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Arquitecto Mauricio Arrieta solicita al fiscal general, que investigue a su fiscal auxiliar Giovvana Melina Jimenez y la notario Karla Escamilla por otorgar poder falso
El Arquitecto Mauricio Arrieta por medio de su apoderado legal amplió la denuncia interpuesta contra la Notario Karla Ivette Escamilla López, quien se encuentra procesada en el Caso Corruptela en el Juzgado 4o de Instrucción de San Salvador y que también fue denunciada anteriormente por delito de Falsedad Documental Agravada; y contra el abogado René Alberto Medrano, quien representa a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
La denuncia interpuesta en septiembre del año recién pasado contra la abogada Karla Escamilla por emitir un poder falso a favor del abogado Rene Medrano quien lo utilizó, para denunciar falsamente al reconocido Arquitecto Mauricio Arrieta; tiene a criterio del apoderado judicial de la víctima un interés principal, pues se vuelve un llamado a Fiscalía y a la Unidad de Auditoría Fiscal, para investigar la actuacion de estos profecionales del derecho y que deben tener la debida atención y diligencia, pues la fiscal Giovvana Melina Jimenez, también denunciada por actos arbitrarios, pues ni en lo más mínimo analizó ese falso poder.
El poder sobre el que recae la denuncia, según el apoderado del Arquitecto Arrieta, fue fabricado para presentarse, el abogado René Medrano como representante de la Sociedad Tradesal INC de nacionalidad de Barbados, ante los Tribunales, lo grave es que fiscalía sin mostrar poder alguno lo tienen por parte en calidad de víctima, y cuando se descubre la falsedad con la que actúa René Medrano, presenta un Poder otogado ante la notario Karla Escamilla, el cual es falso pues cita a unos directores de esa sociedad que son inexistentes . Se le hace ver esta situación al Juez y de nuevo los denunciados intentan cubrir la falsedad, diciendo que se trata de un mero error material, cuando en realidad lo que han cometido es una falsedad ratificó el Apoderado.
Veamos cómo otorga burdamente este falso poder, lo identificamos para que otras víctimas no sean sorpredidas con estos juegos de poderes extranjeros:
El abogado René Merdano fabrica un poder en El Salvador, utilizando a la notario Karla Escamilla, donde Medrano aparenta ser el representante de la empresa extranjera Tradesal, supuestamente con amplias facultades para querellar, con dicho poder inexistente, otorga poder especial a tres abogados quienes son: Edgardo Ventura, Lic. Carlos Daniel Ayala Turcios y Licenciado Jose Carlos Barrientos Diaz, curiosamente el abogado Edgardo Ventura le emite poder de regreso a Rene Medrano, quien no tenia necesidad pues en el poder original supuestamente tenía amplio poder para representar a la compañía, (Ven cómo es el juego de malabares para intentar engañar a las autoridades.)
¿Si ya tenía facultades para actuar por qué otoga un poder para que luego se lo deleguen? Esto más suena a fraude acotó el apoderado, quien no descartó que también se investigue al abogado Edgardo Ventura que se prestó para hacer la delegación fraudulenta.
Al abogado que usó los poderes y a quienes colaboraron en su elaboración se les está denunciando por los delitos de FALSEDAD IDEOLÓGICA y FRAUDE PROCESAL y la Notario Karla Iveth Escamilla por el delito de FALSEDAD DOCUMENTAL AGRAVADA vía el cometimiento del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA.
El apoderado solicitó a Fiscalía que sean citados los abogados Ayala Turcios y Barrientos Diaz para explicar su participación en ese falso poder y si estaban enterados de como sucedió la de la Falsedad Documental.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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