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El Control Territorial permite que productores cultiven sin el temor de ser asediados por pandillas
En las administraciones de ARENA y el FMLN, las pandillas y los grupos criminales afectaron a la población salvadoreña, y el sector agropecuario no estuvo exento de los terroristas, que provocaron luto, dolor migración y miles de hectáreas de tierra quedaron ociosas debido a que estos criminales agredían a los productores y los extorsionaban para dejarlos trabajar. Entre esos afectados estuvo Felipe, un productor de cítricos del occidente del país, a quien los pandilleros le asesinaron a su hermano cuando se dirigía a sus labores cotidianas, porque se atrasó con el pago de la extorsión. La víctima era técnico graduado de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA).
«Ahí asesinaron a mi hermano como consecuencia de la violencia que vivimos en tiempos anteriores. Ahí lo emboscaron», relata el productor.
Otro familiar del técnico dijo: «Para que me lo hayan matado a él, era porque aquí no se podía salir a los terrenos porque ahí andaban rondando los mareros».
El familiar agregó que su hermano le comentó que los terroristas lo contactaron y le exigieron $5,000 para no atentar contra su vida o la de otros parientes. La víctima entregó el dinero; sin embargo, los mareros lo asesinaron.
«La razón por la que lo asesinaron fue por la maldita renta [extorsión]», lamentó el hermano. Agregó que a raíz de esa pérdida dejaron de producir la tierra y los demás familiares migraron hacia Estados Unidos.
Otra afectada por los grupos terroristas fue Lucila, una productora de flor de jamaica. A ella y su familia los mareros les quemaron entre 10 y 15 manzanas de terreno cada año como medida de presión para que pagaran la extorsión. «He sido una mujer que he estado en los últimos 12 años luchando, porque ha sido muy doloroso uno de mujer enfrentarse a esta situación delincuentes y este tipo de situaciones que no has llevado a empobrecernos, en el área agrícola», aseguró la agricultora.
Lucila lamentó que en las administraciones anteriores no podía controlar sus cosechas. «Es como un desgaste económico y cada año teníamos ese mismo problema porque no teníamos protección del Gobierno y no podíamos denunciar ante las autoridades», dijo.
Para fortuna de Lucila, Felipe y miles de agricultores esa situación comenzó a cambiar con la llegada del presidente Nayib Bukele, que desde junio de 2019 implementó el Plan Control Territorial (PCT) y garantizó que los productores volvieran a cultivar las tierras.
El agro se reactivó aun más con la puesta en marcha del combate frontal contra las maras, con lo que los pandilleros cesaron el acoso a los agricultores debido a que la Policía Nacional Civil (PNC) junto con la Fuerza Armada han detenido a más de 65,000 terroristas de las diferentes pandillas.
«Señor ministro, si un día mira al presidente en persona dígale de mi parte muchas gracias por esto que hace. Si no fuera por el régimen de excepción, nosotros no estuviéramos contando la historia. Nos vino a ayudar en un 90 % tanto en agricultura, comercio y todo nos ha ayudado bastante. Aquí se mira el apoyo que es el humanitario», enfatizó el productor.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, ha externado que ahora ya tienen más agricultores y ganaderos en aquellas tierras que fueron abandonadas o que eran campamentos de esas plagas (mareros) que ahora se maquillan y huyen.
«Da tristeza saber que mientras en las zonas urbanas los pandilleros mataban a una persona solo por ir a otra colonia, en el campo las asesinaban solo por recoger sus naranjas, mandarinas y demás cosechas. Espero en Dios, todos sean capturados», expresó Domínguez.
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Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
