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“Año escolar inicia este 1 de febrero bajo la modalidad digital en el sistema público”, Ministra de Educación
Los centros escolares del sistema público iniciarán las actividades académicas, bajo la modalidad virtual, a partir del 1 de febrero con la implementación de las diferentes plataformas digitales.
Por recomendación del Ministerio de Salud se determinó que persiste el riesgo de contagio de COVID-19 debido a un incremento de los casos confirmados de cada día en todo el país; por lo que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Educación suspendió, hasta nuevo aviso, el retorno de los estudiantes a las aulas.
Con el retraso de las actividades escolares presenciales se busca proteger la salud de los estudiantes, docentes y del personal administrativo que estarían expuestos en lugares con alto flujo de personas.
La calendarización del inicio de las actividades para todos los niveles educativos del sector público y privado se mantiene, únicamente de manera virtual. Es decir que el proceso de autorización de reapertura que habían iniciado los centros educativos públicos y privados sigue válido.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha entregado computadoras a docentes y los ha capacitado en el manejo de la plataforma Google Classroom para impartir clases en línea. Para este año se entregarán computadoras con acceso a internet a todos los estudiantes del sistema público.
La ministra de Educación, Carla Hananía, expresó que junto a la Secretaría de Innovación están trabajando para garantizar la conectividad a internet en las escuelas del país, como parte de la respuesta a la deuda histórica con respecto al cierre de la brecha digital.
La funcionaria explicó que es instalada una red de Torres Monopolo (antenas de transmisión) en puntos estratégicos del país que forman parte de un programa macro con el cual se pretende impactar a 11 departamentos, que incluyen los municipios de la franja costera.
Dicho sistema funciona mediante la señal TV White Space, lo que garantizará una excelente conectividad. Además, Hananía detalló que en los próximos días se anunciará un nuevo proyecto con el que asegurarán la conectividad para los estudiantes que no cuentan con internet en su casa.
La ministra reiteró el llamado a los padres de familia para que matriculen a sus hijos a partir del próximo 11 de enero porque eso les permitirá el acceso a las diferentes plataformas digitales, la entrega de guías impresas, de la computadora y el acceso a las diferentes herramientas de conectividad.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
