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Aprueban exonerar los aguinaldos del impuesto sobre la renta
Con 80 votos a favor, la primera iniciativa avalada por el Congreso exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los aguinaldos de hasta $1,500 gratificación que se da a los empleados cada año.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llevó al Parlamento la semana pasada la moción del Ejecutivo que abarca «alrededor de 565,000 salvadoreños los que se verán beneficiados» con dicho decreto.
#LoÚltimo Con 80 votos a favor, los diputados de la @AsambleaSV aprueban decreto que exonera del pago de impuesto sobre la renta los aguinaldos que no excedan los $1,500 para empleados públicos y privados. Fotos: G. Martínez/#DiarioElSalvador pic.twitter.com/KrqOWWiNkY
— Diario El Salvador (@elsalvador) December 8, 2022
«Esto es algo que va a generar un ahorro en la economía familiar. No será necesario que se les realice ningún tipo de retención al aguinaldo», dijo el funcionario en esa ocasión.
Dicha medida del Ejecutivo beneficia a los empleados públicos y privados y hará que el fisco deje de percibir unos $5 millones, según las estimaciones de las autoridades tributarias.
La otra medida aprobada fue presentada por la bancada de Nuevas Ideas y respaldada por el Ejecutivo, para exonerar a los compatriotas que proceden desde el exterior del pago de impuestos por la introducción al país de bienes nuevos hasta por un valor de $3,000.
Esta disposición especial transitoria será aplicada a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial y sus efectos caducarán el 31 de enero del próximo año.
La nueva legislación aprobada por la unanimidad de los diputados presentes en la sesión plenaria -al igual que el decreto relacionado a los aguinaldos- no beneficia a los transportistas de carga ni a las personas que tienen como rubro el traer a El Salvador encomiendas desde el exterior.
Las dos medidas buscan ayudar con ahorro al bolsillo de los salvadoreños y ocurren en vísperas de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
«Esta son buenas noticias para las familias. Trabajamos día a día para crear oportunidades, mejorar su calidad de vida y situación económica», dijo, por su parte, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, al dar su respaldo a ambas mociones.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
