Nacionales
APES pide a Fiscalía que actúe por informe de supuesto acoso gubernamental a periodistas, pero no se pronuncia por denuncias de violencia sexual en El Faro
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió a la Fiscalía General de la República que investigue las denuncias de los periodistas que aparecen en el informe de la Asamblea Legislativa sobre el supuesto acoso de funcionarios de gobierno, sin embargo, no actúa de la misma manera en casos como las denuncias de violencia sexual de periodistas en el periódico digital “El Faro” o los despedidos masivos e injustificados registrados a los largo de el año en La Prensa Gráfica o El Diario de Hoy.
La presidenta de la gremial, Angélica Cárcamo, aseguro que siguen pendientes de los casos de hurtos a periodistas y que “no es posible que la Fiscalía tenga un papel tan pasivo al respecto”.
La APES es la principal gremial de periodistas que existe en el país, sin embargo, carece de representatividad en el espectro de medios de comunicación de El Salvador, al grado que en la elección de sus cargos de dirección siempre desfilan los mismos rostros, con el agravante que en la mayoría de sus miembros no han ejercido el periodismo.
El pasado mes de julio se conoció sobre el caso de una periodista del periódico digital El Faro, quien señaló a uno de sus compañeros de trabajo, Carlos Martínez, que bajo efectos del alcohol, intentó violarla en una fiesta organizada en una casa ubicada en el lago de Coatepeque, en Santa Ana; sin embargo la APES no se pronunció sobre este caso en específico, sino, lo abordó de manera general ante este fenómeno que enfrentan las periodistas en los medios de comunicación.
Tampoco lo ha hecho en relación a los despidos masivos de periodistas registrados durante los últimos 15 años en La Prensa Gráfica y El Diario Hoy, donde la crisis que enfrentan por la caída de sus ventas, han tenido que recortar sus planillas o los salarios de sus colaboradores. Sin embargo emitió un comunicado cuando se registro la suspensión de contratos en medios estatales, mostrando la parcialidad con la que actúa en algunos casos donde se violan los derechos de los periodistas salvadoreños.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la ejecución de la condena de 13 años y cuatro meses de prisión impuesta a Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial por el partido ARENA. Esta medida se hace efectiva tras su arribo al país el pasado 26 de enero, luego de ser capturado y deportado por las autoridades de los Estados Unidos, poniendo fin a un periodo de evasión de la justicia que inició en abril de 2021.
La condena fue emitida originalmente en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, tras un juicio realizado en ausencia gracias a las reformas del Código Procesal Penal. El tribunal encontró a Quijano culpable de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, al demostrarse que pactó con cabecillas de pandillas durante su campaña presidencial en 2014. Las investigaciones fiscales, sustentadas en pruebas del caso Operación Cuscatlán, revelaron reuniones directas donde se ofrecieron beneficios penitenciarios y sumas de dinero a cambio de apoyo en las urnas.
Tras su ingreso a territorio salvadoreño, el exfuncionario fue sometido a una evaluación médica que incluyó electrocardiogramas y radiografías de tórax. La defensa de Quijano ha manifestado que el procesado se encuentra bajo control cardiológico desde el año 2006 debido a padecimientos de hipertensión arterial y angina inestable, factores de riesgo que requieren medicación diaria constante dentro del sistema penitenciario.
A pesar de los alegatos de salud, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la detención provisional del imputado y su traslado inmediato al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. La sede judicial determinó mantener la medida cautelar más gravosa tras considerar que existe un riesgo elevado de fuga, señalando que la presencia de Quijano en El Salvador no responde a su voluntad propia, sino a la acción coercitiva y estratégica de las autoridades que lograron su captura y deportación desde Texas.
En el ámbito procesal, la audiencia de revisión de medidas programada para este 28 de enero fue cancelada debido a que aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto ante la Sala de lo Penal en junio de 2024. Su abogado defensor, Lisandro Quintanilla, ha indicado que la sentencia aún no está en firme y que buscarán agotar las instancias correspondientes, incluyendo un posible recurso de casación, con el objetivo de solicitar medidas sustitutivas a la detención en el futuro.
Además de la pena de prisión, la condena conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la suspensión de sus derechos ciudadanos. Las autoridades salvadoreñas han procedido a notificar formalmente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) sobre la situación jurídica de Quijano para oficializar su inhabilitación del cargo que ostentaba.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
