Nacionales
Capturan a remanentes de pandillas en diferentes zonas del país
Las fuerzas del orden continúan sacando de las calles a los remanentes de pandillas que se mantuvieron escondidos de los patrullajes para no ser arrestados.
La Policía le apostó el trabajo de inteligencia y junto a la Fuerza Armada lograron que la operatividad fuese más precisa para dar con el paradero de estos criminales, así fue como recientemente arrestaron a Wilber Amílcar Melgar Echeverría, apodado Willy, Plante o Poison, perfilado como integrante de la pandilla 18 que delinquía en el barrio El Guayabal, en Quezaltepeque, La Libertad.
Las investigaciones determinaron que alias Poison tiene historial criminal desde 2005 por agrupaciones ilícitas, extorsión, robo agravado y resistencia. Además, se encargaba de vigilar el ingreso de policías y soldados a la zona, así como de personas ajenas al lugar.
En 2008 fue condenado a cuatro años de cárcel por extorsión y agrupaciones ilícitas, pero debido a las leyes blandas de ese momento tras cumplir su pena obtuvo su libertad para seguir delinquiendo.
La institución también reportó la detención de Matías Alfonso Peraza Pérez, alias Blacky, integrante de la 18, quien se mantuvo oculto en la colonia Altavista, en San Martín, donde fue interceptado.
«Sobre sus manos pesa la muerte de salvadoreños inocentes, además de miles de amenazas exigiendo un dólar a los habitantes por dejar sus vehículos en el parqueo común, los intimidaba diciendo que no se hacía responsable de daños y quien no pagaba les pinchaba las llantas, quebraba espejos, etc.», informó la Policía.
La búsqueda de criminales permitió a las autoridades ubicar a Graciela Elizabeth Domínguez Martínez, alias Chela, pandillera de la 18, quien tiene antecedentes (2015) por organizaciones terroristas y resistencia. La mujer es señalada de extorsionar a comerciantes del mercado de Zacatecoluca, La Paz, donde también comercializaba droga para financiar al grupo terrorista.
Durante una entrevista para «Diario El Salvador», el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que los remanentes de grupos terroristas quedaron «como células trabajando en el territorio».
El funcionario comentó que para la ofensiva contra los remanentes de pandillas fue necesario disponer del «100 % de nuestra capacidad de Fuerza Armada y Policía Nacional Civil (que) está desplegada a nivel nacional para capturar a todos estos reductos de estas organizaciones terroristas que aún quedan en el territorio».
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
