Nacionales
Corte de Cuentas admite denuncia ciudadana por mala gestión financiera del alcalde de ARENA en Soyapango
El ciudadano Edgar Francisco Lemus, interpuso el pasado viernes 15 de enero del presente año, ante el Departamento de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas de la República, denuncia contra el Alcalde Municipal de Soyapango, Juan Pablo Álvarez y su Concejo Municipal, siendo la principal causa la existencia de suficientes indicios para considerar que existe una mala administración financiera de los recursos de la municipalidad, especialmente ante posible malversación de los fondos recaudados en concepto de tributos y por endeudamiento excesivo de la Alcaldía Muncipal de Soyapango, por encima de los niveles crediticios que permite la ley, para lo cual el Alcalde podría haber utilizado subterfugios legales para obtener financiamientos sin los controles que ordena la “Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal”.
La institución contralora, notificó al denunciante a fecha 20 de enero de 2021, que admitió su denuncia y ordena a la Dirección de Auditoria correspondiente a efecto de realizar un Examen Especial sobre los fondos percibidos por la Alcaldía de Soyapango, en concepto de tasas municipales por recolección y disposición final de basura, durante el periodo comprendido del 01 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2020 y respecto a los Créditos adquiridos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Recientemente, Nercy Montano, candidata a la silla edilicia del municipio de Soyapango por Nuevas Ideas, interpuso un aviso penal contra el actual Alcalde Juan Pablo Álvarez, por presuntos actos de corrupción. Los que sumados a señalamientos previos sobre un uso indebido del FODES dejan a juicio del denunciante suficientes indicios para que la institución contralora fiscalice las finanzas municipales de la Alcaldía de Soyapango, de manera que se pueda confirmar si se han dado hechos de malversación o cualquier otra clase de defraudación y de comprobarse puedan certificarse a la Fiscalía General de la República.
Edgar Lemus, un abogado especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, previamente ha presentado solicitudes exigiendo a la Alcaldía de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, que informe sobre el Convenio suscrito para la creación de la Sociedad de Economía Mixta denominada “TECLASEO”, especialmente para conocer los términos de la contratación, los recursos invertidos y los costos que el municipio cancela a esta compañía por los servicios de recolección, transporte y disposición final de la basura. Por su parte, la Alcaldía de Santa Tecla, declaró esa información como reservada, logrando el profesional del derecho que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenase a la municipalidad Tecleña la entrega de información.
Sin embargo, a la fecha el Alcalde de Santa Tecla, se ha negado a brindar esa información, que es vital para transparentar la gestión municipal y especialmente sus finanzas. Por este motivo el IAIP certificó a Fiscalía General de la República para que iniciara el procedimiento de imposición sancionatorio contra la referida municipalidad, sin que a la fecha se conozca de ninguna acción realizada por el Ministerio Público.
También la Corte de Cuentas de la República informó que del Examen Especial realizado a la Municipalidad de Santa Tecla, se habían detectado movimientos irregulares por un monto aproximado de $1 millón 210 mil de Dólares, sobre los que no existe claridad de cómo fueron asignados o del origen de esos fondos y que se entregaron bienes municipales a una sociedad con fines de lucro, sin que reflejen un beneficio directo para el municipio, cuyos costos por el servicio de la recolección, transporte y disposición final de la basura sigue recayendo en los contribuyentes que deben pagar mensualmente la tasa respectiva.
En ese mismo Examen Especial, el Tribunal Contralor destacó que al momento de constituirse la Sociedad de Economía Mixta “TECLASEO” se irrespetó el debido proceso administrativo, afectando derechos de terceros, por lo que el convenio y la constitución de la sociedad misma serían nulos. Esta nulidad debe ser solicitada por la Fiscalía General de la República ante las intancias judiciales, por afectar fondos públicos, de la misma forma en que previamente ha procedido a solicitar la nulidad de un instrumento público otorgado por la Lotería Nacional de Beneficiencia y una entidad particular. Esta es una razón por la que el denunciante cuestiona que la FGR no ha procedido en iguales términos contra el Alcalde de Santa Tecla, a pesar de existir las pruebas producidas por las propias instituciones del Estado.
