Judicial
APES pendiente de proceso judicial contra presidente del Firpo por despido de periodista
José Modesto Segovia Torres, presidente del Club Deportivo Luis Ángel Firpo es vigilados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) durante el proceso judicial por el despido del periodista Diego Alemán, quien cumplió las funciones de vocero, jefe de prensa, tesorero, secretario y miembro del personal administrativo del club en 2018.
Luego de que el periodista interpuso la demanda hace 51 días en el Juzgado de los Civil de Usulután no se ha notificado la admisión de la denuncia por despido indirecto o encubierto contra su exjefe para dirimir.
A fin de agilizar el proceso judicial Alemán denunció públicamente el caso a través de una conferencia de prensa que tuvo el apoyo de APES en conjunto con la Mesa de Protección a Periodistas.
Este proceso cuenta con la asistencia jurídica de La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entidad que forma parte de la Mesa.
“El 21 de febrero de este año, se me notificó del Juzgado de lo Civil de Usulután, que aclarará algunas circunstancias sobre la forma de cancelación del pago del señor Diego, así como cuál era su día de descanso, por lo que el 26 de febrero, presenté un escrito a dicho juzgado, subsanando las prevenciones hechas, hasta la fecha no se me ha notificado nada de parte de dicho juzgado sobre el último escrito presentado”, afirmó Teresa Delgado Cerón, abogada de FESPAD.
El 20 de noviembre de 2018, se interpuso la demanda en el Ministerio de Trabajo, ya que el presidente del club le adeuda $3,150 equivalentes a tres meses de trabajo.
Además, el comunicador manifestó que a dicha cantidad se agrega el pago de tres cuentas de teléfono que se dejaron a su nombre, las cuales utiliza por un monto superior a los $230.
Asimismo, Diego Alemán sostuvo una reunión con su ex patrono José Segovia, en donde recibió $700, y se acordó que el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2018 cancelaría $725 adicionales para saldar la deuda, acuerdo que incumplió.
“Es una burla la que el presidente del club está haciendo”, reitera Alemán quien también trató de localizarlo y no respondió, y cuando lo hizo recurrió a insultos.
Es por ello que el comunicador solicitó el apoyo de APES, ya que su caso busca sentar un precedente.
El combate frontal contra las pandillas continúa dejando resultados contundentes. En las últimas horas, diferentes tribunales del país emitieron sentencias condenatorias contra varios integrantes de estructuras criminales, responsables de diversos delitos que van desde homicidios agravados hasta extorsión y agrupaciones ilícitas.
Comenzamos…
Condenan a 30 años de prisión a cuatro pandilleros de la MS por homicidio agravado en Santa Ana
Cuatro miembros de la estructura criminal MS fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno, tras ser hallados culpables del delito de homicidio agravado. El crimen fue cometido en el departamento de Santa Ana, donde los pandilleros llegaron armados a la vivienda de su víctima y, tras una discusión, le dispararon hasta causarle la vida.
Los sentenciados han sido identificados como Erick Fernando Ruperto García, Nelson Amílcar Polanco Hernández, Carlos Isaías Sánchez García y Jonathan José López Barahona. Según informó la Fiscalía General de la República, los condenados enfrentan además otros procesos judiciales, por lo que sus penas podrían incrementarse en los próximos meses.
Pandillero del barrio 18 condenado a 20 años por extorsión en Santa Ana
A 20 años de prisión fue condenado el pandillero del barrio 18, William Alexander Valencia Salazar, tras demostrarse con abundantes evidencias que extorsionó a una víctima en diciembre de 2021 y enero de 2022. De acuerdo con las investigaciones, Valencia amenazó a su víctima para exigirle grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida e integridad física.
Estos hechos ocurrieron en Santa Ana. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de dicho departamento, mientras que Valencia continuará enfrentando otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
