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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
El transporte público en El Salvador entrará en una nueva etapa de control y modernización con la implementación de sistemas de GPS y videovigilancia en todas las unidades a escala nacional, una medida que busca mejorar la seguridad, la transparencia y la eficiencia operativa del servicio, informó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, en entrevista Punto105.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto ya fue adjudicado y cuenta con orden de inicio, por lo que durante el transcurso de este año comenzarán las primeras instalaciones en buses y microbuses.
Asimismo, aseveró que la meta es ambiciosa, ya que buscan equipar aproximadamente 9,500 unidades de transporte colectivo, así como instalar tecnología en unas 5,000 paradas de autobuses en el Área Metropolitana de San Salvador. Se prevé que el proceso concluya en el primer semestre de 2027.
Uno de los principales aportes del sistema será la generación de información en tiempo real sobre el funcionamiento del transporte público, un aspecto que históricamente ha sido limitado.
«El sistema permitirá saber si las unidades están prestando el servicio, qué rutas siguen y con qué frecuencia circulan. Esto prácticamente viene a abrir una caja negra que ha existido durante años en el transporte público», señalaron las autoridades.
Además del control operativo, el proyecto también apunta a fortalecer la seguridad. La instalación de cámaras permitirá disuadir y registrar delitos dentro de las unidades, especialmente robos, al contar con evidencia visual en tiempo real.
Otro elemento clave es el monitoreo de la velocidad. A través del GPS, las autoridades podrán calcular la velocidad de circulación de las unidades, lo que facilitará la detección de excesos y contribuirá a mejorar la seguridad vial.
Las autoridades destacan que el uso de tecnología permitirá optimizar recursos, evitando la necesidad de supervisión física constante. «No es eficiente asignar una persona por cada unidad; la tecnología permite verificar el cumplimiento de normas de manera más efectiva», explicaron.
Este proyecto se enmarca en una serie de esfuerzos por modernizar el transporte público, en paralelo a iniciativas del sector privado, como la conformación de consorcios de empresarios, que buscan mejorar la eficiencia operativa mediante economías de escala.
Con 56 votos, la Asamblea aprobó ayer la iniciativa del Ejecutivo para la aprobación de un préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por $75 millones, que se destinarán al financiamiento de la fase II del programa DoctorSV.
Estos recursos le permitirán, principalmente, al Gobierno central mejorar la atención de pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, mediante un modelo de seguimiento continuo y atención remota.
Con la ejecución de esta fase, el alcance de los beneficiados que reciben atención con DoctorSV pasará de 18,000 atenciones diarias a 30,000 consultas desde cualquier punto del país.
En esta etapa se busca garantizar la continuidad de la atención de los pacientes, así como la accesibilidad mediante tecnología de vanguardia para fortalecer el sistema de salud pública con recursos que permitan su aplicación, y para garantizar una cobertura 24/7 a escala nacional.
Durante la atención, el médico evaluará los resultados y el historial clínico para confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento. Cesia Rivas, diputada suplente de VAMOS, votó en contra del financiamiento para ampliar la cobertura médica en la plataforma digital.
Médicos especialistas en ginecología de la clínica Annandale Ob/Gyn de Estados Unidos visitaron El Salvador con el propósito de compartir sus conocimientos con médicos nacionales, así como desarrollar una jornada de operaciones en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, La Libertad.
La visita fue posible gracias a la coordinación de la Embajada de El Salvador en Estados Unidos. Esta es la octava jornada médica en la que los especialistas norteamericanos vienen al país con el fin de beneficiar a salvadoreñas que necesitan ser operadas por padecimientos ginecológicos, explicó la embajadora Milena Mayorga.
De igual manera, la diplomática salvadoreña resaltó que los médicos capacitarán a sus homólogos nacionales durante un año. «Esto es otro nivel, porque además de las intervenciones quirúrgicas es dejar un legado por medio de la enseñanza. Agradezco a la Red de Hospitales Nacionales y el Ministerio de Salud por abrirle espacios a los médicos de Estados Unidos porque ellos también van a aprender de nosotros», detalló Mayorga.
Por su parte, la directora del Hospital San Rafael, Silvia Benett, agradeció las gestiones de la representación diplomática por hacer posible que nuevamente estos profesionales de salud puedan venir al país. «Este es un valioso aporte para nuestros profesionales porque ayuda a mejor la calidad de vida de nuestros pacientes», expresó Benett.
Asimismo, externó su agradecimiento a los representantes de Annadale Ob/Gyn por el respaldo y el interés de que más médicos salvadoreños amplíen sus conocimientos en el campo de la ginecología.
«Nuestro personal está muy agradecido por estas experiencias y la calidad de vida que se les darán a los beneficiados, estamos muy contentos porque cada vez que vienen para darnos acompañamiento es muy gratificante porque es un aprendizaje para nuestros profesionales», indicó la doctora.
Por su parte, el doctor y jefe de la delegación, Payam Kashi, mostró su satisfacción por los resultados de esta misión médica internacional. «Hemos venido en seis ocasiones al país y ha sido una excelente experiencia. En total, hemos hecho 92 operaciones acá en El Salvador», detalló Payam.
Asimismo, el galeno destacó las óptimas relaciones de cooperación que se ha logrado por medio de la embajada salvadoreña en Washington. «Esta experiencia es increíble, las personas son muy amables y los médicos quieren intercambiar conocimientos, así como colaborar entre colegas, todos trabajan muy duro y quieren aprender técnicas nuevas para dar una buena atención a los pacientes», concluyó.
