Judicial
Audiencia preliminar contra empleados del secretario general del PCN acusados de asesinar a Ramón Kury
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador desarrollará el próximo lunes, la audiencia preliminar contra 3 empleados de la Asamblea Legislativa acusados de asesinar a Ramón Kury, dirigente del Partido de Concertación Nacional (PCN).
Kury fue asesinado la noche del 26 de abril de 2018 en la sede de su partido, en la colonia Las Mercedes, a las inmediaciones de la colonia San Francisco en San Salvador.
Según versiones de fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el ataque armado contra Kury, de 66 años de edad, fue perpetrado en el parqueo de la sede del partido.
Curiosamente el caso no fue resuelto por el exfiscal general Douglas Meléndez Ruiz. Y fue hasta en marzo de 2019, un año después, que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República de Raúl Melara coordinaron nueve allanamientos, uno en la casa del secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, pues los acusados eran sus escoltas.
En los pasillos de los juzgados, se mencionó que el exfiscal Meléndez Ruiz recibió mucho dinero para dejar el caso engavetado, y de igual forma vincularon al actual presidente de la Asamblea Legislativa, el pecenista Mario Ponce, y al secretario general Rodríguez.
Uno de los acusados, Remberto Delgado, reveló a los medios de comunicación que efectivamente Meléndez Ruiz recibió grandes cantidades de dinero para no investigar. “Pregúntenle al exfiscal general Douglas Meléndez, ¿Cuánto le dio José Luis Merino para que no lo investigara? Sé día y hora, y casa donde se reunieron”, expresó Remberto Delgado.
El entonces director de la PNC, Howard Cotto confirmó la captura de tres personas por el homicidio de Kury, ellos son Óscar Remberto Delgado Martínez, propietario del arma con que fue asesinado Kury, y quien conducía la camioneta donde huyeron los hechores, el día del homicidio; también al hermano de este Samuel Elías Delgado Navas, quien daba vigilancia.
Cotto destacó que ambos hermanos eran agentes de la Unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI) asignados al secretario general del PCN, Manuel Rodríguez.
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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
