Judicial
CONDENA: Ganarse la confianza de sus amigos pandilleros con un asalto le costará 11 años de prisión a un joven de Soyapango
Pese a que no era pandillero, el joven de 19 años comenzó a delinquir con los delincuentes quienes pasaron de contarle como ejecutaban sus fechorías a hacerlo parte de los atracadores.
Ganarse la confianza de sus amigos pandilleros con un asalto le costará 11 años de prisión a un joven de Soyapango
Quererse ganar la confianza de sus compinches le costará 11 años de prisión para un colaborador de pandillas que fue sorprendido luego de robarle sus pertenencias a una pareja con la pistola de una trabajadora social en Soyapango.
Cristian Bonilla Escobar es un joven de 19 años de edad que se vio atraído por los hechos delictivos que sus amigos realizaban a cualquier hora del día en la colonia Los Andes y sus alrededores.
En un primer momento, Bonilla era testigo de los relatos, pero esto le valió para poco a poco ser partícipe de los hechos que ejecutaba la estructura criminal en la referida colonia del municipio de Soyapango.
La suerte del imputado llegó hasta la noche del 11 de agosto del 2018, el imputado junto a dos delincuentes recorrieron varias calles hasta llegar a una tienda donde localizaron a una pareja que sería su blanco perfecto.
Sentado dentro del vehículo, el joven tomó aire, empuñó su pistola, abrió la puerta y salió eufórico apuntando a sus víctimas a quienes les exigió que les entregara los celulares y el dinero que tuvieran a cambio de no quitarles la vida.
Sin pensarlo dos veces, la pareja dejó de tomar sus bebidas y accedió a las demandas del hombre que con el botín en sus manos se retiró satisfecho de lo que había logrado y sin imaginar que sus víctimas se armarían de valor e interpondrían una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
A los pocos minutos de relatar los hechos en la delegación de Soyapango, una patrulla informó que habían arrestado a dos hombres y una mujer en un carro que coincidía con las características que se habían dado.
El informe policial señala que los detenidos no pudieron justificar la procedencia del vehículo y de un arma que los agentes localizaron en el asiento trasero del automotor que era conducido por la mujer que fue identificada como Nelly J.
El otro detenido fue un menor de edad quien junto con la mujer fue apartado del proceso judicial que enfrentó Bonilla por los delitos de uso y tenencia de arma de fuego y robo agravado.
El arma robada
Durante el proceso judicial, las investigaciones señalaron que el arma que el imputado utilizó esa noche había sido robada a un trabajadora social en horas de la mañana, del mismo 11 de agosto, frente a la colonia Bosques de Prusia en Soyapango.
La víctima señaló que esperaba a un amigo cuando de pronto salieron dos sujetos por la parte trasera de un microbus y sin mediar palabras le arrebataron la cartera, donde llevaba guardada la pistola.
La profesional dio aviso al registro de armas y a la PNC sobre el robo de su arma que dijo estaba valorada en $800.
El proceso judicial
Durante el juicio la parte fiscal que se impusiera al imputado la pena máxima por los delitos que pesaban en su contra, además, que pagara una indemnización de $1,000 a la pareja de ofendidos.
La defensa del joven trató la manera de desvirtuar las acusaciones y explicó que imponer una pena máxima era desproporcionada, «no es lo mismo robar un celular que robar un banco», defendió el abogado
El juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador señaló que había pruebas suficientes que incriminaban al acusado a quien declaró culpable y deberá cumplir la condena de 11 años y pagar a las víctimas.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
