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Celulares decomisados a mareros han permitido cientos de capturas bajo el Régimen de Excepción
Desde que se implementó el régimen de excepción en El Salvador las autoridades han logrado decomisarles a pandilleros más de 6,000 celulares que contienen importante información de su accionar criminal.
«Todos estos teléfonos llevan o contienen abundante información que nos sirve día a día para seguir programando y manteniendo este nivel o promedio de 600 capturas diarias desde que comenzamos la guerra contra las pandillas», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Los decomisos de celulares y posterior análisis han permitido ubicar a otros miembros de las redes criminales, o han aportado pruebas de delitos que han cometido contra salvadoreños trabajadores. Muchos de esos aparatos han sido utilizados para llamar y extorsionar a comerciantes o, para bajo amenazas, expulsar a familias de sus hogares en diversos municipios.
Entre los resultados que se destacan en el segundo mes del estado de excepción, las autoridades han logrado incautar a estructuras delictivas más de un millón de dinero en efectivo, 541 armas de fuego y más de 600 vehículos, entre ellos, buses, camiones, mototaxis, pick ups, motos, etc.
Villatoro aseguró que durante este periodo se ha tenido un gran apoyo por parte de la población y eso es lo que los motiva a seguir desarticulando a las pandillas en el país, «no queremos ni visualizamos a este cáncer en El Salvador, por eso estamos luchando de manera frontal contra a las estructuras criminales», dijo.
Mientras que el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy explicó que en los gobiernos anteriores no existía un verdadero plan estratégico, para combatir a las estructuras criminales, como se está haciendo ahora y es por ello que los resultados son significativos.
Hasta la fecha van más de 31,000 pandilleros detenidos a nivel nacional, de estos más de 21,000 ya fueron enviados por jueces a prisión preventiva. Solo ayer cuatro juzgados enviaron a prisión, mientras duren el proceso penal, a 1,051 pandilleros. Los arrestos de criminales se han desarrollado en las más de 1,300 intervenciones en barrios, colonias y comunidades en el país, según ha dicho el ministro Merino Monroy.
UN OBJETIVO CLARO
El Gabinete de Seguridad ha dicho que continuará reforzando la búsqueda de delincuentes que han permeado con amenazas en diversos municipios y solo buscan atemorizar a la población; por años su accionar se ha manifestado en escaladas de homicidios como sucedió el pasado 25 y 26 de abril cuando se registraron más de 80 homicidios.
Los últimos cuatro gobiernos no lograron erradicar la violencia homicida en el país; por el contrario, en los últimos 20 años, los ciudadanos sufrieron una ola de muertes violentas similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil e incluso hubo autoridades que pactaron con estas estructuras terroristas a cambio de votos.
Sin embargo, desde que inició el actual Gobierno tras la puesta en marcha del Plan Control Territorial, el accionar delictivo de las estructuras delincuenciales comenzó a disminuir, la implementación de este plan de seguridad logró que el 2021 finalizara como el año menos violento de las últimas cinco décadas y el mes de abril del 2022 fue el mes más seguro en la historia de El Salvador con registro de 24 homicidios.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
