La orden del Juzgado Noveno de Instrucción, de decretar un embargo por $227.6 millones contra la constructora Asataldi, que ejecutó una parte y luego abandonó la construcción de la Presa El Chaparral, es respaldada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele porque da un golpe a favor de los salvadoreños y en contra de la corrupción del FMLN, cuando el ex presidente y prófugo, Mauricio Funes, estaba en el poder.

Esta presa se ha construido en medio de múltiples irregularidades, que incluso involucran al segundo gobierno del FMLN.

Sin embargo, hoy es sinónimo de transparencia y de legalidad por parte de la gestión del Presidente Bukele, que informó en agostó que en su gestión hay un 20% de avance en la ejecución del proyecto y que, al ser parte de la querella, ya se habían recuperado $4 millones.

Los $227.6 millones decretados embargables a Astaldi además incluyen $111.5. millones como “lucro cesante”, por lo que dejó de producir de energía eléctrica e ingresos al Estado, más $54.7 millones en concepto de intereses pagados por los préstamos al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), algo que es parte del costo financiero del proyecto no ejecutado entre 2012 y 2014.

Este dinero regresará a las arcas del Estado y permitirá construir obra de interés social y seguir financiando el desarrollo de El Salvador.

La construcción de El Chaparral, según lo anunciado por el Gobierno y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), avanza a buen ritmo, mientras que la Fiscalía General de la República y la OEA-CICIES realizan sus investigaciones sobre la corrupción en las administraciones del FMLN cuando los presidentes de la autónoma eran Leopoldo Samour y David López Villafuerte.