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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
El nivel de popularidad del presidente Nayib Bukele entre los uruguayos es del 45 %, el más alto obtenido de entre 14 jefes de Estado que fueron evaluados en Uruguay en la última encuesta desarrollada por Equipos Consultores.
De acuerdo con el análisis de la casa encuestadora, Bukele es el líder más conocido por los uruguayos, a diferencia de otros mandatarios, incluso de países suramericanos.
Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores, dio a conocer los hallazgos del estudio, indicando que «el de mejor imagen es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que además es el único con saldo neto positivo; quiere decir que, si le restamos la antipatía, sigue teniendo balance positivo».
«Bukele es el fenómeno que rompe los ojos en términos de magnitud de la diferencia con el resto», dijo Zuasnabar durante la presentación de los resultados en el informativo «Subrayado».
También añadió: «Cuando pasamos al gráfico de los votantes de la Coalición Republicana, los que tienen más simpatía, evidentemente destaca más todavía Bukele (52 %)».
En el informe publicado, Equipos Consultores resaltó que Bukele obtuvo además resultados «para nada despreciables entre los votantes del Frente Amplio (coalición de izquierda en el gobierno), lo que resulta llamativo».
Respecto a esto, el jefe de Estado salvadoreño resultó con el 41 % de simpatía, ocupando el segundo lugar después de Luiz Inácio Lula da Silva, líder izquierdista de Brasil.
El estudio reveló que el brasileño es el segundo mejor evaluado por los uruguayos en la tabla general, pero es el mejor evaluado entre los frenteamplistas, con saldo neto favorable. Entre los votantes de la Coalición, el argentino Javier Milei ocupa el segundo lugar.
«Es posible que los detalles y consecuencias de algunas de las políticas de Bukele no sean tan conocidas localmente como sus logros en materia de seguridad pública. Los resultados muestran que su figura despierta atractivo en diferentes tiendas políticas», dijo Zuasnabar.
Equipos Consultores consideró en su evaluación a otros líderes a escala mundial, hacia quienes los encuestados manifestaron desconocer de su trabajo en sus respectivos países y el impacto internacional de estos.
Señala en el estudio que hay un conjunto de líderes que resultan menos conocidos para la población uruguaya.
«Tres de cada cuatro uruguayos no conocen al nuevo presidente chileno José Antonio Kast; dos tercios no ubica a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum; y la mitad de la población uruguaya no logra calificar al mandatario chino Xi Jinping, el español Pedro Sánchez, el colombiano Gustavo Petro o la venezolana Delcy Rodríguez», indicó.
La encuestadora indicó en su publicación que, con base en los resultados, «en el mundo actual los uruguayos no parecen encontrar ejemplos de líderes atractivos para una sensibilidad común, ya que la mayoría de los líderes evaluados son rechazados o poco conocidos».
Este día la alcaldía de San Salvador Centro celebrará la boda colectiva más grandes de El Salvador. La municipalidad informó que alrededor de 150 parejas se inscribieron para unirse matrimonio en la plaza Gerardo Barrios. Dicha ceremonia será dirigida por el alcalde Mario Durán.
Como parte de los preparativos para la boda colectiva, equipos de la unidad de desechos sólidos realizaron ayer lavados y labores de limpieza en la zona.
«Va a hacer un día muy bonito porque sabemos que la familia es la base de la sociedad, y por supuesto que el matrimonio es parte de este gran proceso», dijo Durán.
De acuerdo con la municipalidad, algunos de los beneficios que se dan al participar en bodas colectivas es que las parejas formalizan su relación de manera sencilla y económica.
«Este acto representa no solo un trámite administrativo, sino un compromiso institucional por facilitar y dar seguridad jurídica a los hogares del municipio, permitiendo que los contrayentes sellen su amor ante la autoridad edilicia», se lee en la página web de la alcaldía central.
Como parte del evento, los nuevos matrimonios disfrutarán de una fiesta colectiva con música en vivo, comida y un impresionante espectáculo de fuegos artificiales.
Este acto colectivo es el segundo de este año; el primero se realizó el pasado 14 de febrero, cuando sellaron su amor 40 parejas.
«San Salvador Centro se consolida como el referente en la organización de bodas colectivas y el lugar preferido de las parejas para dar el ‘sí’. Bajo la convicción de fortalecer el tejido familiar», ha destacado el jefe edilicio.
