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CIDH destaca el trabajo del gobierno de Nayib Bukele por la drástica reducción de homicidios
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el trabajo que realiza el gobierno de Nayib Bukele en materia de seguridad, ya que este esfuerzo se ha visto reflejado en la reducción de homicidios.
La CIDH, un ente autónomo de la OEA con sede en Washington, publicó el viernes el informe preliminar sobre derechos humanos en El Salvador tras una visita a principios de diciembre al país, encabezada por su presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño.
‘Saludamos visita a #ElSalvador por invitación del presidente @nayibbukele’. Celebramos apertura de El Salvador luego de 32 años y disposición del presidente a mejorar condiciones estructurales de DDHH en su país’, destacó hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en referencia al informe de la CIDH.
Almagro recalcó, además, que el Gobierno de Nayib Bukele, en el poder desde junio pasado, cuenta ‘con una fuerte voluntad de cambio en ese área’.
Esta felicitación llega en el momento que el Gobierno Salvadoreño declara que el 28 de diciembre se obtuvo el sexto día sin ningún homicidio a nivel nacional.
En este sentido, el reporte de la CIDH destaca que ‘en estos primeros seis meses de Gobierno’ de Bukele ‘la tasa de homicidios se haya reducido drásticamente hasta alcanzar aproximadamente 50 por cada 100.000 habitantes, con las cifras más bajas desde los acuerdos de paz.
Las autoridades de El Salvador responsabilizan a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que sitúan a esta nación centroamericana como una de las más violentas del mundo.
Pese a los progresos en la reducción de la violencia, la CIDH mostró su preocupación sobre el ‘hacinamiento promedio en las cárceles’.
‘Estos centros se caracterizan por deficiente infraestructura, insalubridad, ausencia de programas fundamentalmente para reinserción en centros de seguridad y máxima seguridad que albergan a aproximadamente 16.000 personas, atención médica insuficiente, y escaso e inadecuado acceso al agua’, indicó el documento.
Por otro lado, señaló que había observado ‘un consenso en la sociedad civil, así como en los distintos actores estatales con los que se reunió, sobre la falta de acceso completo y sistematizado a los archivos de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado’ (1980-1992).
A más de 25 años de los Acuerdos de Paz, la falta de diligencia para desclasificar estos archivos constituye un gran obstáculo para la reconstrucción de la verdad de lo sucedido en el conflicto. Del mismo modo, constituye un serio condicionamiento para alcanzar la justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que se encuentran en fase de investigación’, subrayó.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
Pandilleros de la estructura Fulton Locos Salvatruchos que delinquían en el departamento de Chalatenango, fueron condenados por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Entre los sentenciados está Víctor Morales Guardado, alias «Lechuza» o «Búho», a quien la Fiscalía General de la República vinculó con 19 hechos delictivos, incluyendo cuatro homicidios agravados.
Al final del juicio, el tribunal lo encontró responsable por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y agrupaciones ilícitas, imponiéndole 75 años de prisión.
También fue condenado Mariano de Jesús Ticas Rivas, alias «Bam Bam», el pandillero recibió 32 años de prisión por dos casos de extorsión agravada en perjuicio de víctimas con régimen de protección y Joel Armando Espinal Valle, fue sentenciado a cinco de cárcel.
Los mareros comenzaron a ser investigados tras la desaparición de dos hermanos en el 2017, en la jurisdicción de Tejutla, departamento de Chalatenango.
Otros hechos ocurrieron en 2018, en distintos puntos de ese departamento donde la estructura delictiva tenía presencia.
En la vista pública declararon varios testigos que fueron afectados por el accionar de los pandilleros, sobre todo, personas que estuvieron siendo extorsionadas.
La Fiscalía reforzó los testimonios de las víctimas con prueba documental y pericias que vincularon a los pandilleros con los crímenes acusados.
