Judicial
APES pendiente de proceso judicial contra presidente del Firpo por despido de periodista
José Modesto Segovia Torres, presidente del Club Deportivo Luis Ángel Firpo es vigilados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) durante el proceso judicial por el despido del periodista Diego Alemán, quien cumplió las funciones de vocero, jefe de prensa, tesorero, secretario y miembro del personal administrativo del club en 2018.
Luego de que el periodista interpuso la demanda hace 51 días en el Juzgado de los Civil de Usulután no se ha notificado la admisión de la denuncia por despido indirecto o encubierto contra su exjefe para dirimir.
A fin de agilizar el proceso judicial Alemán denunció públicamente el caso a través de una conferencia de prensa que tuvo el apoyo de APES en conjunto con la Mesa de Protección a Periodistas.
Este proceso cuenta con la asistencia jurídica de La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entidad que forma parte de la Mesa.
“El 21 de febrero de este año, se me notificó del Juzgado de lo Civil de Usulután, que aclarará algunas circunstancias sobre la forma de cancelación del pago del señor Diego, así como cuál era su día de descanso, por lo que el 26 de febrero, presenté un escrito a dicho juzgado, subsanando las prevenciones hechas, hasta la fecha no se me ha notificado nada de parte de dicho juzgado sobre el último escrito presentado”, afirmó Teresa Delgado Cerón, abogada de FESPAD.
El 20 de noviembre de 2018, se interpuso la demanda en el Ministerio de Trabajo, ya que el presidente del club le adeuda $3,150 equivalentes a tres meses de trabajo.
Además, el comunicador manifestó que a dicha cantidad se agrega el pago de tres cuentas de teléfono que se dejaron a su nombre, las cuales utiliza por un monto superior a los $230.
Asimismo, Diego Alemán sostuvo una reunión con su ex patrono José Segovia, en donde recibió $700, y se acordó que el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2018 cancelaría $725 adicionales para saldar la deuda, acuerdo que incumplió.
“Es una burla la que el presidente del club está haciendo”, reitera Alemán quien también trató de localizarlo y no respondió, y cuando lo hizo recurrió a insultos.
Es por ello que el comunicador solicitó el apoyo de APES, ya que su caso busca sentar un precedente.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
