Nacionales
Alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson se niega a hacer pública la información sobre contrato con la colombiana Teclaseo
Roberto d’Aubuisson, alcalde de Santa Tecla y su consejo municipal, sigue siendo cuestionado por la falta de transparencia en el contrato concedido a la empresa colombiana Teclaseo.
Esta vez, el abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez solicitó la información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para conocer los términos y condiciones del contrato de Teclaseo con la comuna tecleña, el cual hay sido otorgado a un plazo por 24 años.
En ese sentido, el instituto exigió al alcalde arenero proceder a hacer público el contrato, así como los pagos que realiza con las tasas que cobra a los tecleños, sin embargo, Roberto d’Aubuisson se negó a facilitar la información pertinente a través de su responsable de la unidad de acceso a la información, desobedeciendo la solicitud del IAIP, pese a que este órgano de transparencia resolvió hace una semana a favor de hacer pública la información concerniente al contrato con Teclaseo, para el cual brindó 5 días hábiles a partir del 15 de junio 2020.
Nadie se explica por qué las autoridades encargadas de velar por los intereses de los ciudadanos -Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, CJS- protejan al alcalde tecleño y no procedan a investigarlo, principalmente cuando hay una precalificación adulterada de selección de empresa.
Sin embargo, la misma Corte de Cuentas brindó una auditoría especial en la que afirma que el contrato es “lesivo (dañoso) a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Se conoce además que los fondos son presuntamente de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno que es altamente cuestionado.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha denunciado ya en la Fiscalía al alcalde y su concejo, quienes despidieron sin el debido proceso a 187 trabajadores que tenían más de 20 años de laborar, entre los cuales muchas madres solteras. Incluso, el alcalde ha incumplido la resolución de la Sala para reincorporar a los trabajadores.
Públicamente ha exigido al Fiscal General que proceso a d’Aubuisson y su concejo, y que de no hacerlo, comete omisión en la investigación, por lo que acudirá a instancias internacionales.
Se sabe también que quien participó en la negociación de ese contrato fue Fidel Melara Morán, hermano del Fiscal General, por lo que se ha solicitado que no conozca del caso y en su lugar lo haga el fiscal adjunto.
Con el contrato de Teclaseo, el edil tecleño estaría presuntamente obteniendo unos $50 por tonelada de basura, cobrando unos $450 mil al mes, según fuente confidencial, mientras que una oferta presentada por la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), en la que se incluía $18 por recolección, $12 de transporte y $20 por disposición final para un total de $50 por tonelada.
Con Teclaseo, los números se disparan a $125 por tonelada siendo estas 300 al mes para un total de $37, 500 diarios que al mes se traducen en $1 millón 125, obteniendo una ganancia diaria de $75, siendo un ingreso entre $500 mil y $650 mil al mes de fondos públicos, según una fuente confidencial.
De allí, la negativa del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal de mantener confidencial la información el contrato que tienen con la empresa colombiana Teclaseo.
A ocho aumentó el número de muertos por las fuertes lluvias en el noreste de Brasil, mientras que más de 3.700 personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas.
Los temporales han afectado principalmente a los estados de Pernambuco y Paraíba, ubicados la zona noroeste del gigante sudamericano, con costas al Océano Atlántico.
En Recife, capital de Pernambuco, se reportaron seis víctimas mortales, mientras que dos hombres fallecieron electrocutados en la ciudad de Guarabira, Paraíba.
Las lluvias provocaron miles de desplazados en ambos estados.
Las autoridades locales distribuyen ayuda humanitaria, como alimentos, colchones y «kits» de higiene, mientras monitorean el nivel de los ríos y el riesgo de nuevos deslizamientos, ante la previsión de que las lluvias continúen en los próximos días.
La liberación de diferentes especies silvestres en Áreas Naturales Protegidas (ANP) es clave para la conservación de los ecosistemas. Entre 2025 y en lo que va de 2026, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reincorporó a 1,700 animales a su entorno natural.
