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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
Edgar Valdés Villarreal, hijo de un pintor de casas mexicano y una ama de casa tejana, la Barbie. Un apodo que le pusieron en la secundaria por su cabello gero. Un apodo que terminaría escrito con sangre en las calles de Medio México. No había nada en su infancia que anunciara el monstruo. Jugaba fútbol americano en la Lincoln High School.
Linebacker, posición de impacto. Posición de violencia controlada. Sus compañeros lo recuerdan como un chavo popular. Nada extraordinario, nada que hiciera pensar en lo que vendría después. Pero Laredo no es cualquier ciudad, es la frontera y la frontera tiene sus propias reglas.
En los 90, Laredo era un punto de entrada clave para la coca que venía del sur. El cártel del Golfo controlaba la plaza. Los Zetas, un grupo recién formado por desertores del gafe mexicano con influencia de entrenamientos especializados.
Apenas comenzaban a operar como brazo armado. Valdés Villarreal no era un estudiante brillante, no era un atleta excepcional, pero tenía algo que llamaba la atención en ese mundo. No dudaba.
Y en la frontera eso vale más que un título universitario. Finales de los 90. Edgar, todavía adolescente, ya vende marihuana en pequeñas cantidades en su high school.
Nada mayor, nada que llame la atención de las autoridades, pero es suficiente para que los conectes locales lo noten. Un chavo bilingüe que puede moverse entre dos mundos sin levantar sospechas.
Eso es oro en el negocio. 2000. Edgar ya no está en la escuela, dejó el fútbol, dejó cualquier pretensión de vida normal.
Las autoridades de Texas comienzan a investigarlo por distribución de marihuana. Nada grave todavía. Pero suficiente para que tome una decisión que cambiaría todo.
Cruza el río, se va para Nuevo Laredo, del lado mexicano, donde las leyes americanas no llegan, donde un chavo con sus características puede desaparecer o puede convertirse en algo más grande.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 2001. La ciudad es un hervidero. El cártel del Golfo domina, pero enfrenta presión.
El gobierno de Vicente Fox promete mano dura contra el crimen organizado. Los operativos federales se intensifican por primera vez en décadas y en ese caos un gero de Texas encuentra su lugar.
Valdés Villarreal no llega como un narco hecho y derecho, llega como un refugiado, como alguien que huye de problemas menores en el norte, pero tiene conexiones.
Tiene un primo que trabaja para gente pesada y tiene ese perfil que nadie espera. Los primeros meses trabaja en lo básico, mueve paquetes, cobra deudas pequeñas, hace mandados, pero desde el principio muestra algo diferente, no duda.
Cuando le ordenan golpear a alguien, lo hace sin preguntar. Cuando le dicen que entregue un mensaje violento, lo entrega con exceso.
Los jefes locales comienzan a notar al americanito, no por su experiencia, por su disposición. Arturo Beltrán Leyva, el Barbás, en ese momento es uno de los operadores principales de la Federación de Sinaloa en la zona del Golfo.
Controla rutas, coordina envíos masivos y necesita gente de confianza en Nuevo Laredo, gente que no tenga los vicios de los narcos tradicionales, gente que no esté quemada con las autoridades mexicanas.
Alguien le habla de un guero que acaba de llegar de Texas. Alguien que no tiene historial, alguien que puede pasar desapercibido. La primera vez que Valdés Villarreal se reúne con gente de Beltrán Leiva es en una casa de seguridad en la colonia Jardín 2002.
Barbas no está presente, pero sus lugartenientes sí le hacen preguntas, le prueban, le dan una tarea sencilla, recoger un paquete del otro lado y traerlo a Nuevo Laredo.
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Edgar lo hace en menos de 6 horas sin problemas, sin nervios. Cuando regresa, los lugartenientes se miran entre ellos. Este chavo sirve. Los siguientes meses, Valdés Villarreal se convierte en un operador de confianza
Una mujer fue capturada en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, luego de protagonizar un hecho de violencia contra su compañero de vida durante una discusión.
La detenida fue identificada como Zenaida Beatriz Gámez Lara, de 37 años, quien habría agredido a la víctima con una botella de vidrio mientras ambos se encontraban consumiendo alcohol.
De acuerdo con el informe, los equipos intervinieron de manera oportuna, evitando que la agresión continuara. La persona lesionada fue trasladada a un centro asistencial, donde se encuentra estable.
Las autoridades informaron que Gámez Lara será remitida por el delito de lesiones, reiterando que, incluso bajo los efectos del alcohol, cada decisión tiene consecuencias.
El subdirector de Bomberos de El Salvador, Erick Vásquez, presentó un balance preliminar de los incendios atendidos entre el 28 de marzo y el 1 de abril, en el marco del Plan Verano 2026, destacando variaciones importantes en comparación con el mismo período del año anterior.
De acuerdo con los datos oficiales, los incendios en vehículos disminuyeron de 10 casos en 2025 a 7 en 2026. Asimismo, los incendios forestales registraron una baja significativa, pasando de 19 a 9 incidentes.
En cuanto a los incendios estructurales, se reportaron 18 este año, apenas uno más que los 17 contabilizados en 2025. Por otro lado, las autoridades señalaron un incremento en los incendios en basureros, que pasaron de 6 a 9 casos.
Mientras tanto, los incendios en maleza reflejaron una reducción considerable, disminuyendo de 167 a 116, lo que evidencia el trabajo constante de la institución durante el período vacacional para atender emergencias y prevenir mayores afectaciones.
