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Alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson se niega a hacer pública la información sobre contrato con la colombiana Teclaseo
Roberto d’Aubuisson, alcalde de Santa Tecla y su consejo municipal, sigue siendo cuestionado por la falta de transparencia en el contrato concedido a la empresa colombiana Teclaseo.
Esta vez, el abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez solicitó la información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para conocer los términos y condiciones del contrato de Teclaseo con la comuna tecleña, el cual hay sido otorgado a un plazo por 24 años.
En ese sentido, el instituto exigió al alcalde arenero proceder a hacer público el contrato, así como los pagos que realiza con las tasas que cobra a los tecleños, sin embargo, Roberto d’Aubuisson se negó a facilitar la información pertinente a través de su responsable de la unidad de acceso a la información, desobedeciendo la solicitud del IAIP, pese a que este órgano de transparencia resolvió hace una semana a favor de hacer pública la información concerniente al contrato con Teclaseo, para el cual brindó 5 días hábiles a partir del 15 de junio 2020.
Nadie se explica por qué las autoridades encargadas de velar por los intereses de los ciudadanos -Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, CJS- protejan al alcalde tecleño y no procedan a investigarlo, principalmente cuando hay una precalificación adulterada de selección de empresa.
Sin embargo, la misma Corte de Cuentas brindó una auditoría especial en la que afirma que el contrato es “lesivo (dañoso) a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Se conoce además que los fondos son presuntamente de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno que es altamente cuestionado.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha denunciado ya en la Fiscalía al alcalde y su concejo, quienes despidieron sin el debido proceso a 187 trabajadores que tenían más de 20 años de laborar, entre los cuales muchas madres solteras. Incluso, el alcalde ha incumplido la resolución de la Sala para reincorporar a los trabajadores.
Públicamente ha exigido al Fiscal General que proceso a d’Aubuisson y su concejo, y que de no hacerlo, comete omisión en la investigación, por lo que acudirá a instancias internacionales.
Se sabe también que quien participó en la negociación de ese contrato fue Fidel Melara Morán, hermano del Fiscal General, por lo que se ha solicitado que no conozca del caso y en su lugar lo haga el fiscal adjunto.
Con el contrato de Teclaseo, el edil tecleño estaría presuntamente obteniendo unos $50 por tonelada de basura, cobrando unos $450 mil al mes, según fuente confidencial, mientras que una oferta presentada por la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), en la que se incluía $18 por recolección, $12 de transporte y $20 por disposición final para un total de $50 por tonelada.
Con Teclaseo, los números se disparan a $125 por tonelada siendo estas 300 al mes para un total de $37, 500 diarios que al mes se traducen en $1 millón 125, obteniendo una ganancia diaria de $75, siendo un ingreso entre $500 mil y $650 mil al mes de fondos públicos, según una fuente confidencial.
De allí, la negativa del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal de mantener confidencial la información el contrato que tienen con la empresa colombiana Teclaseo.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
