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Capturan a remanentes de pandillas en diferentes zonas del país
Las fuerzas del orden continúan sacando de las calles a los remanentes de pandillas que se mantuvieron escondidos de los patrullajes para no ser arrestados.
La Policía le apostó el trabajo de inteligencia y junto a la Fuerza Armada lograron que la operatividad fuese más precisa para dar con el paradero de estos criminales, así fue como recientemente arrestaron a Wilber Amílcar Melgar Echeverría, apodado Willy, Plante o Poison, perfilado como integrante de la pandilla 18 que delinquía en el barrio El Guayabal, en Quezaltepeque, La Libertad.
Las investigaciones determinaron que alias Poison tiene historial criminal desde 2005 por agrupaciones ilícitas, extorsión, robo agravado y resistencia. Además, se encargaba de vigilar el ingreso de policías y soldados a la zona, así como de personas ajenas al lugar.
En 2008 fue condenado a cuatro años de cárcel por extorsión y agrupaciones ilícitas, pero debido a las leyes blandas de ese momento tras cumplir su pena obtuvo su libertad para seguir delinquiendo.
La institución también reportó la detención de Matías Alfonso Peraza Pérez, alias Blacky, integrante de la 18, quien se mantuvo oculto en la colonia Altavista, en San Martín, donde fue interceptado.
«Sobre sus manos pesa la muerte de salvadoreños inocentes, además de miles de amenazas exigiendo un dólar a los habitantes por dejar sus vehículos en el parqueo común, los intimidaba diciendo que no se hacía responsable de daños y quien no pagaba les pinchaba las llantas, quebraba espejos, etc.», informó la Policía.
La búsqueda de criminales permitió a las autoridades ubicar a Graciela Elizabeth Domínguez Martínez, alias Chela, pandillera de la 18, quien tiene antecedentes (2015) por organizaciones terroristas y resistencia. La mujer es señalada de extorsionar a comerciantes del mercado de Zacatecoluca, La Paz, donde también comercializaba droga para financiar al grupo terrorista.
Durante una entrevista para «Diario El Salvador», el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que los remanentes de grupos terroristas quedaron «como células trabajando en el territorio».
El funcionario comentó que para la ofensiva contra los remanentes de pandillas fue necesario disponer del «100 % de nuestra capacidad de Fuerza Armada y Policía Nacional Civil (que) está desplegada a nivel nacional para capturar a todos estos reductos de estas organizaciones terroristas que aún quedan en el territorio».
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
