Nacionales
Ante sus planteamientos durante la pandemia de COVID-19,el Gobierno le recuerda a la ANEP y a Javier Simán que sus posturas son parecidas a la de un partido político
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a casi siete meses de estar enfrentando la pandemia de COVID19, le recuerda a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) que muchos de sus planteamientos o posturas durante esta situación de emergencia son parecidas a las de un partido político, por lo que reitera el llamado a esta gremial a que trabaje sin sesgos y con vocación de construir acuerdos verdaderos que favorezcan el desarrollo de El Salvador.
Por ello, el Gobierno lamenta que el presidente de ANEP, Javier Simán, plantee en un comunicado que “no son partido político ni oposición”, aunque en varias ocasiones sus expresiones públicas y sus actitudes políticas, ante la realidad que ha vivido el país este año, no han sumado a la solución de los actuales problemas nacionales y han creado división incluso en la misma gremial que preside.
Un ejemplo de ello es que, lejos de pedir a la Asamblea Legislativa a que cambie su postura de bloquear todas las iniciativas gubernamentales, entre ellas las que benefician a empresas afectadas por la pandemia, sigan insistiendo que el Gobierno no tiene un Plan de Reactivación Económica, cuando fue algo que se construyó bajo un acuerdo de entendimiento con ANEP y que son los diputados los que no dan los recursos para su implementación por seguir un guion político-electoral de sus financistas, sobre todo los del partido ARENA junto con el FMLN.
Además, el Gobierno del Presidente Bukele enfatiza que se ha trabajado con todos los sectores del país durante los primeros 16 meses de su gestión, incluidos los actores privados que no están representados en ANEP, ya que hay micro, pequeños y medianos empresarios (mipymes) no agremiados a esta asociación, pero que han planteado soluciones y proyectos al Órgano Ejecutivo para salir de la crisis generada por el COVID-19 e impulsar a El Salvador hacia un nuevo desarrollo.
De este modo es cuestionable que ANEP y Simán pidan “respeto a la ley” cuando muchas empresas y agremiados han violado la legislación en materia tributaria, no han garantizado la estabilidad laboral de sus trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19 e incluso han planteado intentos de tener más control, con afán privatizador, en la administración del consejo directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que se fondea con recursos de la clase trabajadora.
El llamado del Gobierno del Presidente Bukele a la ANEP y, sobre todo, a Javier Simán, es a una profunda reflexión sobre su rol en el país, en el contexto del 54º. aniversario de la gremial, y a que no actúen como una sucursal del partido político con el que él intentó llegar a la Presidencia de la República, en coherencia con el discurso de respeto a la institucionalidad, al Estado de derecho y a la libertad que profesan.
Como respuesta, en el Presidente Bukele encontrarán a un líder que sí le apuesta a la construcción de acuerdos y soluciones a los problemas del país, sobre todo en el contexto que aun vivimos de pandemia que ha puesto a prueba la solidaridad, la empatía y la fe de todos los salvadoreños.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este mediodía en Tecoluca, departamento de San Vicente, cuando dos vehículos particulares colisionaron en una de las carreteras más transitadas de la zona, según informaron las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para procesar la escena y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
De manera preliminar, se presume que la excesiva velocidad habría sido una de las causas del percance. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas.
La vela de un motociclista que falleció ayer lunes en un accidente sobre la carretera que de El Rosario conduce a Jujutla, en Ahuachapán, fue interrumpida por el pastor José Alberto Serrano, de la Iglesia Pentecostal Unida en Copinulapa.
De acuerdo con familiares de la víctima, el líder religioso se molestó porque feligreses de otra congregación solicitaron realizar un culto adicional al fallecido dentro del templo. Ante ello, el pastor expresó que “con un culto bastaba” y, en un momento de ira, ordenó suspender la vela.
Los asistentes tuvieron que sacar el ataúd bajo la lluvia y trasladarlo a una vivienda cercana, facilitada por un vecino, mientras cubrían el féretro con sacos. La situación ha generado indignación en la comunidad por la actitud del pastor.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada del hecho y acudió al lugar para intervenir.
Nacionales
Autoridades destruyen más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados en el marco del Plan Anticontrabando
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo las estructuras criminales que afectan las finanzas públicas a través del contrabando. Este martes, las autoridades informaron sobre la destrucción de 7,618,040 unidades de cigarrillos, equivalentes a 10.28 toneladas, con un valor aproximado de 2.1 millones de dólares en impuestos, almacenaje y multas.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Jerson Posada; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga; y el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jonathan Mata. Posada enfatizó que la acción envía “un mensaje claro y firme: en el nuevo El Salvador el crimen no tiene espacio y la ley se respeta”.
La destrucción de los cigarrillos se llevó a cabo en la planta Geocycle, en Metapán, Santa Ana, mediante un proceso ambientalmente seguro.
Esta medida forma parte del Plan Anticontrabando liderado por la Dirección General de Aduanas, que ha permitido importantes decomisos en puntos fronterizos no habilitados y rutas fiscales.
Según Posada, el comercio ilícito de cigarrillos daña a consumidores, comercios legales e industrias establecidas, además de desestabilizar los mercados y generar competencia desleal. La Dirección General de Aduanas continuará ejecutando operativos en coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República para prevenir y combatir el contrabando y otros ilícitos aduaneros.
