Judicial
APES pendiente de proceso judicial contra presidente del Firpo por despido de periodista
José Modesto Segovia Torres, presidente del Club Deportivo Luis Ángel Firpo es vigilados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) durante el proceso judicial por el despido del periodista Diego Alemán, quien cumplió las funciones de vocero, jefe de prensa, tesorero, secretario y miembro del personal administrativo del club en 2018.
Luego de que el periodista interpuso la demanda hace 51 días en el Juzgado de los Civil de Usulután no se ha notificado la admisión de la denuncia por despido indirecto o encubierto contra su exjefe para dirimir.
A fin de agilizar el proceso judicial Alemán denunció públicamente el caso a través de una conferencia de prensa que tuvo el apoyo de APES en conjunto con la Mesa de Protección a Periodistas.
Este proceso cuenta con la asistencia jurídica de La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entidad que forma parte de la Mesa.
“El 21 de febrero de este año, se me notificó del Juzgado de lo Civil de Usulután, que aclarará algunas circunstancias sobre la forma de cancelación del pago del señor Diego, así como cuál era su día de descanso, por lo que el 26 de febrero, presenté un escrito a dicho juzgado, subsanando las prevenciones hechas, hasta la fecha no se me ha notificado nada de parte de dicho juzgado sobre el último escrito presentado”, afirmó Teresa Delgado Cerón, abogada de FESPAD.
El 20 de noviembre de 2018, se interpuso la demanda en el Ministerio de Trabajo, ya que el presidente del club le adeuda $3,150 equivalentes a tres meses de trabajo.
Además, el comunicador manifestó que a dicha cantidad se agrega el pago de tres cuentas de teléfono que se dejaron a su nombre, las cuales utiliza por un monto superior a los $230.
Asimismo, Diego Alemán sostuvo una reunión con su ex patrono José Segovia, en donde recibió $700, y se acordó que el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2018 cancelaría $725 adicionales para saldar la deuda, acuerdo que incumplió.
“Es una burla la que el presidente del club está haciendo”, reitera Alemán quien también trató de localizarlo y no respondió, y cuando lo hizo recurrió a insultos.
Es por ello que el comunicador solicitó el apoyo de APES, ya que su caso busca sentar un precedente.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
