La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) emitió un comunicado este sábado para dejar en claro que no comparte el plan de reapertura económica propuesto por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y pidió al ejecutivo que acate la resolución de la Sala, en el sentido de no restringir la libertad de circulación de la población y la libertad económica.

La influyente gremial empresarial dijo que ha participado de las reuniones convocadas por Casa Presidencial para definir la reactivación económica durante la emergencia «con la voluntad de trabajar juntos para defender la salud y la vida», pero aclaró que como gremial está a favor «de proteger los empleos y el bienestar de las familias salvadoreñas».

Agregó que comparte la idea de elaborar un plan de reapertura gradual y ordenada que permita a los salvadoreños regresar a sus actividades productivas «sin riesgo de contagio y evitando una abrupta salida de toda la población«.

«Sin embargo, no podemos acompañar medidas que dependan de la discrecionalidad y arbitrariedad de ningún funcionario. Necesitamos reglas claras», dijo de forma tajante la ANEP, y citó la Constitución de la República para fijar su postura.

Añadió que «tal como lo establece la Constitución, cualquier regulación que pretenda restringir la libertad de circulación y la libertad económica, debe estar prevista en un decreto legislativo, y no en un decreto ejecutivo, en pleno cumplimiento con la resolución de la Sala de lo Constitucional».

En tal sentido, la ANEP hizo un llamado al presidente Bukele a sancionar un decreto legislativo que establezca el protocolo sanitario que debemos cumplir y el plan de reapertura gradual de las actividades. «De lo contrario, la negativa del Presidente estaría poniendo en riesgo la misma salud de los salvadoreños», estableció.

A la medianoche de hoy El Salvador estaría sin una ley de emergencia que combata el contagio de covid-19, luego que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo no se pudieran poner de acuerdo no solo en el articulado sino ni siquiera en el lugar donde se sentarían para llevar a cabo las discusiones para aprobarla.

El plazo fijado por la Sala de lo Constitucional para que el ejecutivo y legislativo se pusieran de acuerdo culmina hoy. La Sala declaró ilegales todos los decretos tanto de la Asamblea como de Casa Presidencial que buscaban enfrentar el covid-19.