Judicial
Audiencia preliminar contra empleados del secretario general del PCN acusados de asesinar a Ramón Kury
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador desarrollará el próximo lunes, la audiencia preliminar contra 3 empleados de la Asamblea Legislativa acusados de asesinar a Ramón Kury, dirigente del Partido de Concertación Nacional (PCN).
Kury fue asesinado la noche del 26 de abril de 2018 en la sede de su partido, en la colonia Las Mercedes, a las inmediaciones de la colonia San Francisco en San Salvador.
Según versiones de fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el ataque armado contra Kury, de 66 años de edad, fue perpetrado en el parqueo de la sede del partido.
Curiosamente el caso no fue resuelto por el exfiscal general Douglas Meléndez Ruiz. Y fue hasta en marzo de 2019, un año después, que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República de Raúl Melara coordinaron nueve allanamientos, uno en la casa del secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, pues los acusados eran sus escoltas.
En los pasillos de los juzgados, se mencionó que el exfiscal Meléndez Ruiz recibió mucho dinero para dejar el caso engavetado, y de igual forma vincularon al actual presidente de la Asamblea Legislativa, el pecenista Mario Ponce, y al secretario general Rodríguez.
Uno de los acusados, Remberto Delgado, reveló a los medios de comunicación que efectivamente Meléndez Ruiz recibió grandes cantidades de dinero para no investigar. “Pregúntenle al exfiscal general Douglas Meléndez, ¿Cuánto le dio José Luis Merino para que no lo investigara? Sé día y hora, y casa donde se reunieron”, expresó Remberto Delgado.
El entonces director de la PNC, Howard Cotto confirmó la captura de tres personas por el homicidio de Kury, ellos son Óscar Remberto Delgado Martínez, propietario del arma con que fue asesinado Kury, y quien conducía la camioneta donde huyeron los hechores, el día del homicidio; también al hermano de este Samuel Elías Delgado Navas, quien daba vigilancia.
Cotto destacó que ambos hermanos eran agentes de la Unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI) asignados al secretario general del PCN, Manuel Rodríguez.
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Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















