Nacionales
Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.
La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.
«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.
En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.
La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.
Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.
«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.
Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.
Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.
En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.
