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ANEP pide que sea levantada la cuarentena y que más empresas operen normalmente
Una de carácter interno de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se filtró este miércoles en redes sociales en la cual la gremial sienta postura en contra de las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Nayib Bukele para enfrentar el coronavirus, y afirma el documento que la cuarentena «es un lujo que no nos podemos dar».
En un segundo párrafo se insiste en que «ni la gente ni las empresas podemos darnos el lujo de quedarnos en casa», tal como lo ha pedido el gobierno, y se manifiesta a favor de seguir la cadena de producción para no agravar la economía de las familias, de las empresas, y del país.
Una de las reflexiones que aporta la ANEP en la carta es que la cuarentena en otros países tiene sentido y viabilidad porque son economías sólidas y los gobiernos pueden dar asistencia a la población más vulnerable, pero que la realidad en El Salvador es distinta, y aquí el gobierno «de ninguna manera nos puede asistir, así como tampoco puede responder solo a la crisis del coronavirus».
«¿Qué nos queda? Trabajar sin contagiar. Que pongan las regulaciones que necesiten, pero que nos dejen trabajar ¡para comer!»
El documento deja claro que El Salvador no puede imitar las medidas de otros países. «¿Qué nos queda? Trabajar sin contagiar. Que pongan las regulaciones que necesiten, pero que nos dejen trabajar ¡para comer!», claman los empresarios.
Según la propuesta de la ANEP, la gente necesita trabajar para cobrar un salario «y mantener las defensas altas». Bajo esa lógica, el gobierno no dejará de percibir los impuestos para enfrentar la emergencia y las deudas. De esta manera, «las empresas van a estar sanas», afirma el documento interno.
Luego que el memorando interno se hiciera público, la ANEP salió al paso y aclaró «que es una solicitud de información interna para recopilar insumos que facilite gestiones ante las autoridades. Nada concreto que signifique seguridad de volver a operar», aclaró.
La gremial también explicó que ha sostenido reunión «al más alto nivel» con el gobierno, con el que ha encontrado coincidencias «en aras de colaborar respetuosamente para salvar vidas, empresas y empleos», y luego recuerda las palabras de Bukele en el último ENADE «la mejor política social es el empleo».
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
