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Aprueban exonerar los aguinaldos del impuesto sobre la renta
Con 80 votos a favor, la primera iniciativa avalada por el Congreso exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los aguinaldos de hasta $1,500 gratificación que se da a los empleados cada año.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llevó al Parlamento la semana pasada la moción del Ejecutivo que abarca «alrededor de 565,000 salvadoreños los que se verán beneficiados» con dicho decreto.
#LoÚltimo Con 80 votos a favor, los diputados de la @AsambleaSV aprueban decreto que exonera del pago de impuesto sobre la renta los aguinaldos que no excedan los $1,500 para empleados públicos y privados. Fotos: G. Martínez/#DiarioElSalvador pic.twitter.com/KrqOWWiNkY
— Diario El Salvador (@elsalvador) December 8, 2022
«Esto es algo que va a generar un ahorro en la economía familiar. No será necesario que se les realice ningún tipo de retención al aguinaldo», dijo el funcionario en esa ocasión.
Dicha medida del Ejecutivo beneficia a los empleados públicos y privados y hará que el fisco deje de percibir unos $5 millones, según las estimaciones de las autoridades tributarias.
La otra medida aprobada fue presentada por la bancada de Nuevas Ideas y respaldada por el Ejecutivo, para exonerar a los compatriotas que proceden desde el exterior del pago de impuestos por la introducción al país de bienes nuevos hasta por un valor de $3,000.
Esta disposición especial transitoria será aplicada a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial y sus efectos caducarán el 31 de enero del próximo año.
La nueva legislación aprobada por la unanimidad de los diputados presentes en la sesión plenaria -al igual que el decreto relacionado a los aguinaldos- no beneficia a los transportistas de carga ni a las personas que tienen como rubro el traer a El Salvador encomiendas desde el exterior.
Las dos medidas buscan ayudar con ahorro al bolsillo de los salvadoreños y ocurren en vísperas de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
«Esta son buenas noticias para las familias. Trabajamos día a día para crear oportunidades, mejorar su calidad de vida y situación económica», dijo, por su parte, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, al dar su respaldo a ambas mociones.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
