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«¿Cómo pudimos confiar en gente que da impunidad a los criminales?», Presidente Nayib Bukele sobre fin de acuerdo con la OEA
El Gobierno de El Salvador decidió romper el convenio firmado con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) por coherencia y por principios, de acuerdo con la información del presidente de la República, Nayib Bukele.
Dicho convenio era el instrumento que daba soporte jurídico a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES) desde hace dos años. Primero se retiró la Fiscalía General de la República (FGR) y luego lo hizo la Presidencia, tal como confirmó el Mandatario. “Ya recibí la información de la Fiscalía. La revisé y hemos decidido que, como Presidencia, también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-CICIES”.
El motivo que llevó a esta decisión es que la Secretaría General de la OEA contrató a un exfuncionario municipal procesado en los juzgados por negociar con pandillas y entregarles grandes cantidades de dinero para obtener beneficios electorales. Dicha contratación ocurrió un día antes de que esta persona fuese enviada a bartolinas por los múltiples delitos.
“Cometimos el error de confiar en la OEA”, dijo el Presidente Bukele. “¿Cómo pudimos confiar en gente que da impunidad a los criminales?”, lamentó además el jefe de Estado. De hecho, el proceso penal contra el referido exfuncionario inició hace varios meses, con indicios como testimonios y videos donde sale entregando los billetes. Así, la contratación que hizo la referida Secretaría General fue como una “bofetada” para los salvadoreños que exigen justicia.
Al mismo tiempo, añadió: “Nosotros pudimos haber seguido trabajando con ellos, y hacer como si nada pasaba. Pero nosotros no trabajamos así. Para nosotros es importante tener principios”.
El Ejecutivo entregó toda la información requerida en estos dos años que funcionó la CICIES. Pero, al final, esta entidad trabajó de manera selectiva y con sesgo político en sus informes.
“Vamos a buscar otra organización que sí quiera combatir la impunidad”, declaró el Presidente, pues los delegados de la Secretaría General de la OEA no cumplieron con esta misión. “Y vamos a lograrlo, así como hemos logrado muchas cosas que otros decían que eran imposibles”, concluyó.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
