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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
Principal
VMT intensifica controles al transporte de carga en El Salvador con más de 60 operativos diarios
El Viceministerio de Transporte (VMT) mantiene desplegados equipos de inspección en diferentes carreteras de El Salvador para verificar que los vehículos de carga cumplan con las disposiciones de tránsito y las condiciones de seguridad exigidas por la ley. Los operativos incluyen revisiones mecánicas, documentación reglamentaria y controles de circulación, con el objetivo de reducir los riesgos de accidentes y garantizar una movilidad más segura para conductores y peatones.
De acuerdo con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, las autoridades realizan entre 60 y 65 operativos diarios en todo el territorio nacional, que comprenden inspecciones en carretera, controles de pesaje, verificación de horarios restringidos y revisiones técnicas. Estas acciones están dirigidas a un parque vehicular de aproximadamente 160,000 unidades de transporte de carga, entre camiones, rastras y otros vehículos utilizados para el traslado de mercancías.
Los controles también se desarrollan en la zona oriental del país y en importantes corredores viales como la carretera Panamericana, el tramo de Los Chorros, la autopista a Comalapa, el bulevar del Ejército, el bulevar Constitución y la carretera al Puerto de La Libertad. En estos sectores, los gestores de tránsito verifican el cumplimiento de las restricciones de circulación, especialmente durante los horarios de mayor congestionamiento vehicular, así como las condiciones de las unidades y sus respectivos permisos.
Las inspecciones han permitido detectar más de 30 vehículos de carga con irregularidades, entre ellas fallas mecánicas, exceso de peso y modificaciones no autorizadas. Como parte del fortalecimiento de la seguridad vial, desde el 5 de octubre se exige la revisión técnica a los vehículos de volteo, mientras se amplían los diagnósticos preventivos para el transporte comercial. Las infracciones pueden generar multas de $50, $100 o $150, según su gravedad, además de sanciones específicas por sobrepeso que pueden alcanzar montos superiores.
Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en diferentes puntos del país para identificar unidades que representen riesgos en las carreteras. El VMT también mantiene la vigilancia sobre el estado de los neumáticos, sistemas de frenos, luces, dispositivos de seguridad y condiciones de la carga. Estas medidas forman parte de los esfuerzos para prevenir siniestros viales y promover el cumplimiento de las normas entre las empresas transportistas y los conductores de vehículos pesados.
Un motociclista resultó con múltiples lesiones luego de sufrir un accidente de tránsito y caer a una cuneta durante la noche del viernes 9 de octubre, en el departamento de La Paz. El percance ocurrió a la altura del cantón La Palma, en el distrito de San Rafael Obrajuelo, municipio de La Paz Este, donde fue necesaria la intervención de equipos de emergencia para auxiliar al conductor.
De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento, voluntarios de la seccional de Zacatecoluca recibieron una alerta sobre el accidente y se desplazaron hasta el lugar para atender a la víctima. Los socorristas realizaron una evaluación inicial de las lesiones y brindaron asistencia prehospitalaria para estabilizar al motociclista antes de su traslado a un centro asistencial.
El conductor fue trasladado al Hospital Nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca, donde recibiría una evaluación médica más completa para determinar la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre su identidad, edad o condición de salud posterior al ingreso hospitalario.
Las circunstancias que provocaron la caída todavía no han sido esclarecidas. Tampoco se ha confirmado si el accidente estuvo relacionado con el estado de la carretera, una maniobra del conductor u otros factores. El incidente ocurre en una semana en la que los cuerpos de socorro han atendido otros accidentes de motocicleta en La Paz, incluidos dos percances registrados en el distrito de Zacatecoluca que dejaron varias personas lesionadas.
Los accidentes de motocicleta continúan siendo una preocupación para la seguridad vial en El Salvador, debido a la vulnerabilidad de sus conductores ante caídas y colisiones. Las autoridades recomiendan utilizar casco certificado, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y extremar las precauciones durante la conducción nocturna, especialmente en carreteras con poca iluminación o condiciones adversas.
Judicial
Capturan en Morazán a presunto pandillero de la MS-13 buscado por homicidio agravado y otros delitos
La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturó a Marvin Esaú González Cruz, alias “Skate”, señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). El procedimiento se desarrolló en el distrito de San Francisco Gotera, municipio de Morazán Sur, como parte de las operaciones de seguridad realizadas en la zona oriental del país.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, González Cruz era requerido por la justicia debido a órdenes de captura relacionadas con los delitos de homicidio agravado y pertenencia a organizaciones terroristas. Su detención permitió ponerlo a disposición de las instancias judiciales que lo reclamaban para continuar con el proceso correspondiente.
La intervención fue ejecutada mediante la coordinación entre agentes policiales y efectivos militares, quienes localizaron al sospechoso en San Francisco Gotera. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio que se le atribuye ni sobre la fecha en que habrían ocurrido los hechos investigados.
El caso se suma a los procedimientos realizados recientemente en Morazán contra personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales. El pasado 8 de octubre también se reportó la captura de José Ubaldo Colindres Robles en el distrito de Sociedad, Morazán Sur, quien, según la PNC, posee antecedentes por homicidio desde 2017 y presuntos vínculos con la MS-13.
Tras su arresto, González Cruz será remitido al juzgado que emitió el requerimiento judicial, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen. Su situación jurídica será determinada durante el proceso correspondiente, conforme a las pruebas presentadas por las autoridades competentes.
