Judicial
CONDENA: Ganarse la confianza de sus amigos pandilleros con un asalto le costará 11 años de prisión a un joven de Soyapango
Pese a que no era pandillero, el joven de 19 años comenzó a delinquir con los delincuentes quienes pasaron de contarle como ejecutaban sus fechorías a hacerlo parte de los atracadores.
Ganarse la confianza de sus amigos pandilleros con un asalto le costará 11 años de prisión a un joven de Soyapango
Quererse ganar la confianza de sus compinches le costará 11 años de prisión para un colaborador de pandillas que fue sorprendido luego de robarle sus pertenencias a una pareja con la pistola de una trabajadora social en Soyapango.
Cristian Bonilla Escobar es un joven de 19 años de edad que se vio atraído por los hechos delictivos que sus amigos realizaban a cualquier hora del día en la colonia Los Andes y sus alrededores.
En un primer momento, Bonilla era testigo de los relatos, pero esto le valió para poco a poco ser partícipe de los hechos que ejecutaba la estructura criminal en la referida colonia del municipio de Soyapango.
La suerte del imputado llegó hasta la noche del 11 de agosto del 2018, el imputado junto a dos delincuentes recorrieron varias calles hasta llegar a una tienda donde localizaron a una pareja que sería su blanco perfecto.
Sentado dentro del vehículo, el joven tomó aire, empuñó su pistola, abrió la puerta y salió eufórico apuntando a sus víctimas a quienes les exigió que les entregara los celulares y el dinero que tuvieran a cambio de no quitarles la vida.
Sin pensarlo dos veces, la pareja dejó de tomar sus bebidas y accedió a las demandas del hombre que con el botín en sus manos se retiró satisfecho de lo que había logrado y sin imaginar que sus víctimas se armarían de valor e interpondrían una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
A los pocos minutos de relatar los hechos en la delegación de Soyapango, una patrulla informó que habían arrestado a dos hombres y una mujer en un carro que coincidía con las características que se habían dado.
El informe policial señala que los detenidos no pudieron justificar la procedencia del vehículo y de un arma que los agentes localizaron en el asiento trasero del automotor que era conducido por la mujer que fue identificada como Nelly J.
El otro detenido fue un menor de edad quien junto con la mujer fue apartado del proceso judicial que enfrentó Bonilla por los delitos de uso y tenencia de arma de fuego y robo agravado.
El arma robada
Durante el proceso judicial, las investigaciones señalaron que el arma que el imputado utilizó esa noche había sido robada a un trabajadora social en horas de la mañana, del mismo 11 de agosto, frente a la colonia Bosques de Prusia en Soyapango.
La víctima señaló que esperaba a un amigo cuando de pronto salieron dos sujetos por la parte trasera de un microbus y sin mediar palabras le arrebataron la cartera, donde llevaba guardada la pistola.
La profesional dio aviso al registro de armas y a la PNC sobre el robo de su arma que dijo estaba valorada en $800.
El proceso judicial
Durante el juicio la parte fiscal que se impusiera al imputado la pena máxima por los delitos que pesaban en su contra, además, que pagara una indemnización de $1,000 a la pareja de ofendidos.
La defensa del joven trató la manera de desvirtuar las acusaciones y explicó que imponer una pena máxima era desproporcionada, «no es lo mismo robar un celular que robar un banco», defendió el abogado
El juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador señaló que había pruebas suficientes que incriminaban al acusado a quien declaró culpable y deberá cumplir la condena de 11 años y pagar a las víctimas.
Nota tomada de El Salvador Times
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
