Judicial
APES pendiente de proceso judicial contra presidente del Firpo por despido de periodista
José Modesto Segovia Torres, presidente del Club Deportivo Luis Ángel Firpo es vigilados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) durante el proceso judicial por el despido del periodista Diego Alemán, quien cumplió las funciones de vocero, jefe de prensa, tesorero, secretario y miembro del personal administrativo del club en 2018.
Luego de que el periodista interpuso la demanda hace 51 días en el Juzgado de los Civil de Usulután no se ha notificado la admisión de la denuncia por despido indirecto o encubierto contra su exjefe para dirimir.
A fin de agilizar el proceso judicial Alemán denunció públicamente el caso a través de una conferencia de prensa que tuvo el apoyo de APES en conjunto con la Mesa de Protección a Periodistas.
Este proceso cuenta con la asistencia jurídica de La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entidad que forma parte de la Mesa.
“El 21 de febrero de este año, se me notificó del Juzgado de lo Civil de Usulután, que aclarará algunas circunstancias sobre la forma de cancelación del pago del señor Diego, así como cuál era su día de descanso, por lo que el 26 de febrero, presenté un escrito a dicho juzgado, subsanando las prevenciones hechas, hasta la fecha no se me ha notificado nada de parte de dicho juzgado sobre el último escrito presentado”, afirmó Teresa Delgado Cerón, abogada de FESPAD.
El 20 de noviembre de 2018, se interpuso la demanda en el Ministerio de Trabajo, ya que el presidente del club le adeuda $3,150 equivalentes a tres meses de trabajo.
Además, el comunicador manifestó que a dicha cantidad se agrega el pago de tres cuentas de teléfono que se dejaron a su nombre, las cuales utiliza por un monto superior a los $230.
Asimismo, Diego Alemán sostuvo una reunión con su ex patrono José Segovia, en donde recibió $700, y se acordó que el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2018 cancelaría $725 adicionales para saldar la deuda, acuerdo que incumplió.
“Es una burla la que el presidente del club está haciendo”, reitera Alemán quien también trató de localizarlo y no respondió, y cuando lo hizo recurrió a insultos.
Es por ello que el comunicador solicitó el apoyo de APES, ya que su caso busca sentar un precedente.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
