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APES pide a Fiscalía que actúe por informe de supuesto acoso gubernamental a periodistas, pero no se pronuncia por denuncias de violencia sexual en El Faro
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió a la Fiscalía General de la República que investigue las denuncias de los periodistas que aparecen en el informe de la Asamblea Legislativa sobre el supuesto acoso de funcionarios de gobierno, sin embargo, no actúa de la misma manera en casos como las denuncias de violencia sexual de periodistas en el periódico digital “El Faro” o los despedidos masivos e injustificados registrados a los largo de el año en La Prensa Gráfica o El Diario de Hoy.
La presidenta de la gremial, Angélica Cárcamo, aseguro que siguen pendientes de los casos de hurtos a periodistas y que “no es posible que la Fiscalía tenga un papel tan pasivo al respecto”.
La APES es la principal gremial de periodistas que existe en el país, sin embargo, carece de representatividad en el espectro de medios de comunicación de El Salvador, al grado que en la elección de sus cargos de dirección siempre desfilan los mismos rostros, con el agravante que en la mayoría de sus miembros no han ejercido el periodismo.
El pasado mes de julio se conoció sobre el caso de una periodista del periódico digital El Faro, quien señaló a uno de sus compañeros de trabajo, Carlos Martínez, que bajo efectos del alcohol, intentó violarla en una fiesta organizada en una casa ubicada en el lago de Coatepeque, en Santa Ana; sin embargo la APES no se pronunció sobre este caso en específico, sino, lo abordó de manera general ante este fenómeno que enfrentan las periodistas en los medios de comunicación.
Tampoco lo ha hecho en relación a los despidos masivos de periodistas registrados durante los últimos 15 años en La Prensa Gráfica y El Diario Hoy, donde la crisis que enfrentan por la caída de sus ventas, han tenido que recortar sus planillas o los salarios de sus colaboradores. Sin embargo emitió un comunicado cuando se registro la suspensión de contratos en medios estatales, mostrando la parcialidad con la que actúa en algunos casos donde se violan los derechos de los periodistas salvadoreños.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
