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El Control Territorial permite que productores cultiven sin el temor de ser asediados por pandillas
En las administraciones de ARENA y el FMLN, las pandillas y los grupos criminales afectaron a la población salvadoreña, y el sector agropecuario no estuvo exento de los terroristas, que provocaron luto, dolor migración y miles de hectáreas de tierra quedaron ociosas debido a que estos criminales agredían a los productores y los extorsionaban para dejarlos trabajar. Entre esos afectados estuvo Felipe, un productor de cítricos del occidente del país, a quien los pandilleros le asesinaron a su hermano cuando se dirigía a sus labores cotidianas, porque se atrasó con el pago de la extorsión. La víctima era técnico graduado de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA).
«Ahí asesinaron a mi hermano como consecuencia de la violencia que vivimos en tiempos anteriores. Ahí lo emboscaron», relata el productor.
Otro familiar del técnico dijo: «Para que me lo hayan matado a él, era porque aquí no se podía salir a los terrenos porque ahí andaban rondando los mareros».
El familiar agregó que su hermano le comentó que los terroristas lo contactaron y le exigieron $5,000 para no atentar contra su vida o la de otros parientes. La víctima entregó el dinero; sin embargo, los mareros lo asesinaron.
«La razón por la que lo asesinaron fue por la maldita renta [extorsión]», lamentó el hermano. Agregó que a raíz de esa pérdida dejaron de producir la tierra y los demás familiares migraron hacia Estados Unidos.
Otra afectada por los grupos terroristas fue Lucila, una productora de flor de jamaica. A ella y su familia los mareros les quemaron entre 10 y 15 manzanas de terreno cada año como medida de presión para que pagaran la extorsión. «He sido una mujer que he estado en los últimos 12 años luchando, porque ha sido muy doloroso uno de mujer enfrentarse a esta situación delincuentes y este tipo de situaciones que no has llevado a empobrecernos, en el área agrícola», aseguró la agricultora.
Lucila lamentó que en las administraciones anteriores no podía controlar sus cosechas. «Es como un desgaste económico y cada año teníamos ese mismo problema porque no teníamos protección del Gobierno y no podíamos denunciar ante las autoridades», dijo.
Para fortuna de Lucila, Felipe y miles de agricultores esa situación comenzó a cambiar con la llegada del presidente Nayib Bukele, que desde junio de 2019 implementó el Plan Control Territorial (PCT) y garantizó que los productores volvieran a cultivar las tierras.
El agro se reactivó aun más con la puesta en marcha del combate frontal contra las maras, con lo que los pandilleros cesaron el acoso a los agricultores debido a que la Policía Nacional Civil (PNC) junto con la Fuerza Armada han detenido a más de 65,000 terroristas de las diferentes pandillas.
«Señor ministro, si un día mira al presidente en persona dígale de mi parte muchas gracias por esto que hace. Si no fuera por el régimen de excepción, nosotros no estuviéramos contando la historia. Nos vino a ayudar en un 90 % tanto en agricultura, comercio y todo nos ha ayudado bastante. Aquí se mira el apoyo que es el humanitario», enfatizó el productor.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, ha externado que ahora ya tienen más agricultores y ganaderos en aquellas tierras que fueron abandonadas o que eran campamentos de esas plagas (mareros) que ahora se maquillan y huyen.
«Da tristeza saber que mientras en las zonas urbanas los pandilleros mataban a una persona solo por ir a otra colonia, en el campo las asesinaban solo por recoger sus naranjas, mandarinas y demás cosechas. Espero en Dios, todos sean capturados», expresó Domínguez.
El guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, falleció el 19 de enero de 2026 mientras se encontraba privado de libertad en un centro penitenciario de El Salvador, donde enfrentaba cargos por estafa agravada y extorsión agravada en contra de una empresa de telecomunicaciones que opera en varios países de América Latina. La muerte ocurrió en el Hospital Nacional San Juan de Dios, en esta capital, debido a un sangrado del tubo digestivo, según informes preliminares de las autoridades médicas y penitenciarias.
De acuerdo con un oficio oficial emitido por el Centro Penitenciario, dirigido al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, Gaitán Paredes fue trasladado de emergencia al hospital el 18 de enero con síntomas de hipotensión y desequilibrio electrolítico. Al día siguiente, se confirmó su deceso.
Las autoridades penitenciarias notificaron inmediatamente a las instancias correspondientes, incluyendo la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
Gaitán Paredes, originario de Guatemala, se encontraba en situación de procesado en El Salvador. Los cargos en su contra incluían estafa agravada en perjuicio de entidades como Terra Tower Corp, TBS Management S.A., Continental Tower El Salvador Limitada de Capital Variable, Collocation Technologies El Salvador Limitada de Capital Variable, DT Holdings Inc. y Tierras Nacionales Ltda. de C.V.
Además, enfrentaba acusaciones de extorsión agravada contra una abogada y el empresario Jorge Alberto Francisco Hernández. El caso de Gaitán Paredes está vinculado a una red más amplia de presuntos delitos financieros transnacionales en Centroamérica.