El médico veterinario del MARN Josué Coto explicó a «Diario El Salvador» la importancia de cumplir con esta actividad, pues es parte de la labor fundamental como restauradores y conservadores del patrimonio natural.
«Básicamente es la parte final de todo el trabajo que realizamos dentro de la clínica veterinaria y otros sitios de resguardo de fauna del ministerio. Está dentro de la labor de conservación y restauración. Aunque no nos demos cuenta, estos animales mantienen gran parte del ambiente que nos rodea», detalló.
La clínica veterinaria del MARN brinda atención a los animales silvestres que han sido rescatados por instituciones o entregados por personas particulares.
Muchos provienen del tráfico ilegal, accidentes o pérdida de su hábitat. Cuenta con personal capacitado para atender cualquier especie, incluyendo animales marinos. Incluso tiene un área de neonatos con una atención más especializada para la crianza de animales silvestres de diferentes especies. Además, la clínica cuenta con equipo para brindar tratamientos dependiendo del daño o el estado de salud de la especie.
«Nosotros recibimos a los animales en cualquier circunstancia. Primero lo evaluamos, vemos qué tiene para realizar el tratamiento específico y tratar de recuperarlo. Una vez que ya está recuperado, se evalúan sus capacidades físicas para regresarlo al medio», explicó Coto.
Añadió que los tratamientos son variados, ya que dependerán del estado de salud del espécimen. Lo más común son los traumatismos, golpes o heridas. Además, son tratados por infecciones, problemas de comportamiento o limitaciones físicas, más que todo en aves cuando les cortan las plumas.
El objetivo es devolver al animal lo más pronto posible a su entorno natural y que goce de buena salud. Según explicó Coto, los primeros en evaluar su estado de salud son los veterinarios para determinar el estado físico y de salud, y si está apto para su liberación.
«Si vemos que el animal necesita una etapa de rehabilitación, realizamos el envío correspondiente con biólogos. Ponen a los animales en entornos más naturales con elementos de su hábitat y van evaluando el comportamiento, principalmente que sea capaz de obtener su alimento, de moverse dentro de la simulación de su hábitat previo a la reincorporación al ecosistema», indicó.
En promedio, el MARN libera entre 65 a 75 especímenes al mes. Entre ellos, osos hormigueros, tortugas marinas, halcones, gavilanes, tucanes, serpientes y muchas otras especies. Aunque las especies más frecuentes son los tacuazines, mapaches e iguanas. Como institución protectora, el Ministerio de Medio Ambiente hizo un llamado a la población para unirse a este esfuerzo de conservación de especies y los ecosistemas.
Coto destacó que el mensaje principal es que como sociedad es necesario entender que la fauna silvestre es de todos y por ello es responsabilidad protegerla y cuidarla. «No comprar, no consumir, ni tener especies silvestres como mascotas es una parte muy importante que nuestra sociedad todavía tiene que seguir aprendiendo. Ellos nacieron libres y necesitamos que se encuentren en el ambiente, si no están ahí es como que no existieran.
Nacionales
Así fueron recuperados los cuerpos de tres personas ahogadas en La Poza del Chorrerón, Morazán Norte
Buzos de la Marina Nacional de la Fuerza Armada realizaron una operación de búsqueda y recuperación tras el fallecimiento de tres personas por ahogamiento en el Centro Turístico La Poza del Chorrerón, ubicado en San Fernando, Morazán Norte.
El hecho ocurrió ayer, cuando las víctimas se encontraban departiendo en el lugar.
Las autoridades confirmaron que los tres cuerpos ya fueron localizados. Los fallecidos fueron identificados como José Benedicto Hernández, agente de la Policía Nacional Civil, así como Eladio Argueta y Jesús Argueta.
Las autoridades señalan que los cuerpos fueron entregados a las autoridades correspondientes para llevar a cabo el reconocimiento legal.
