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APES pide a Fiscalía que actúe por informe de supuesto acoso gubernamental a periodistas, pero no se pronuncia por denuncias de violencia sexual en El Faro
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió a la Fiscalía General de la República que investigue las denuncias de los periodistas que aparecen en el informe de la Asamblea Legislativa sobre el supuesto acoso de funcionarios de gobierno, sin embargo, no actúa de la misma manera en casos como las denuncias de violencia sexual de periodistas en el periódico digital “El Faro” o los despedidos masivos e injustificados registrados a los largo de el año en La Prensa Gráfica o El Diario de Hoy.
La presidenta de la gremial, Angélica Cárcamo, aseguro que siguen pendientes de los casos de hurtos a periodistas y que “no es posible que la Fiscalía tenga un papel tan pasivo al respecto”.
La APES es la principal gremial de periodistas que existe en el país, sin embargo, carece de representatividad en el espectro de medios de comunicación de El Salvador, al grado que en la elección de sus cargos de dirección siempre desfilan los mismos rostros, con el agravante que en la mayoría de sus miembros no han ejercido el periodismo.
El pasado mes de julio se conoció sobre el caso de una periodista del periódico digital El Faro, quien señaló a uno de sus compañeros de trabajo, Carlos Martínez, que bajo efectos del alcohol, intentó violarla en una fiesta organizada en una casa ubicada en el lago de Coatepeque, en Santa Ana; sin embargo la APES no se pronunció sobre este caso en específico, sino, lo abordó de manera general ante este fenómeno que enfrentan las periodistas en los medios de comunicación.
Tampoco lo ha hecho en relación a los despidos masivos de periodistas registrados durante los últimos 15 años en La Prensa Gráfica y El Diario Hoy, donde la crisis que enfrentan por la caída de sus ventas, han tenido que recortar sus planillas o los salarios de sus colaboradores. Sin embargo emitió un comunicado cuando se registro la suspensión de contratos en medios estatales, mostrando la parcialidad con la que actúa en algunos casos donde se violan los derechos de los periodistas salvadoreños.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
Ganaderos del distrito de Chapeltique, en San Miguel Norte recibieron la visita de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, quienes junto a la alcaldía Municipal de San Miguel Norte, desarrollamos una campaña de vacunación y desparasitación del ganado, con el fin de combatir rastro del Gusano Barrenador, así como aplicar vitaminas a los semovientes.
«Queremos agradecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por estar participando junto con nosotros y nuestros ganaderos en todo San Miguel Norte, y hoy correspondió a Chapeltique estar colocando desparasitante al ganado», mencionó el alcalde de San Miguel Norte, Carlos Méndez.
Este tipo de acciones se han desarrollado en otros distritos de San Miguel Norte, que fundamentan su economía en el comercio, la agricultura y la ganadería, de momento no se ha dado a conocer el número exacto de alcance que han tenido en el hato ganadero de la zona ya que continúan trabajando.
Los ganaderos beneficiados manifestaron sentirse agradecidos con el apoyo que el MAG les ha brindado junto a la municipalidad y la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ya que estas acciones fortalecen la ganadería en la zona de San Miguel Norte y contribuyen con la economía local.
