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Celulares decomisados a mareros han permitido cientos de capturas bajo el Régimen de Excepción
Desde que se implementó el régimen de excepción en El Salvador las autoridades han logrado decomisarles a pandilleros más de 6,000 celulares que contienen importante información de su accionar criminal.
«Todos estos teléfonos llevan o contienen abundante información que nos sirve día a día para seguir programando y manteniendo este nivel o promedio de 600 capturas diarias desde que comenzamos la guerra contra las pandillas», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Los decomisos de celulares y posterior análisis han permitido ubicar a otros miembros de las redes criminales, o han aportado pruebas de delitos que han cometido contra salvadoreños trabajadores. Muchos de esos aparatos han sido utilizados para llamar y extorsionar a comerciantes o, para bajo amenazas, expulsar a familias de sus hogares en diversos municipios.
Entre los resultados que se destacan en el segundo mes del estado de excepción, las autoridades han logrado incautar a estructuras delictivas más de un millón de dinero en efectivo, 541 armas de fuego y más de 600 vehículos, entre ellos, buses, camiones, mototaxis, pick ups, motos, etc.
Villatoro aseguró que durante este periodo se ha tenido un gran apoyo por parte de la población y eso es lo que los motiva a seguir desarticulando a las pandillas en el país, «no queremos ni visualizamos a este cáncer en El Salvador, por eso estamos luchando de manera frontal contra a las estructuras criminales», dijo.
Mientras que el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy explicó que en los gobiernos anteriores no existía un verdadero plan estratégico, para combatir a las estructuras criminales, como se está haciendo ahora y es por ello que los resultados son significativos.
Hasta la fecha van más de 31,000 pandilleros detenidos a nivel nacional, de estos más de 21,000 ya fueron enviados por jueces a prisión preventiva. Solo ayer cuatro juzgados enviaron a prisión, mientras duren el proceso penal, a 1,051 pandilleros. Los arrestos de criminales se han desarrollado en las más de 1,300 intervenciones en barrios, colonias y comunidades en el país, según ha dicho el ministro Merino Monroy.
UN OBJETIVO CLARO
El Gabinete de Seguridad ha dicho que continuará reforzando la búsqueda de delincuentes que han permeado con amenazas en diversos municipios y solo buscan atemorizar a la población; por años su accionar se ha manifestado en escaladas de homicidios como sucedió el pasado 25 y 26 de abril cuando se registraron más de 80 homicidios.
Los últimos cuatro gobiernos no lograron erradicar la violencia homicida en el país; por el contrario, en los últimos 20 años, los ciudadanos sufrieron una ola de muertes violentas similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil e incluso hubo autoridades que pactaron con estas estructuras terroristas a cambio de votos.
Sin embargo, desde que inició el actual Gobierno tras la puesta en marcha del Plan Control Territorial, el accionar delictivo de las estructuras delincuenciales comenzó a disminuir, la implementación de este plan de seguridad logró que el 2021 finalizara como el año menos violento de las últimas cinco décadas y el mes de abril del 2022 fue el mes más seguro en la historia de El Salvador con registro de 24 homicidios.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
