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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
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Marina Nacional incauta 6.6 toneladas de cocaína en el mayor decomiso antidrogas en la historia de El Salvador
La Marina Nacional de El Salvador incautó 6.6 toneladas de cocaína en el mayor decomiso de droga registrado en la historia de El Salvador, informó el presidente Nayib Bukele.
El operativo se realizó a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de las costas salvadoreñas, donde fue interceptada una embarcación tipo buque de apoyo multipropósito con bandera de Tanzania, que transportaba 330 bultos de cocaína ocultos en compartimientos de lastre, con un valor estimado de 165 millones de dólares.
Para confirmar la ubicación del cargamento, buzos de la Marina realizaron inspecciones en los tanques de la embarcación, lo que permitió detectar la droga y proceder con su incautación, detalló el mandatario.
En el barco fueron detenidas 10 personas: cuatro de Colombia, tres de Nicaragua, dos de Panamá y una de Ecuador.
El mandatario calificó el operativo como «otro fuerte golpe al narcotráfico», al destacar el papel de las fuerzas navales en la intercepción de cargamentos ilícitos en aguas internacionales.
Con base a la nueva Ley de Registro del Estado Familiar, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2024, se realizaron modificaciones en el Registro del Estado Familiar de la Alcaldía de San Salvador Centro, afirmó Ana Olivares, registradora del Estado Familiar del municipio central.
La funcionaria explicó que también se han modificado los plazos administrativos para diversos procedimientos, entre ellos el tiempo de inscripción de los nacidos.
«Para las inscripciones ahora se tiene un plazo desde el nacimiento del bebé hasta el día 45. Puede acudir la mamá, el papá o la persona responsable del recién nacido para realizar la inscripción. A partir del día 46, finalizado ese plazo, le corresponde a la municipalidad hacer la inscripción de oficio», explicó Olivares.
Agregó que en el caso de personas que no han sido inscritas los padres pueden realizar el trámite hasta que el menor cumpla 12 años de edad, sin el cobro de multas o penalidades.
Asimismo, desde 2023 se lleva a cabo la inscripción de oficio, lo que permite garantizar la protección del derecho a la identidad desde el nacimiento.
«Con la entrada en vigor de la Ley de Registro del Estado Familiar y la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, la actividad del registro se articula diariamente para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes que no cuentan con partida de nacimiento. Esto nos ayuda a garantizar el derecho a la identidad e identificación, fundamental para la protección del interés superior del niño», recalcó la funcionaria municipal.
Explicó que los datos para el asentamiento son proporcionados por el Sistema Integrado de Salud, donde se captura la información del recién nacido, como fecha de nacimiento, sexo, hora, lugar y nombre de la madre. «Igualmente, trabajamos con el Sistema de Registros Vitales y Familiares (REVFA), que es proporcionado por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). Ellos son nuestro ente rector y nos brindan lineamientos, sistemas y directrices administrativas y jurídicas para la implementación de los registros, con el fin de unificar procedimientos en todo el país», apuntó.
Olivares indicó que cuando existe un error de escritura se puede realizar una modificación en la partida desde el primer día hasta los seis meses de nacido.
También destacó que en la comuna atienden a personas adultas mayores que no cuentan con partida de nacimiento.
«Enviamos un acta y consultamos al RNPN para verificar si existe alguna inscripción a escala nacional, ya que puede ocurrir que la persona viva en un domicilio distinto al lugar donde nació. En caso de existir una partida en un distrito específico, ellos nos lo notifican; si no, procedemos a realizar la inscripción», afirmó.
De acuerdo con la registradora, en 2025 se contabilizaron 37,809 inscripciones de nacimiento, de las cuales 18,807 corresponden al sexo femenino y 19,002 al masculino.
En cuanto a la unidad de atención a salvadoreños en el exterior que tramitaron partidas de nacimiento, defunciones y otros documentos, en 2024 se registraron 19,688 trámites y en 2025 ascendieron a 34,881.
«Como alcaldía hacemos un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados, y con el RNPN, porque toda la información fluye en el sistema rector», destacó.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes sobre los precios de referencia de los combustibles para el periodo del 17 de febrero al 2 de marzo de 2026.
La DGEHM estableció que la gasolina superior percibirá una reducción en sus precios de referencia de $0.03 menos, por lo tanto, en la zona central disminuirá a $3.77 el galón de combustible, a $3.78 en la zona occidental y a $3.81 en la zona oriental.
Mientras tanto, los precios de la gasolina regular se mantienen para el periodo del 17 de febrero al 2 de marzo. En la zona central el costo se refleja en $3.54, en la zona occidental en $3.55 y $3.58 en oriente.
Por otra parte, el diésel percibirá un aumento de $0.02, que se refleja en $3.46 el precio por galón en la zona central, $3.47 en occidente y $3.51 en la zona oriental.
