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APES pide a Fiscalía que actúe por informe de supuesto acoso gubernamental a periodistas, pero no se pronuncia por denuncias de violencia sexual en El Faro
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió a la Fiscalía General de la República que investigue las denuncias de los periodistas que aparecen en el informe de la Asamblea Legislativa sobre el supuesto acoso de funcionarios de gobierno, sin embargo, no actúa de la misma manera en casos como las denuncias de violencia sexual de periodistas en el periódico digital “El Faro” o los despedidos masivos e injustificados registrados a los largo de el año en La Prensa Gráfica o El Diario de Hoy.
La presidenta de la gremial, Angélica Cárcamo, aseguro que siguen pendientes de los casos de hurtos a periodistas y que “no es posible que la Fiscalía tenga un papel tan pasivo al respecto”.
La APES es la principal gremial de periodistas que existe en el país, sin embargo, carece de representatividad en el espectro de medios de comunicación de El Salvador, al grado que en la elección de sus cargos de dirección siempre desfilan los mismos rostros, con el agravante que en la mayoría de sus miembros no han ejercido el periodismo.
El pasado mes de julio se conoció sobre el caso de una periodista del periódico digital El Faro, quien señaló a uno de sus compañeros de trabajo, Carlos Martínez, que bajo efectos del alcohol, intentó violarla en una fiesta organizada en una casa ubicada en el lago de Coatepeque, en Santa Ana; sin embargo la APES no se pronunció sobre este caso en específico, sino, lo abordó de manera general ante este fenómeno que enfrentan las periodistas en los medios de comunicación.
Tampoco lo ha hecho en relación a los despidos masivos de periodistas registrados durante los últimos 15 años en La Prensa Gráfica y El Diario Hoy, donde la crisis que enfrentan por la caída de sus ventas, han tenido que recortar sus planillas o los salarios de sus colaboradores. Sin embargo emitió un comunicado cuando se registro la suspensión de contratos en medios estatales, mostrando la parcialidad con la que actúa en algunos casos donde se violan los derechos de los periodistas salvadoreños.
Una pareja fue sorprendida la noche de este viernes realizando actos indebidos en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en un horario de alta afluencia, cuando numerosas personas transitaban por la zona tras salir de cenas, actividades religiosas y reuniones familiares.
La situación generó múltiples reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron el incidente con referencias al próximo concierto de Shakira programado para este sábado. No obstante, el suceso provocó molestia e indignación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
