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Almacenes Prado devolverá $730,000 a miles de clientes por cobros indebidos
Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del consumidor, comunicó sobre la resolución a las quejas de miles de ciudadanos, por lo que dicho ente regulador ordenó a la sociedad GMG Servicios El Salvador, propietaria de Almacenes Prado y El Gallo más Gallo, devolver más de $730 mil a clientes que fueron cobrados en intereses excesivos.
La defensoría señala a la empresa de transgresiones a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) y la Ley Contra la Usura.
Salazar, subrayó que en una auditoría financiera practicada a 42,276 créditos que las empresas hicieron a los clientes detectaron estas irregularidades.
La primera situación es que le cobraron intereses superiores a los permitidos a 20,618 personas por un monto de $725,470; el segundo caso es que utilizaban un método para el cálculo de los intereses contrario a lo que establece la LPC con el que cobraron $10,413 de manera ilegal.
El resto de lo detectado es que introdujeron cláusulas abusivas en los contratos, remitieron información inexacta al Banco Central de Reserva (BCR) y no remitieron información crediticia a la misma entidad.
“A juicio del Tribunal Sancionador, dichas conductas encajan en múltiples incumplimientos e infracciones, de conformidad con los artículos 17 literales b), d), f) e i); 12 y 18, literal c), en relación con el Art. 44, literal e) de la LPC; así como las establecidas en los artículos 6, 7 y 12 de la Ley Contra la Usura”, publicó la Defensoría, en un comunicado oficial.
Es por lo anterior que el Tribunal Sancionador ordenó a la sociedad GMG Servicios El Salvador reintegrar $735, 884 a favor de 21,096 clientes.
A la sociedad se le ha dado un plazo de 10 días a partir del 29 de enero, fecha del escrito por parte del Tribunal, para el pago de la multa en el Ministerio de Hacienda y en caso de que no cumpla será la Fiscalía General de la República (FGR) la que intervenga.
“La Defensoría del Consumidor reitera que no permitirá la vulneración de derechos de los consumidores, persiguiendo las prácticas ilegales con todos los recursos que le permite el marco jurídico vigente”, añade la institución.





