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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
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CCR e ISP firman acuerdo histórico: traslado del Registro de Personal Público agilizará certificaciones de tiempo de servicio
En un paso considerado histórico por las autoridades involucradas, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) firmaron hoy una carta de entendimiento que transfiere formalmente la gestión del Registro de Personal de la Administración Pública al ISP.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el titular del ISP, Marlon Vásquez, con la presencia de los magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores.
El proceso incluye la entrega física de un archivo masivo: más de 2,600 cajas que contienen planillas históricas, notas de tiempo de servicio y otros documentos relacionados con la trayectoria laboral de empleados públicos.
“Este no es solo un traslado de documentos; es una transición ordenada que garantiza la integridad, trazabilidad y resguardo total de la información. Aseguramos la continuidad del servicio sin afectar los derechos de los usuarios”, declaró el presidente Sosa durante la firma.
La medida da cumplimiento al decreto legislativo número 438, aprobado el 31 de agosto de 1995, que ordenó el traslado del registro al entonces Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (hoy ISP).
Tras tres décadas de espera, el acuerdo materializa ese mandato legal pendiente.Con esta alianza estratégica, ambas instituciones buscan modernizar la emisión de certificaciones de tiempo de servicio, reducir tiempos de espera en trámites y mejorar la eficiencia de los servicios públicos en beneficio de miles de empleados y pensionados.
“Este paso fortalece la coordinación interinstitucional y coloca al ciudadano en el centro de la gestión pública”, resaltaron las autoridades firmantes.
La ceremonia se llevó a cabo en San Salvador este viernes 27 de febrero de 2026.
Familias del departamento de La Libertad, en la zona de La Libertad Costa, recibieron este viernes viviendas y escrituras de propiedad como parte del Programa de Reasentamiento impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Durante el acto de entrega, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló que «cada una de estas viviendas tiene una inversión de $35,000, que incluye la compra del terreno, la construcción, la instalación de servicios básicos como agua, energía eléctrica y sistema de fosa séptica». Las casas están destinadas a familias que durante años residieron en zonas consideradas vulnerables.
Según datos oficiales, el Programa de Reasentamiento ha representado una inversión total de $56 millones en la actual administración. La iniciativa busca ofrecer soluciones habitacionales seguras y con respaldo legal a hogares que anteriormente carecían de certeza jurídica sobre los terrenos que ocupaban.
«Hoy se les entrega su escritura de propiedad. Esto les brinda la seguridad de que nadie llegará a amenazarlos ni a sacarlos, como ocurría en el pasado en diferentes lotificaciones del país. Esta es una zona que cuenta con todos los permisos para construir, donde pueden tener su casa y su terreno, y ampliarla si así lo desean», afirmó la funcionaria.
La ministra agregó que «el Programa de Reasentamiento del presidente Nayib Bukele busca que las familias puedan vivir en un lugar seguro, ordenado y propio, donde tengan la oportunidad de construir un futuro digno», y subrayó que, además de las llaves, la entrega de escrituras «garantiza que las familias tengan un patrimonio propio», con prioridad para mujeres jefas de hogar.
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España conmemorará 40 años de cooperación en el país con diversas actividades durante 2026
La embajada de España en El Salvador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) llevaron a cabo hoy la presentación del programa de actos que se realizarán durante este año en el marco del 40 aniversario de la cooperación española en El Salvador.
Entre las actividades que se llevarán a cabo están: exposiciones; conservatorios de acciones humanitarias, igualdad de género, cultura y desarrollo, derechos humanos; y un encuentro de ex becarios MAEC-AECID.
La presentación fue realizada en un evento con el que comenzaron las diez actividades conmemorativas que realizará el Gobierno de España durante 2026 para celebrar los 40 años de cooperación con El Salvador, que iniciaron desde el terremoto de 1986.
A dicho evento asistió la viceministra de relaciones exteriores, Adriana Mira, la directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma, la embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez de Cibanal, el director de cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de AECID, Álvaro Borrega, el coordinador de AECID en El Salvador, Fernando Rey.
También estuvieron presentes invitados especiales y algunas personas de la sociedad civil que han sido beneficiadas con la cooperación española.
Por su parte, la embajadora de España en El Salvador destacó que estos 40 años han sostenido sólidas relaciones con el país en el ámbito político, económico, empresarial, científico, consular, defensa y seguridad, académico y en la cooperación.
«En todos estos ámbitos hay algo determinante y son las relaciones humanas. Sin componente humano no se logra entender la necesidad de nuestras relaciones bilaterales y ese componente humano tiene un reflejo muy claro en la cooperación española», expresó la diplomática.
Por otra parte, Borrega destacó que en esto 40 años la cooperación española ha invertido $1,000 millones en múltiples proyectos que se ejecutan en El Salvador en beneficio de la población.
«La historia de la cooperación española en este país es también la historia de miles de vidas transformadas. Durante cuatro décadas, la cooperación española ha invertido en El Salvador unos $1,000 millones. Solo en 2025, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo está ejecutando 54 proyectos por un valor de $117 millones», detalló.
En ese sentido, la viceministra Adriana Mira destacó que la cooperación española ha estado presente en los momentos más difíciles para El Salvador como durante el huracán Mitch, los terremotos de 1986 y 2001, así como las lluvias que afectaron al país en 2024.
«España siempre ha estado ahí, no solo como un donante sino como una nación hermana. Todos estos años, la labor que la AECID ha canalizado se traduce en cientos de millones de euros en proyectos que han transformado a nuestro país», afirmó.
Para conmemorar los 40 años de cooperación, la embajada española y AECID crearon un logotipo especial y el hashtag #40CooperaciónEspañolaSV.
