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CONTROVERSIA: Mauricio Funes dice que a partir de junio será perseguido por el gobierno de Nayib Bukele
Mauricio Funes le respondió al presidente electo Nayib Bukele sobre que en junio tendrá que venir a El Salvador para enfrentar la justicia salvadoreña por los delitos que sobre él pesan. «Nayib cree que con amenazas ridículas me va a callar. Se lo explicaré por enésima vez: la extradición es una decisión del gobierno que otorga el asilo, en este caso de Ortega, y no del gobierno que lo solicita por más pataletas que haga. ¿Entendió o prefiere un dibujito?», dijo el expresidente en su cuenta de Twitter.
Mauricio Funes dice que a partir de junio será perseguido por el goierno de Nayib Bukele
Mauricio Funes les respondió esta tarde al presidente electo Nayib Bukele, quien dijo que el deberá regresar a El Salvador para enfrentar la justicia.
Según Funes, la extradición es una decisión del gobierno que lo otorga, en este caso de que preside Daniel Ortega. «Nayib cree que con amenazas ridículas me va a callar. Se lo explicaré por enésima vez: la extradición es una decisión del gobierno que otorga el asilo, en este caso de Ortega, y no del gobierno que lo solicita por más pataletas que haga. ¿Entendió o prefiere un dibujito?», dijo
Luego agregó: «Debo aclararle a Nayib que soy un perseguido del aparato de justicia penal en manos de la derecha. La motivación de los procesos en mi contra es claramente política. La FGR no tiene pruebas. Cuando su gobierno se sume a esa persecución paso a ser además un perseguido del gobierno».
Funes está asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, país al que viajó junto a su compañera de vida Ada Michelle Guzmán y tres de sus hijos. El exmandatario aseguró que la razón de ese beneficio fue debido a que era objeto de persecución política, algo que criticaron diversos analistas y políticos.
En al menos de dos ocasiones la INPERPOL no ha emitido difusión roja para arrestarlo. Los tribunales salvadoreños han seguido el proceso legal en su contra, a pesar de que no está en el país. El momento en el que Funes salió del país coincidió con los allanamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a realizar a su vivienda a otros inmuebles propiedad de su amigo y exfuncionario gubernamental, Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé.
En enero del presente año, Funes, Ada Michelle Guzmán, Mecafé), el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez, y los representantes de la empresa constructora Astaldi José Efraín Quinteros y Mario Pieragostini fueron acusados de cuatro delitos por el caso de la presa El Chaparral.
Serán procesados por lavado de dinero y activos, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho activo, detalló la FGR en ese momento. El requerimiento fue presentado esta tarde en el Juzgado Noveno de Paz.
Otras acusaciones en contra de Funes, quien antes de ser presidente de la República fue entrevistador de televisión, son el hecho de revelar el reporte que Estados Unidos emitió sobre el expresidente Francisco Flores y que lo llevó a los tribunales acusado de extraer las donaciones provenientes de Taiwán.
El Reporte de Operaciones, también conocido como ROS, fue el documento con el cual Funes se valió para señalar irregularidades de la administración Flores, documento que hizo llegar hasta la Asamblea Legislativa en donde se creó una comisión especial para evaluar el desvío de la donación de $10 millones de dólares.
La presión política y mediática provocó que el expresidente Flores aceptara que dicho monto fue recibido, algo que le valió para permanecer detenido hasta su muerte en febrero de 2016 sin ser condenado.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
