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Celulares decomisados a mareros han permitido cientos de capturas bajo el Régimen de Excepción
Desde que se implementó el régimen de excepción en El Salvador las autoridades han logrado decomisarles a pandilleros más de 6,000 celulares que contienen importante información de su accionar criminal.
«Todos estos teléfonos llevan o contienen abundante información que nos sirve día a día para seguir programando y manteniendo este nivel o promedio de 600 capturas diarias desde que comenzamos la guerra contra las pandillas», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Los decomisos de celulares y posterior análisis han permitido ubicar a otros miembros de las redes criminales, o han aportado pruebas de delitos que han cometido contra salvadoreños trabajadores. Muchos de esos aparatos han sido utilizados para llamar y extorsionar a comerciantes o, para bajo amenazas, expulsar a familias de sus hogares en diversos municipios.
Entre los resultados que se destacan en el segundo mes del estado de excepción, las autoridades han logrado incautar a estructuras delictivas más de un millón de dinero en efectivo, 541 armas de fuego y más de 600 vehículos, entre ellos, buses, camiones, mototaxis, pick ups, motos, etc.
Villatoro aseguró que durante este periodo se ha tenido un gran apoyo por parte de la población y eso es lo que los motiva a seguir desarticulando a las pandillas en el país, «no queremos ni visualizamos a este cáncer en El Salvador, por eso estamos luchando de manera frontal contra a las estructuras criminales», dijo.
Mientras que el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy explicó que en los gobiernos anteriores no existía un verdadero plan estratégico, para combatir a las estructuras criminales, como se está haciendo ahora y es por ello que los resultados son significativos.
Hasta la fecha van más de 31,000 pandilleros detenidos a nivel nacional, de estos más de 21,000 ya fueron enviados por jueces a prisión preventiva. Solo ayer cuatro juzgados enviaron a prisión, mientras duren el proceso penal, a 1,051 pandilleros. Los arrestos de criminales se han desarrollado en las más de 1,300 intervenciones en barrios, colonias y comunidades en el país, según ha dicho el ministro Merino Monroy.
UN OBJETIVO CLARO
El Gabinete de Seguridad ha dicho que continuará reforzando la búsqueda de delincuentes que han permeado con amenazas en diversos municipios y solo buscan atemorizar a la población; por años su accionar se ha manifestado en escaladas de homicidios como sucedió el pasado 25 y 26 de abril cuando se registraron más de 80 homicidios.
Los últimos cuatro gobiernos no lograron erradicar la violencia homicida en el país; por el contrario, en los últimos 20 años, los ciudadanos sufrieron una ola de muertes violentas similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil e incluso hubo autoridades que pactaron con estas estructuras terroristas a cambio de votos.
Sin embargo, desde que inició el actual Gobierno tras la puesta en marcha del Plan Control Territorial, el accionar delictivo de las estructuras delincuenciales comenzó a disminuir, la implementación de este plan de seguridad logró que el 2021 finalizara como el año menos violento de las últimas cinco décadas y el mes de abril del 2022 fue el mes más seguro en la historia de El Salvador con registro de 24 homicidios.
Principal
Despliegan inspectores de la Defensoría del Consumidor en la víspera de la celebración del Día de las madres
Esta mañana, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó un operativo de verificación en el centro comercial Metrosur de San Salvador, con el fin de validad precios y promociones de artículos alusivos al Día de la madres.
«El Día de las madres es una importante celebración y es así como nuestra institución realiza un despliegue para defender los derechos de los consumidores», comentó Salazar.
El funcionario detalló en porcentajes el comportamiento de los consumidores para esta fecha, teniendo a la base los resultados de la encuesta sobre hábitos y preferencias de consumo de los salvadoreños para esta fecha. (https://www.defensoria.gob.sv/recientes/defensoria-del-consumidor-revela-que-salvadorenos-priorizan-comidas-en-casa-por-el-dia-de-la-madre/)
«Más del 80 % de los salvadoreños manifiesta que celebrará esta fecha, un 47 % indicó que lo harán en sus casas y un 27 % en algún restaurante», indicó. Agregó que más del 30 % realizarán compras vinculadas a arreglos florales, prendas de vestir, pasteles, perfumes, entre otros productos; y un 69 % hará esta actividad en centros comerciales.
«La principal recomendación que nosotros damos a todos los consumidores es que realicen las compras debidamente informados de los términos y condiciones; además, que consulten en el caso de las compras en línea las características de los productos», amplió.
Otra recomendación es guardar los comprobantes de compra ante cualquier situación que se pueda presentar respecto a la garantía, calidad e incumplimiento de entrega de los productos.
Para mayor información, el presidente de la Defensoría comunicó que en las redes sociales de la institución se publicarán los precios de productos como pasteles y arreglos florales.
Denuncias o irregularidades
La Defensoría del Consumidor exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad, incumplimiento de ofertas o promociones, así como posibles abusos en los precios. Como parte de este esfuerzo, la institución habilitó puntos de atención en centros comerciales, en los siguientes horarios y lugares: el 8 de mayo en Metrosur, San Salvador, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en Metrocentro, San Miguel Centro, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.; y en Metrocentro, Santa Ana Centro, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., donde se brindará información, asesoría y recepción de denuncias.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Jannette del Carmen Villatoro de Ramírez, de 51 años, acusada del delito de falsedad ideológica.
«En agosto de 2014, la víctima intentó gestionar un crédito hipotecario sobre su vivienda y se enteró que la propiedad ya registraba dos escrituras en las que el inmueble había sido otorgado como garantía de pago», indicó el fiscal del caso.
En dichas escrituras aparecen dos personas distintas otorgando préstamos a favor de Villatoro de Ramírez, quien presuntamente habría tramitado los créditos utilizando los documentos personales de la víctima y la escritura de propiedad. Asimismo, habría acudido acompañada de un hombre que se hizo pasar por la propietaria y firmó los documentos correspondientes.
«Una pericia posterior realizada por la Fiscalía determinó que la firma plasmada en los documentos no correspondía a la propietaria. Además, aunque los documentos utilizados para los trámites eran verdaderos, contenían declaraciones contrarias a la realidad, ya que la víctima no habría estado presente durante el procedimiento», detalló el fiscal.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
