegalmente y por orden del Exjefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Orlando Cortez, prueba ilegal consistente en confesiones extrajudiciales de fiscales auxiliares que presentaban la calidad de testigos criteriados, las que habían sido emitidas contraviniendo el art. 12 de la Constitución de la República, es decir sin la plena voluntad de los otorgantes lo cual las invalidadaba de forma absoluta, no obstante fueron adoptadas como prueba para imponer imputaciones y la orden de detención en contra del Sr. Enrique Rais. A pesar que la FGR bajo la titularidad de Raúl Ernesto Melara protegió a los fiscales que habían fabricado prueba ilegal por medio de la coacción y tortura de testigos, solicitando el Sobreseimiento Definitivo a su favor, el Juez 12º de Paz de San Salvador, en su resolución ordenó la investigación de ciertos fiscales que no habían sido involucrados en la investigación, al manifestar:
“Certifíquese el presente proceso a la Fiscalía para que inicie investigación contra los señores NEFTALÍ ROBERTO ABREGO ROSALES y HÉCTOR NAHUN MARTÍNEZ GARCÍA por existir la probabilidad del cometimiento de un hecho delictivo(…)”
A pesar de esta circunstancia y del hecho que Enrique Rais denunció al exfiscal auxiliar y ahora Magistrado de la Sala de lo Constitucional por su participación en la fabricación ilegal del caso corrputela en el expediente fiscal 743-DEUP-2019 SS, éste fue protegido por el Exfiscal General Raúl Melara y por tal motivo se ha mantenido en la impunidad.
Naciones Unidas certifica los abusos cometidos contra Enrique Rais.
A finales de febrero de 2021, se conoció públicamente la decisión pronunciada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, por medio de la Opinión No. 76-2020 relativa al Sr. Enrique Rais Vs. El Salvador, en la que se precisaba además de la exitencia de una detención arbitraria del empresario Suizo-Salvadoreño, la obligación del Gobierno de El Salvador, de realizar una investigación exhaustiva e indepediente sobre las causas que provocaron que el Sr. Rais fuere víctima de abuso de poder. Esto implicaba especialmente que se investigara las denuncias promovidas en contra de los exfiscales auxiliar Nahun Martínez, principal ejecutor de las acciones solicitadas por el Exfiscal General, Douglas Meléndez, para perseguir ilegalmente y por acciones de terceros interesados en obtener injustamente el negocio de la gestión de desechos sólidos que realiza MIDES, la empresa de Enrique Rais; y del exfiscal auxiliar David Ramírez, quien solicitó ilegalmente la orden de difusión roja en contra del Sr. Rais, por cierto con quien el nuevo Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Nahun Martínez constituyó el despacho legal “RATIO LEGIS”.
Por tal motivo la fuente consultada manifiesta que el Magistrado Nahun Martínez se ha opuesto a cumplir con la orden impuesta de Naciones Unidas por dos razones, la primera, porque ello implicaría aceptar que durante su tiempo como fiscal, tanto él, como su compañera sentimental dentro de la FGR, Carmen Marroquín Vega y su socio David Ramírez, adulteraron prueba para acusar al empreario Suizo Salvadoreño por órdenes del Exfiscal general, Douglas Meléndez y el Exjefe de la Unidad Antilavado Jorge Cortez; y la segunda, es porque aceptar el valor jurídico que tienen las resoluciones de Naciones Unidas, implica que los actuales Jueces y Magistrados que se están viendo afectados por una reforma que es inconstitucional e inconvencional sean protegidos por decisiones como las que puede adoptar Naciones Unidas a través del Relator Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
