La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el trabajo que realiza el gobierno de Nayib Bukele en materia de seguridad, ya que este esfuerzo se ha visto reflejado en la reducción de homicidios.

La CIDH, un ente autónomo de la OEA con sede en Washington, publicó el viernes el informe preliminar sobre derechos humanos en El Salvador tras una visita a principios de diciembre al país, encabezada por su presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño.

‘Saludamos visita a #ElSalvador por invitación del presidente @nayibbukele’. Celebramos apertura de El Salvador luego de 32 años y disposición del presidente a mejorar condiciones estructurales de DDHH en su país’, destacó hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en referencia al informe de la CIDH.

Almagro recalcó, además, que el Gobierno de Nayib Bukele, en el poder desde junio pasado, cuenta ‘con una fuerte voluntad de cambio en ese área’.

Esta felicitación llega en el momento que el Gobierno Salvadoreño declara que el 28 de diciembre se obtuvo el sexto día sin ningún homicidio a nivel nacional.

En este sentido, el reporte de la CIDH destaca que ‘en estos primeros seis meses de Gobierno’ de Bukele ‘la tasa de homicidios se haya reducido drásticamente hasta alcanzar aproximadamente 50 por cada 100.000 habitantes, con las cifras más bajas desde los acuerdos de paz.

Las autoridades de El Salvador responsabilizan a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que sitúan a esta nación centroamericana como una de las más violentas del mundo.

Pese a los progresos en la reducción de la violencia, la CIDH mostró su preocupación sobre el ‘hacinamiento promedio en las cárceles’.

‘Estos centros se caracterizan por deficiente infraestructura, insalubridad, ausencia de programas fundamentalmente para reinserción en centros de seguridad y máxima seguridad que albergan a aproximadamente 16.000 personas, atención médica insuficiente, y escaso e inadecuado acceso al agua’, indicó el documento.

Por otro lado, señaló que había observado ‘un consenso en la sociedad civil, así como en los distintos actores estatales con los que se reunió, sobre la falta de acceso completo y sistematizado a los archivos de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado’ (1980-1992).

A más de 25 años de los Acuerdos de Paz, la falta de diligencia para desclasificar estos archivos constituye un gran obstáculo para la reconstrucción de la verdad de lo sucedido en el conflicto. Del mismo modo, constituye un serio condicionamiento para alcanzar la justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que se encuentran en fase de investigación’, subrayó.