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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
Los parlamentarios que conforman la comisión política iniciaron ayer el estudio de los acuerdos constitucionales número siete y ocho aprobados el miércoles anterior en la sesión plenaria ordinaria 107.
El primer acuerdo contiene la reforma al inciso primero del artículo 79 de la Constitución de la República, en el sentido de que se inscriba una nueva circunscripción en el extranjero.
Dicha modificación permitiría que los salvadoreños que residen fuera del país tengan representación directa en el congreso, con diputados que velen por sus necesidades.
El presidente de la comisión política y del congreso, Ernesto Castro, explicó que con esta enmienda «la diáspora -que tiene DUI con domicilio en el exterior- van a poder votar directamente por sus representantes; ellos van a elegir específicamente quiénes quieren que los representen».
Se trata de una iniciativa propuesta por el presidente Nayib Bukele, la cual recibió el respaldo de los 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC.
La enmienda propone que la nueva circunscripción se base en el registro electoral y no en la cantidad de personas que residen en el exterior, y aclara que se respetará la actual configuración del congreso, que es de 60 diputados.
«El voto de ellos antes era consignado para el departamento de San Salvador, pero ahora nuestros hermanos en el exterior van a votar directamente por sus representantes», detalló Castro.
Destacó que la diáspora es considerada prioridad para la actual legislatura, y por ello es incluída en su agenda al recibirla durante las sesiones plenarias.
Respecto al segundo acuerdo (número 8), la Asamblea aprobó con 57 votos despartidizar la conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), manteniendo la representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con dos magistrados. Los tres restantes, que eran propuestos por partidos políticos, serán elegidos como funcionarios de segundo grado.
La comisión política acordó continuar el estudio de los dos expedientes el próximo lunes.
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Depósitos bancarios en El Salvador crecieron 16.8 % a febrero y superan los $22,600 millones
El sistema bancario de El Salvador cerró febrero de 2026 con un saldo de depósitos de $22,619.6 millones, lo que representa un incremento de $3,259.3 millones respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a una variación interanual de 16.8 %, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) compilados por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
El crecimiento no se limitó a una comparación anual favorable. Frente a diciembre de 2025, los depósitos aumentaron $494.7 millones, y respecto a enero de 2026, la captación sumó $313.2 millones adicionales, lo que refleja una tendencia sostenida en los primeros meses del año.
El segmento que más contribuyó al crecimiento en términos absolutos fue el de depósitos a la vista, que alcanzó $13,986.5 millones al cierre de febrero, con un alza interanual de $2,119.7 millones, equivalente a 17.9 %. Este tipo de cuenta representa cerca del 62 % del total captado por el sistema y agrupa tanto cuentas de ahorro como cuentas corrientes de personas y empresas.
Los depósitos a plazo de hasta un año también mostraron dinamismo, con un saldo de $7,389.1 millones y un crecimiento interanual de 16.2 %, aportando $1,029.9 millones adicionales en el período. En contraste, los depósitos pactados a más de un año registraron un avance más moderado de 4.7 % interanual, para ubicarse en $813.7 millones.
En cuanto a la distribución por institución, Banco Agrícola mantuvo el liderazgo del sistema con $5,875.1 millones en depósitos, seguido por Banco Cuscatlán con $3,997 millones y BAC Credomatic con $3,274.4 millones. Davivienda ocupó el cuarto lugar con $2,969 millones, mientras que Banco Hipotecario cerró el grupo de los cinco principales con $1,554.4 millones.
Un sistema que crece en activos, crédito y rentabilidad
El comportamiento de los depósitos se inscribe en una expansión más amplia del sistema financiero salvadoreño. Los activos totales del sector alcanzaron $28,889.3 millones en febrero de 2026, un incremento interanual de $3,189.9 millones equivalente a 12.4 %.
Por su parte, los préstamos brutos sumaron $19,238.7 millones, con un crecimiento de 9 % respecto al mismo mes de 2025, impulsados principalmente por los sectores de consumo, que concentró el 31.5 % de la cartera, y construcción, que registró el mayor dinamismo relativo con un alza interanual de 32.2 %.
La brecha entre el ritmo de crecimiento de los depósitos y el del crédito sugiere que el sistema acumula una base de fondeo más amplia que la requerida por la demanda actual de financiamiento, lo que en principio ofrece condiciones favorables para sostener la expansión crediticia en los próximos meses.
En materia de calidad de cartera, el índice de morosidad se ubicó en 1.4 % en febrero de 2026, por debajo del 1.7 % registrado en el mismo mes de 2025, mientras que la cobertura de reservas sobre préstamos vencidos alcanzó 155 %.
La feria Integra llegó al centro escolar sor Henríquez, de Ilobasco, en Cabañas Oeste, y según la Dirección de Integración, se brindaron más de 1,500 atenciones en diferentes servicios, entre estos consultas médicas generales, odontológicas y de oftalmología.
Durante la jornada fueron beneficiados los estudiantes, personal docente y administrativo, así como los vecinos del centro educativo que se acercaron para aprovechar la asistencia gratuita.
«Estamos muy satisfechos con esta actividad que es de mucho beneficio para los estudiantes y demás personas que requieren de estos servicios. Yo pasé consulta en medicina general y he recibido una atención magnifica», expresó el subdirector de la institución educativa, Humberto Quintanilla.
En cuanto a la asistencia legal, hubo profesionales que atendieron a la población sobre diversos casos.
También hubo espacio para actividades lúdicas como talleres de pintura, pintacaritas y juegos tradicionales para los menores.
