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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
E l Gobierno inauguró una nueva carretera que pavimentó desde el cantón Anchico, en San Miguel, hasta el distrito de Yayantique, en La Unión Sur. El proyecto fue una promesa del presidente Nayib Bukele, y la ejecutó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La calle era de tierra, y en el pasado los habitantes eran afectados por las acumulaciones de agua por las lluvias; mientras que en la época seca soportaban el polvo que se levantaba cuando transitaban los vehículos.
El acto de inauguración de la nueva carretera fue presidido por el titular del MOP, Romeo Rodríguez; la alcaldesa de La Unión Sur, Victoria Gutiérrez; diputados de la Asamblea Legislativa y los habitantes beneficiados.
«En algunos tramos era una calle más angosta, más difícil de transitar. Ahora es una calle más amplia; es decir, se abrió la calle, se hicieron una serie de drenajes, tanto longitudinales como transversales. Se tuvieron que hacer excavaciones en varios puntos para colocar tuberías y cajas, entre otro tipo de obras», detalló el ministro Rodríguez.
La obra comprende un tramo de más de nueve kilómetros y se desarrollaron obras de drenaje en la vía. También el MOP construyó dos puentes, que incluso no tenía la anterior calle de tierra.
«Era un sueño tener esta carretera que estaba en pésimas condiciones, pero hoy es una realidad, sobre todo es una promesa cumplida de nuestro presidente, Nayib Bukele», señaló la alcaldesa Gutiérrez.
La obra beneficiará el tránsito vehicular en la zona y también a los habitantes, así como a los estudiantes que asisten a sus prácticas profesionales al campo experimental de la Universidad de Oriente (Univo) en el cantón Anchico.
La obra se inició en julio del año pasado y fue ejecutada con una inversión superior a los $9 millones, cuyos fondos provienen de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«Este invierno [sic] no van a tener las mismas complicaciones que tenían antes; los buses, los pick-ups, los camiones ya no se van a quedar en este sector, sino que ahora el tránsito va a ser más ágil y seguro para todos», puntualizó el titular del MOP.
Principal
Gobierno aumenta y acelera la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas de El Salvador
El Gobierno de El Salvador incorporará 60 mil manzanas de maíz con el fin de garantizar el abastecimiento en el mercado nacional así como la competitividad en los precios en favor del productor y los salvadoreños en general, aseguró esta tarde el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez.
Esta acción forma parte del Programa de Aumento a la Producción del que forman parte gremiales, cooperativas y productores individuales, y se ejecuta en distintas zonas de país. Además, es una respuesta al «inminente pronóstico del Súper Niño».
«Este fenómeno climatológico representa una amenaza global; sin embargo, con la ayuda de Dios y las acciones anticipatorias que estamos impulsando como Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando para asegurar el abastecimiento de este grano básico», escribió el funcionario en X.
Detalló que el MAG está aumentando y acelerando la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas del país, mediante la perforación de pozos, instalación de punteras y distribución de sistemas de riego móviles.
«Ya contamos con resultados concretos en la producción de hortalizas y frijol; hoy avanzamos con el maíz, siempre de la mano con las gremiales, los distritos de riego y los productores a gran escala. El objetivo es garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios, en favor del productor y de las familias salvadoreñas», amplió.
En esta labor, indicó, se trabaja de manera articulada con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la representación en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), lo cual fortalece la respuesta como país, al ampliar la cobertura del apoyo y potenciar los resultados en beneficio de los productores y de las familias salvadoreñas.
«Tenemos y garantizaremos los insumos más baratos del país a través de AGROCENTA y avanzaremos en la implementación de fábricas de biofertilizantes a nivel nacional, con el objetivo de integrar prácticas agroecológicas en las distintas siembras del país», destacó.
En la actualidad, añadió el funcionario, estos manejos ya se están implementando en las principales zonas productoras, y muy pronto estos insumos estarán también disponibles para el público en general.
Domínguez sostiene que sectores desde la oposición así como detractores del Gobierno están politizando este tema y sostuvo que hay algunos que quisieran un escenario de caos. «A ellos, decirles con claridad que no se les dará ese gusto, por el contrario disfrutarán los resultados comiendo deliciosas pupusas y tortillas calientitas. Aquí, el verdadero protagonista es el productor salvadoreño, con el respaldo firme del Gobierno», concluyó.
Ocho años de prisión fueron impuestos a Manuel de Jesús Vásquez Huezo, luego de comprobarse su culpa por el delito de corrupción de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, este hombre contactó a un menor a través de las redes sociales «para enviarle material explícito e invitarlo a reunirse».
Al enterarse de lo sucedido, los familiares de la víctima alertaron a las autoridades quienes realizaron su captura en un parque del distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
