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ANEP no acompaña el plan de reapertura del Gobierno y le pide acatar la resolución de la Sala
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) emitió un comunicado este sábado para dejar en claro que no comparte el plan de reapertura económica propuesto por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y pidió al ejecutivo que acate la resolución de la Sala, en el sentido de no restringir la libertad de circulación de la población y la libertad económica.
La influyente gremial empresarial dijo que ha participado de las reuniones convocadas por Casa Presidencial para definir la reactivación económica durante la emergencia «con la voluntad de trabajar juntos para defender la salud y la vida», pero aclaró que como gremial está a favor «de proteger los empleos y el bienestar de las familias salvadoreñas».
Agregó que comparte la idea de elaborar un plan de reapertura gradual y ordenada que permita a los salvadoreños regresar a sus actividades productivas «sin riesgo de contagio y evitando una abrupta salida de toda la población«.
«Sin embargo, no podemos acompañar medidas que dependan de la discrecionalidad y arbitrariedad de ningún funcionario. Necesitamos reglas claras», dijo de forma tajante la ANEP, y citó la Constitución de la República para fijar su postura.
Añadió que «tal como lo establece la Constitución, cualquier regulación que pretenda restringir la libertad de circulación y la libertad económica, debe estar prevista en un decreto legislativo, y no en un decreto ejecutivo, en pleno cumplimiento con la resolución de la Sala de lo Constitucional».
En tal sentido, la ANEP hizo un llamado al presidente Bukele a sancionar un decreto legislativo que establezca el protocolo sanitario que debemos cumplir y el plan de reapertura gradual de las actividades. «De lo contrario, la negativa del Presidente estaría poniendo en riesgo la misma salud de los salvadoreños», estableció.
A la medianoche de hoy El Salvador estaría sin una ley de emergencia que combata el contagio de covid-19, luego que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo no se pudieran poner de acuerdo no solo en el articulado sino ni siquiera en el lugar donde se sentarían para llevar a cabo las discusiones para aprobarla.
El plazo fijado por la Sala de lo Constitucional para que el ejecutivo y legislativo se pusieran de acuerdo culmina hoy. La Sala declaró ilegales todos los decretos tanto de la Asamblea como de Casa Presidencial que buscaban enfrentar el covid-19.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
