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Defensoría del Consumidor reporta alza de precios hasta de 46% previo al Viernes Negro
La Defensoría del Consumidor presentó el jueves los resultados de una serie de sondeos de precios realizados durante septiembre, octubre y noviembre, previo al próximo Viernes Negro.
En dicho estudio se contabilizaron 1,527 precios de 538 productos entre muebles, electrodomésticos y aparatos electrónicos, monitoreados en 35 establecimientos a nivel nacional.
El presidente de la institución, Ricardo Salazar, expresó que este monitoreo de precios busca proteger los derechos e intereses de los consumidores y transparentar el mercado.
Los resultados muestran que 468 de los precios indagados registran incrementos por arriba del mínimo registrado en el último trimestre; además, el 67% de los productos se mantienen iguales, con 1,032 precios identificados; sólo 27, que significan un 2 % del total, se mostraron con cifras menores.
Para ilustrar estos datos, la Defensoría detalló que los aumentos alcanzan los $816 en un solo producto.
En el análisis del organismo estatal se encontró que los televisores smart de 65 pulgadas son los bienes que más incrementaron de precio, mientras que algunos modelos de refrigeradoras registran disminuciones de hasta 261 dólares en relación a los números más bajos de la temporada.
«Es importante que los consumidores tengan información para realizar sus compras de manera responsable y no dejarse sorprender por alguna información que pueda tener alguna implicación en el deterioro de la economía familiar», puntualizó Salazar.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
