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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variación durante el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 3 de agosto.
En la zona central del país, el precio por galón será de $4.74 para la gasolina superior, $4.41 para la gasolina regular y $4.44 para el diésel.
Mientras tanto, en las zonas oriental y occidental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.75 por galón, la gasolina regular costará $4.42 y el diésel se mantendrá en $4.44.
La entidad explicó que, pese al incremento en la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, los precios nacionales permanecerán estables gracias a la gestión oportuna de los inventarios.
«Tras la reanudación y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, así como la expansión de los ataques en la región del estrecho de Ormuz, se ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. No obstante, la gestión oportuna de los inventarios nacionales permite mantener sin variación los precios de los combustibles durante el presente periodo», comunicó la DGEHM.
Asimismo, señaló que los continuos ataques a la infraestructura energética rusa por parte de Ucrania mantienen expectativas sobre el comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos.
La institución recordó que los precios de referencia incluyen los impuestos de ley vigentes, así como la Contribución para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros de tipo colectivo y masivo (COTRANS), el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y el Impuesto Especial a los Combustibles (IEC).
Además, la DGEHM informó que ha reforzado las verificaciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, con el objetivo de que la población reciba el volumen con las especificaciones técnicas requeridas y se entregue la cantidad exacta por la que paga.
Entretanto, inspectores de la institución mantienen un sondeo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo. En caso de detectar incumplimientos a la ley, estas se exponen a las sanciones correspondientes.
Al menos 281 vehículos han sido afectados por incendios entre el 1 de enero y el 16 de julio de este año, según los registros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que atribuye estos incidentes a factores como fallas en el sistema eléctrico, conexiones defectuosas o reparaciones deficientes.
De acuerdo con las estadísticas de la institución, la cifra representa un incremento del 17 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 241 incendios en vehículos.
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que ante un incendio vehicular es importante actuar de manera inmediata y priorizar la seguridad de las personas.
“Ante un incendio en un vehículo, el conductor debe detener la marcha, salir de la vía y evacuar el automotor”, indicó.
Además, recomendó que si las llamas alcanzan una altura considerable, las personas no deben exponerse al riesgo y, después de abandonar el vehículo, deben comunicarse con el Cuerpo de Bomberos.
Solano señaló que, si el conductor cuenta con un extintor y tiene la capacitación necesaria para utilizarlo, puede intentar controlar el fuego, siempre que las condiciones del incendio no representen un peligro.
De los 281 incendios reportados durante 2026, 238 correspondieron a automóviles, 17 a autobuses, 14 a motocicletas, dos a microbuses y diez a vehículos pesados.
Como parte de las medidas preventivas, el Cuerpo de Bomberos recomienda realizar revisiones periódicas del funcionamiento mecánico del vehículo, los sistemas de frenos y el sistema eléctrico.
La institución también exhorta a evitar instalaciones eléctricas improvisadas, revisar que no existan mangueras deterioradas ni cables con el recubrimiento expuesto, además de mantener limpias las áreas del vehículo y libres de residuos de aceite o suciedad para facilitar la identificación de posibles daños.
Asimismo, recomienda no sobrecargar el sistema eléctrico, asegurar y aislar los bordes de la batería para prevenir cortocircuitos y portar un extintor tipo ABC con una capacidad mínima de cinco libras.
Bomberos indicó que, en caso de utilizar el extintor, la descarga debe dirigirse directamente a la base del fuego para intentar controlar las llamas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
