Judicial
CONDENA: Ganarse la confianza de sus amigos pandilleros con un asalto le costará 11 años de prisión a un joven de Soyapango
Pese a que no era pandillero, el joven de 19 años comenzó a delinquir con los delincuentes quienes pasaron de contarle como ejecutaban sus fechorías a hacerlo parte de los atracadores.
Ganarse la confianza de sus amigos pandilleros con un asalto le costará 11 años de prisión a un joven de Soyapango
Quererse ganar la confianza de sus compinches le costará 11 años de prisión para un colaborador de pandillas que fue sorprendido luego de robarle sus pertenencias a una pareja con la pistola de una trabajadora social en Soyapango.
Cristian Bonilla Escobar es un joven de 19 años de edad que se vio atraído por los hechos delictivos que sus amigos realizaban a cualquier hora del día en la colonia Los Andes y sus alrededores.
En un primer momento, Bonilla era testigo de los relatos, pero esto le valió para poco a poco ser partícipe de los hechos que ejecutaba la estructura criminal en la referida colonia del municipio de Soyapango.
La suerte del imputado llegó hasta la noche del 11 de agosto del 2018, el imputado junto a dos delincuentes recorrieron varias calles hasta llegar a una tienda donde localizaron a una pareja que sería su blanco perfecto.
Sentado dentro del vehículo, el joven tomó aire, empuñó su pistola, abrió la puerta y salió eufórico apuntando a sus víctimas a quienes les exigió que les entregara los celulares y el dinero que tuvieran a cambio de no quitarles la vida.
Sin pensarlo dos veces, la pareja dejó de tomar sus bebidas y accedió a las demandas del hombre que con el botín en sus manos se retiró satisfecho de lo que había logrado y sin imaginar que sus víctimas se armarían de valor e interpondrían una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
A los pocos minutos de relatar los hechos en la delegación de Soyapango, una patrulla informó que habían arrestado a dos hombres y una mujer en un carro que coincidía con las características que se habían dado.
El informe policial señala que los detenidos no pudieron justificar la procedencia del vehículo y de un arma que los agentes localizaron en el asiento trasero del automotor que era conducido por la mujer que fue identificada como Nelly J.
El otro detenido fue un menor de edad quien junto con la mujer fue apartado del proceso judicial que enfrentó Bonilla por los delitos de uso y tenencia de arma de fuego y robo agravado.
El arma robada
Durante el proceso judicial, las investigaciones señalaron que el arma que el imputado utilizó esa noche había sido robada a un trabajadora social en horas de la mañana, del mismo 11 de agosto, frente a la colonia Bosques de Prusia en Soyapango.
La víctima señaló que esperaba a un amigo cuando de pronto salieron dos sujetos por la parte trasera de un microbus y sin mediar palabras le arrebataron la cartera, donde llevaba guardada la pistola.
La profesional dio aviso al registro de armas y a la PNC sobre el robo de su arma que dijo estaba valorada en $800.
El proceso judicial
Durante el juicio la parte fiscal que se impusiera al imputado la pena máxima por los delitos que pesaban en su contra, además, que pagara una indemnización de $1,000 a la pareja de ofendidos.
La defensa del joven trató la manera de desvirtuar las acusaciones y explicó que imponer una pena máxima era desproporcionada, «no es lo mismo robar un celular que robar un banco», defendió el abogado
El juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador señaló que había pruebas suficientes que incriminaban al acusado a quien declaró culpable y deberá cumplir la condena de 11 años y pagar a las víctimas.
Nota tomada de El Salvador Times
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