En Guatemala, donde fue detenido inicialmente en marzo de 2025 en el Preventivo de la Zona 18 (Mariscal Zavala), se le asociaba con un «cártel financiero» que involucra fraude millonario y blanqueo de capitales, en colaboración con socios de fondos de inversión como TPG Peppertree. Estas actividades habrían afectado empresas en Guatemala y El Salvador, generando desempleo y pérdidas económicas significativas.
Durante su detención en Guatemala, pendiente de extradición a El Salvador, surgieron alertas sobre un posible plan de fuga. Fuentes de inteligencia penitenciaria reportaron pagos mensuales de hasta 5,000 dólares a estructuras criminales para protección interna y preparación de evasión. En mayo de 2025, se encontró un celular de alta gama en su celda durante una requisa, y en agosto y septiembre del mismo año, órdenes judiciales de traslado a otra prisión fueron ignoradas por motivos de seguridad. Gaitán Paredes contaba con privilegios como visitas familiares y acceso a abogados, lo que generó preocupaciones sobre posibles irregularidades en el sistema penitenciario guatemalteco. Autoridades anónimas exigieron investigaciones y medidas para prevenir fugas, destacando el riesgo para la integridad del sistema.
Fue extraditado a El Salvador el pasado septiembre, donde continuó su proceso judicial hasta su fallecimiento.
El caso con más imputados
Gaitán estaba siendo procesado junto a su hijo del mismo nombre, quien aún permanece en Guatemala, y junto a tres estadounidenses ejecutivos del fondo TPG Peppertree: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri.
Sobre los extranjeros pesan orden de captura internacional solicitadas a INTERPOL, emitidas por tribunales en El Salvador.
La empresa TPG Pepertree mantiene una fuerte disputa con la empresa Terra Towers por el control de Continental Towers. El caso los llevó a un arbitraje polémico en Nueva York, el cual finalmente finalizó sin darle la razón a ninguna de las partes.
Continental Towers ha denunciado irregularidades en el arbitraje, como violaciones de confidencialidad, manipulación de testimonios y filtraciones intencionales por parte de TPG Peppertree, que habrían sido utilizadas para presionar en procesos judiciales latinoamericanos.
El Ministerio Público guatemalteco ha advertido que el uso de arbitrajes para influir en causas penales podría constituir obstrucción de justicia. Se designó un interventor judicial para proteger activos de Continental Towers en Guatemala, y las investigaciones continúan con cooperación regional para esclarecer los delitos financieros involucrados.
Un grupo de 100 bachilleres de diferentes instituciones se sumó a los beneficiarios por la Asamblea Legislativa con becas universitarias para cursar una carrera en el centro de estudios de su preferencia.
La tercera edición del programa Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez se realizó el 17 de enero anterior, en el Centro Cívico Cultural Legislativo, y fue presidido por el presidente de ese órgano de Estado, Ernesto Castro.
Con los nuevos beneficiados ya son 350 becas otorgadas a jóvenes que residen en diferentes zonas del país, que mostraron interés por superarse para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
La primera edición de este programa se realizó el 11 de enero de 2025 y favoreció a 150 bachilleres; mientras que la segunda edición se efectuó el 16 agosto de ese mismo año, y brindó oportunidades de formación académica a 100 más.
«Nos sentimos genuinamente contentos de ver que alcanzamos los primeros 350 jóvenes que están becados y contando, porque a medio año [de 2026]vamos con otros, y a final del año vamos con otros», aseveró Castro.
Al último evento asistieron los seleccionados en compañía de sus padres o responsables, quienes recibieron un mensaje de motivación por parte del presidente del congreso para iniciar el proceso que busca formarlos como profesionales y ciudadanos responsables con su familia y la comunidad.
Castro destacó que, debido a los altos índices de violencia que existían, los sueños de muchos adolescentes se truncaron por la presión de las pandillas para que formaran parte de esos grupos.
«Lo que ahora estamos viviendo parecía inalcanzable», aseveró Castro, y recordó el apoyo legislativo que brindan a las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Más de 900 colegios privados de todo el país dieron inicio ayer al año escolar 2026, con más de 160,000 estudiantes matriculados.
La Asociación de Colegios Privados de El Salvador (Acpes) inauguró el año escolar con un acto cívico que se llevó a cabo en el Instituto Técnico de Ex Alumnos Salesianos (ITEXSAL), en el que participaron estudiantes y docentes de diferentes centros educativos.
Por ejemplo, participó el pabellón del Colegio Militar «General Tomás Regalado» y el alumno del Colegio León Sigüenza, Isaías Ezequiel, quien estuvo a cargo de dirigir la Oración a la Bandera Salvadoreña.
«Es el inicio de una etapa de funcionamiento de la educación privada con estándares normales de funcionamiento, quiere decir que el 100 % de la educación privada salvadoreña este día ya se encuentra activada en la presencialidad de las clases», expresó el presidente de la Acpes, Javier Hernández.
Explicó que el 52 % de los colegios privados mantiene para este 2026 la misma cantidad de estudiantes de años anteriores y un 23 % registran un incremento en el número de alumnos matriculados para este año comparado con 2025.
Mientras que, el otro 25 % de colegios privados registra una menor cantidad de matrículas, en comparación con 2025, dijo Hernández.