Nacionales
Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Este día, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Departamento de Investigaciones e Inteligencia Migratoria, realizó un operativo en la tienda “O” de El Salvador, dedicada a la venta de artículos para el hogar, ante la presunción de que se estarían cometiendo delitos relacionados con estafa y otras irregularidades migratorias y laborales.
La intervención se llevó a cabo luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber pagado por productos que nunca recibieron. Según los testimonios recopilados, tras concretar las compras, los responsables de la tienda brindaban diversas excusas para justificar la falta de entrega, como supuestos atrasos en embarcaciones, sin que los clientes obtuvieran respuesta ni devolución del dinero.
Las autoridades identificaron que en el establecimiento laboran tanto salvadoreños como ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, se determinó que los trabajadores de nacionalidad guatemalteca no poseen autorización ni permisos para ejercer actividades laborales en el país. Además, se constató que están recibiendo pagos en efectivo, lo que sugiere una posible evasión de impuestos por parte del empleador.
#NACIONALES Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Nota completa: https://t.co/bjLMoE960q pic.twitter.com/3s5OCsSKu4— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 17, 2025
De acuerdo con los registros migratorios, estas personas ingresaron a El Salvador en calidad de turistas durante el año 2024, por lo que su actual actividad laboral representa una infracción a la Ley migratoria vigente.
Asimismo, se ha establecido que el propietario de la tienda es de nacionalidad guatemalteca. Según los movimientos migratorios, debería encontrarse en territorio salvadoreño; sin embargo, a través de información recabada por otras fuentes no reveladas, indica que actualmente se encuentra en Guatemala, lo que sugiere que habría evadido los controles migratorios para salir del país.
Según lo establecido en la legislación nacional, corresponde a la DGME verificar las actividades que realizan las personas extranjeras en El Salvador.
A raíz de los hallazgos obtenidos en el operativo, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se proceda con las investigaciones necesarias y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Nacionales
Ministro Gustavo Villatoro: «Marina Nacional es la única que ha puesto orden y autoridad en aguas internacionales»
Tras la reciente incautación de una tonelada de cocaína al suroeste del Estero de Jaltepeque, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el papel de la Marina Nacional como una fuerza que ha logrado imponer autoridad en aguas internacionales, donde históricamente predominaba el tráfico de drogas.
La operación fue ejecutada el pasado martes 6 de mayo a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) de la Bocana El Cordoncillo, donde se interceptó una embarcación pesquera artesanal con el cargamento ilícito. En declaraciones posteriores, Villatoro aseguró que El Salvador está demostrando al mundo su capacidad para combatir el narcotráfico, incluso más allá de sus fronteras.
“La Fuerza Naval Tridente está demostrando lo que se puede lograr con decisión firme. Estamos tomando control en millas náuticas tan distantes como la 500, 600, hasta la 1,000”, afirmó el ministro, subrayando que solo la Marina salvadoreña ha logrado imponer orden en esa “autopista de aguas internacionales” por la que transitaba libremente la droga.
Villatoro también respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al señalar que el actual Gobierno no está vinculado al narcotráfico. “Estamos demostrando que no solo no tenemos nexos, sino que lideramos con firmeza el combate a este flagelo. Contamos con equipos de rayos X y políticas claras en nuestros puertos para escanear lo que sale hacia Europa y Estados Unidos”, enfatizó.
El titular de Seguridad comparó este esfuerzo con la guerra contra las pandillas, indicando que, al igual que en ese combate, se enfrentan a sectores que —según él— terminan defendiendo intereses criminales. “Solo en la cabeza de retrógradas pueden pensar que estamos vinculados con estas actividades”, afirmó.
Finalmente, Villatoro reiteró que seguirán trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República para mantener y reforzar el combate al narcotráfico. Según cifras oficiales, en el último año El Salvador ha incautado aproximadamente 28.2 toneladas de droga, valoradas en unos $706.8 millones.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
