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Celulares decomisados a mareros han permitido cientos de capturas bajo el Régimen de Excepción
Desde que se implementó el régimen de excepción en El Salvador las autoridades han logrado decomisarles a pandilleros más de 6,000 celulares que contienen importante información de su accionar criminal.
«Todos estos teléfonos llevan o contienen abundante información que nos sirve día a día para seguir programando y manteniendo este nivel o promedio de 600 capturas diarias desde que comenzamos la guerra contra las pandillas», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Los decomisos de celulares y posterior análisis han permitido ubicar a otros miembros de las redes criminales, o han aportado pruebas de delitos que han cometido contra salvadoreños trabajadores. Muchos de esos aparatos han sido utilizados para llamar y extorsionar a comerciantes o, para bajo amenazas, expulsar a familias de sus hogares en diversos municipios.
Entre los resultados que se destacan en el segundo mes del estado de excepción, las autoridades han logrado incautar a estructuras delictivas más de un millón de dinero en efectivo, 541 armas de fuego y más de 600 vehículos, entre ellos, buses, camiones, mototaxis, pick ups, motos, etc.
Villatoro aseguró que durante este periodo se ha tenido un gran apoyo por parte de la población y eso es lo que los motiva a seguir desarticulando a las pandillas en el país, «no queremos ni visualizamos a este cáncer en El Salvador, por eso estamos luchando de manera frontal contra a las estructuras criminales», dijo.
Mientras que el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy explicó que en los gobiernos anteriores no existía un verdadero plan estratégico, para combatir a las estructuras criminales, como se está haciendo ahora y es por ello que los resultados son significativos.
Hasta la fecha van más de 31,000 pandilleros detenidos a nivel nacional, de estos más de 21,000 ya fueron enviados por jueces a prisión preventiva. Solo ayer cuatro juzgados enviaron a prisión, mientras duren el proceso penal, a 1,051 pandilleros. Los arrestos de criminales se han desarrollado en las más de 1,300 intervenciones en barrios, colonias y comunidades en el país, según ha dicho el ministro Merino Monroy.
UN OBJETIVO CLARO
El Gabinete de Seguridad ha dicho que continuará reforzando la búsqueda de delincuentes que han permeado con amenazas en diversos municipios y solo buscan atemorizar a la población; por años su accionar se ha manifestado en escaladas de homicidios como sucedió el pasado 25 y 26 de abril cuando se registraron más de 80 homicidios.
Los últimos cuatro gobiernos no lograron erradicar la violencia homicida en el país; por el contrario, en los últimos 20 años, los ciudadanos sufrieron una ola de muertes violentas similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil e incluso hubo autoridades que pactaron con estas estructuras terroristas a cambio de votos.
Sin embargo, desde que inició el actual Gobierno tras la puesta en marcha del Plan Control Territorial, el accionar delictivo de las estructuras delincuenciales comenzó a disminuir, la implementación de este plan de seguridad logró que el 2021 finalizara como el año menos violento de las últimas cinco décadas y el mes de abril del 2022 fue el mes más seguro en la historia de El Salvador con registro de 24 homicidios.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
