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Alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson se niega a hacer pública la información sobre contrato con la colombiana Teclaseo
Roberto d’Aubuisson, alcalde de Santa Tecla y su consejo municipal, sigue siendo cuestionado por la falta de transparencia en el contrato concedido a la empresa colombiana Teclaseo.
Esta vez, el abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez solicitó la información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para conocer los términos y condiciones del contrato de Teclaseo con la comuna tecleña, el cual hay sido otorgado a un plazo por 24 años.
En ese sentido, el instituto exigió al alcalde arenero proceder a hacer público el contrato, así como los pagos que realiza con las tasas que cobra a los tecleños, sin embargo, Roberto d’Aubuisson se negó a facilitar la información pertinente a través de su responsable de la unidad de acceso a la información, desobedeciendo la solicitud del IAIP, pese a que este órgano de transparencia resolvió hace una semana a favor de hacer pública la información concerniente al contrato con Teclaseo, para el cual brindó 5 días hábiles a partir del 15 de junio 2020.
Nadie se explica por qué las autoridades encargadas de velar por los intereses de los ciudadanos -Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, CJS- protejan al alcalde tecleño y no procedan a investigarlo, principalmente cuando hay una precalificación adulterada de selección de empresa.
Sin embargo, la misma Corte de Cuentas brindó una auditoría especial en la que afirma que el contrato es “lesivo (dañoso) a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Se conoce además que los fondos son presuntamente de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno que es altamente cuestionado.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha denunciado ya en la Fiscalía al alcalde y su concejo, quienes despidieron sin el debido proceso a 187 trabajadores que tenían más de 20 años de laborar, entre los cuales muchas madres solteras. Incluso, el alcalde ha incumplido la resolución de la Sala para reincorporar a los trabajadores.
Públicamente ha exigido al Fiscal General que proceso a d’Aubuisson y su concejo, y que de no hacerlo, comete omisión en la investigación, por lo que acudirá a instancias internacionales.
Se sabe también que quien participó en la negociación de ese contrato fue Fidel Melara Morán, hermano del Fiscal General, por lo que se ha solicitado que no conozca del caso y en su lugar lo haga el fiscal adjunto.
Con el contrato de Teclaseo, el edil tecleño estaría presuntamente obteniendo unos $50 por tonelada de basura, cobrando unos $450 mil al mes, según fuente confidencial, mientras que una oferta presentada por la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), en la que se incluía $18 por recolección, $12 de transporte y $20 por disposición final para un total de $50 por tonelada.
Con Teclaseo, los números se disparan a $125 por tonelada siendo estas 300 al mes para un total de $37, 500 diarios que al mes se traducen en $1 millón 125, obteniendo una ganancia diaria de $75, siendo un ingreso entre $500 mil y $650 mil al mes de fondos públicos, según una fuente confidencial.
De allí, la negativa del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal de mantener confidencial la información el contrato que tienen con la empresa colombiana Teclaseo.
Este viernes, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ejecutaron operativos en establecimientos del centro comercial El Encuentro Surf City, en La Libertad Costa, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población a través de la verificación de la calidad de los alimentos y el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor.
Las inspecciones fueron lideradas por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y el intendente de vigilancia de la Super Intendencia, Gustavo Adolfo Salgado.
Estos operativos permitirán proteger los derechos de los consumidores y la economía de las familias durante el periodo vacacional de Semana Santa.
«Nos estamos preparando para la temporada de Semana Santa, en la que se registra una fuerte actividad de visitantes, por lo que mantenemos esfuerzos de verificación en distintos ámbitos, según las competencias de cada institución», explicó el presidente de la Defensoría.
Salazar también explicó que buscan erradicar la venta de producto vencido de las estanterías, cocinas de restaurantes, puestos de preparación de alimentos y tiendas de convivencia y hoteles, a través de las verificaciones.
«Es importante garantizar a la población información clara, oportuna y precisa a través de cualquier mecanismo publicitario. Además, verificaremos la correcta exhibición de precios», explicó Salazar.
Las inspecciones se realizan en establecimientos que manipulan, almacenan, preparan y comercializan alimentos y bebidas, con el fin de garantizar condiciones seguras de consumo para la población durante la temporada vacacional.
Por su parte, la Superintendencia de Regulación Sanitaria habilitó la línea telefónica 194 y el correo electrónico denuncias.sanitarias@srs.gob.sv para recibir denuncias de la población respecto al tema sanitario.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla resolvió condenar a 13 años de prisión a Miguel Humberto Arroyo Ibarra, por el delito de estafa en perjuicio de tres personas a quienes pidió dinero para inversiones, que resultaron ser falsas.
En 2023 las víctimas entregaron a Arroyo Ibarra, montos de $18,500, $17,000 y $3,000, haciendo un total de $38,500. De acuerdo a la investigación fiscal, el imputado captó ese dinero con la promesa de que sería invertido en una supuesta bolsa de valores y con ello entregaría buenos réditos a las personas que confiaron en él.
Pasó el tiempo y las víctimas no recuperaron ni el capital y mucho menos ganancias, por lo que decidieron denunciar a Arroyo, quien además de cumplir la pena de prisión, deberá devolver el monto de $38,500.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado condenó a penas de hasta 45 años de cárcel a 15 pandilleros que intentaron asesinar a tres personas en abril de 2021 en las cercanías del Barrio San Jacinto de San Salvador.
Según consta en el expediente judicial, en abril de 2021, las víctimas iban a bordo de un vehículo e intentaron ingresar desde el Barrio San Jacinto, hacia la colonia Santa Marta, que era controlada por la MS 13 de la clica Harrison Locos Salvatruchos.
Al observar un carro desconocido con las luces encendidas, los delincuentes intentaron bajar a sus ocupantes y comenzaron a dispararles en múltiples ocasiones.
De acuerdo a las investigaciones, el conductor logró acelerar el vehículo y abandonó el lugar. Luego de la denuncia, las autoridades de seguridad iniciaron una investigación que llegó a la identificación e individualización de los pandilleros responsables del ataque, entre los cuales está el jefe de clica identificado como Enmanuel Adonay Ortiz Orellana, alias ratón, homeboys y colaboradores.
El resto de los condenados son los pandilleros Marvin Alexander Colato Colato, alias colato; Kevin Alexander Cruz González, alias koala; Moisés Eliezer Rivas Rodríguez, alias chele; Alexis Eduardo Lara Quinteros, alias neney; Mauricio Antonio Blanco López, alias chele; Alexis Armando Benavides Marroquín, alias coneja; Bryan Esteven Flores Villafuerte, alias pin pong, goty o payaso; Bryan Alberto Molina Ascencio, alias black; Byron Osvaldo Andrade Meléndez, alias campero; Edwin Josué Vargas Zelaya, alias virolo; Carlos Vladimir Vanegas Martínez, alias vanegas o gatillero; Abdel Eleazar López, Henry Jonathan Núñez Martínez, alias curunco y William Eduardo Rivera Guzmán.
