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Celulares decomisados a mareros han permitido cientos de capturas bajo el Régimen de Excepción
Desde que se implementó el régimen de excepción en El Salvador las autoridades han logrado decomisarles a pandilleros más de 6,000 celulares que contienen importante información de su accionar criminal.
«Todos estos teléfonos llevan o contienen abundante información que nos sirve día a día para seguir programando y manteniendo este nivel o promedio de 600 capturas diarias desde que comenzamos la guerra contra las pandillas», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Los decomisos de celulares y posterior análisis han permitido ubicar a otros miembros de las redes criminales, o han aportado pruebas de delitos que han cometido contra salvadoreños trabajadores. Muchos de esos aparatos han sido utilizados para llamar y extorsionar a comerciantes o, para bajo amenazas, expulsar a familias de sus hogares en diversos municipios.
Entre los resultados que se destacan en el segundo mes del estado de excepción, las autoridades han logrado incautar a estructuras delictivas más de un millón de dinero en efectivo, 541 armas de fuego y más de 600 vehículos, entre ellos, buses, camiones, mototaxis, pick ups, motos, etc.
Villatoro aseguró que durante este periodo se ha tenido un gran apoyo por parte de la población y eso es lo que los motiva a seguir desarticulando a las pandillas en el país, «no queremos ni visualizamos a este cáncer en El Salvador, por eso estamos luchando de manera frontal contra a las estructuras criminales», dijo.
Mientras que el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy explicó que en los gobiernos anteriores no existía un verdadero plan estratégico, para combatir a las estructuras criminales, como se está haciendo ahora y es por ello que los resultados son significativos.
Hasta la fecha van más de 31,000 pandilleros detenidos a nivel nacional, de estos más de 21,000 ya fueron enviados por jueces a prisión preventiva. Solo ayer cuatro juzgados enviaron a prisión, mientras duren el proceso penal, a 1,051 pandilleros. Los arrestos de criminales se han desarrollado en las más de 1,300 intervenciones en barrios, colonias y comunidades en el país, según ha dicho el ministro Merino Monroy.
UN OBJETIVO CLARO
El Gabinete de Seguridad ha dicho que continuará reforzando la búsqueda de delincuentes que han permeado con amenazas en diversos municipios y solo buscan atemorizar a la población; por años su accionar se ha manifestado en escaladas de homicidios como sucedió el pasado 25 y 26 de abril cuando se registraron más de 80 homicidios.
Los últimos cuatro gobiernos no lograron erradicar la violencia homicida en el país; por el contrario, en los últimos 20 años, los ciudadanos sufrieron una ola de muertes violentas similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil e incluso hubo autoridades que pactaron con estas estructuras terroristas a cambio de votos.
Sin embargo, desde que inició el actual Gobierno tras la puesta en marcha del Plan Control Territorial, el accionar delictivo de las estructuras delincuenciales comenzó a disminuir, la implementación de este plan de seguridad logró que el 2021 finalizara como el año menos violento de las últimas cinco décadas y el mes de abril del 2022 fue el mes más seguro en la historia de El Salvador con registro de 24 homicidios.
El Centro Nacional de Registros (CNR), a través del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI), presentó el Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de Propiedad Intelectual (CEMCAPI), el cual nace con el objetivo de agilizar y dinamizar el clima de negocios en el país.
Las autoridades explicaron que este proyecto fue desarrollado en colaboración estratégica con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para descongestionar el sistema judicial y ofrecer a los usuarios una alternativa rápida, económica y especializada para resolver conflictos sobre marcas, patentes y derechos de autor.
El nuevo mecanismo abarca controversias contractuales y extracontractuales en materia de signos distintivos, patentes y derechos conexos, y se fundamenta en los artículos 6 y 7 de la Ley de Propiedad Intelectual, promoviendo el acceso a la justicia mediante vías alternas como la mediación, la conciliación y el arbitraje.
«La implementación del servicio no es una promesa, es una realidad probada. Desde agosto de 2025, el ISPI ejecutó un plan piloto con resultados contundentes», subraya el CNR a través de un comunicado de prensa.
En este sentido, detalla que, en controversias sobre Derechos de Autor (tarifas entre Entidades de Gestión Colectiva y usuarios), se alcanzó un 100 % de acuerdos satisfactorios.
Mientras tanto, en procesos de oposición de signos distintivos (marcas), se lograron resolver conflictos complejos, evitando prolongados trámites administrativos.
El evento de lanzamiento del CEMCAPI contó con la presencia y participación de funcionarios del Centro Nacional de Registros; representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), firmas legales especializadas y representantes de la OMPI.
«Con este nuevo Centro de Mediación no solo estamos descongestionando los tribunales civiles y mercantiles, sino que también enviamos un mensaje claro a innovadores, artistas y empresarios: en El Salvador sus derechos se protegen de manera eficiente, marcando con esta iniciativa un antes y un después en la seguridad jurídica de los creativos y empresarios salvadoreños», reitera la comunicación oficial.
Añade que lo que antes tardaba años en resolverse en un juicio, hoy busca una solución mediante el diálogo especializado, reduciendo significativamente los tiempos y costos para los usuarios
Este proyecto cuenta con un grupo de 25 servidores públicos del ISPI, quienes han sido capacitados rigurosamente para fungir como mediadores, garantizando imparcialidad y especialización técnica.
Durante la noche del jueves, agentes de la Policía nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos hombres, quienes protagonizaron una pelea en la vía pública en San Marcos, San Salvador Sur.
Los detenidos fueron identificados como Mario Saúl Sandoval Pérez, de 54 años, conductor de un bus de la ruta A y Werner Vladimir Interiano Alarcón, de 48 años, conductor de un camión.
«Ambos fueron captados en un video mientras peleaban luego de disputarse la vía en la calle principal Alfonso Alballero, de San Marcos», escribió la PNC en su cuenta de X.
La Policía informó que los detenidos serán remitidos por el delito de desórdenes públicos.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
