Roberto d’Aubuisson, alcalde de Santa Tecla y su consejo municipal, sigue siendo cuestionado por la falta de transparencia en el contrato concedido a la empresa colombiana Teclaseo.
Esta vez, el abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez solicitó la información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para conocer los términos y condiciones del contrato de Teclaseo con la comuna tecleña, el cual hay sido otorgado a un plazo por 24 años.
En ese sentido, el instituto exigió al alcalde arenero proceder a hacer público el contrato, así como los pagos que realiza con las tasas que cobra a los tecleños, sin embargo, Roberto d’Aubuisson se negó a facilitar la información pertinente a través de su responsable de la unidad de acceso a la información, desobedeciendo la solicitud del IAIP, pese a que este órgano de transparencia resolvió hace una semana a favor de hacer pública la información concerniente al contrato con Teclaseo, para el cual brindó 5 días hábiles a partir del 15 de junio 2020.
Nadie se explica por qué las autoridades encargadas de velar por los intereses de los ciudadanos -Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, CJS- protejan al alcalde tecleño y no procedan a investigarlo, principalmente cuando hay una precalificación adulterada de selección de empresa.
Sin embargo, la misma Corte de Cuentas brindó una auditoría especial en la que afirma que el contrato es “lesivo (dañoso) a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Se conoce además que los fondos son presuntamente de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno que es altamente cuestionado.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha denunciado ya en la Fiscalía al alcalde y su concejo, quienes despidieron sin el debido proceso a 187 trabajadores que tenían más de 20 años de laborar, entre los cuales muchas madres solteras. Incluso, el alcalde ha incumplido la resolución de la Sala para reincorporar a los trabajadores.
Públicamente ha exigido al Fiscal General que proceso a d’Aubuisson y su concejo, y que de no hacerlo, comete omisión en la investigación, por lo que acudirá a instancias internacionales.
Se sabe también que quien participó en la negociación de ese contrato fue Fidel Melara Morán, hermano del Fiscal General, por lo que se ha solicitado que no conozca del caso y en su lugar lo haga el fiscal adjunto.
Con el contrato de Teclaseo, el edil tecleño estaría presuntamente obteniendo unos $50 por tonelada de basura, cobrando unos $450 mil al mes, según fuente confidencial, mientras que una oferta presentada por la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), en la que se incluía $18 por recolección, $12 de transporte y $20 por disposición final para un total de $50 por tonelada.
Con Teclaseo, los números se disparan a $125 por tonelada siendo estas 300 al mes para un total de $37, 500 diarios que al mes se traducen en $1 millón 125, obteniendo una ganancia diaria de $75, siendo un ingreso entre $500 mil y $650 mil al mes de fondos públicos, según una fuente confidencial.
De allí, la negativa del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal de mantener confidencial la información el contrato que tienen con la empresa colombiana Teclaseo.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
La apuesta estatal por proveer de soluciones habitacionales a los salvadoreños ha significado una inversión millonaria durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Según datos recientes compartidos por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, desde junio de 2019 a la fecha, las escrituraciones de créditos del Fondo Social para la Vivienda (FSV) para compra de casa suman más $1,120.5 millones, un monto económico con el que se benefició a un total de 47,786 personas.
«El crédito es clave para garantizar que los salvadoreños tengan acceso a una vivienda propia. Estamos impulsando distintos programas para que las familias tengan acceso a una vivienda, el reto es grande, pero vamos avanzando», apuntó la titular a través de sus redes sociales.
En este sentido detalló que la línea de financiamiento que más colocaciones reporta es la de vivienda usada y otras líneas, con 24,851 créditos autorizados por un monto superior a los $501.4 millones; a su vez, para vivienda nueva el FSV autorizó 13,264 créditos que significaron $489.5 millones.
Además, los activos extraordinarios representaron una colocación de 9,671 que se traducen en más de $129.5 millones.
Respecto a esta última, la ministra subrayó que «todas las familias que hoy viven ahí pueden disfrutar de su casa propia gracias a las medidas de seguridad como el Plan Control Territorial, y el régimen de excepción».
Con respecto a la escrituración colocada a lo largo de 2026, la funcionaria indicó que asciende a 1,739 viviendas, lo que representa una inversión de más de $57.80 millones, de los cuáles $34.9 millones fueron para vivienda nueva; $21.3 millones para vivienda usada y otras líneas; y $1.5 millones para activos extraordinarios.
Solo abril de 2026, la institución escrituró 401 viviendas con una inversión que supera los $13.3 millones.
La eficiencia en la gestión de otorgamiento de créditos, permitió que el FSV fuera reconocido, recientemente, con la nota AAA por dos importantes calificadoras de riesgo internacionales. Así lo informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol en declaraciones brindadas a «Diario El Salvador»
«Las calificadoras de riesgo más importantes Zumma Ratings y Moody ‘s Ratings han elevado su calificación de riesgo en sus emisiones vigentes al FSV. Esto no solo mejora una calificación, muestra el fortalecimiento de una institución que le abre las puertas a miles de salvadoreños para tener un hogar», refirió la titular.
Sol afirmó que esta mejora en la nota institucional significa un reconocimiento al desempeño en ampliación de la colocación de créditos de vivienda, al mismo tiempo que se garantiza una cartera sana.
«Estas mejoras obedecen a la consistente expansión de créditos de vivienda, la calidad de los activos, la morosidad de la cartera. Tenemos un índice de mora extremadamente manejable, una cartera sumamente sana, una estructura estable en fondeo y liquidez», apuntó.
A su vez, mencionó que «con estas nuevas calificaciones de emisiones para el FSV, se logra tener la más alta de las calificaciones en entidades estatales, y se coloca en un nivel alto para dar créditos a largo plazo».
Autoridades reportaron el hallazgo de una mujer fallecida en las cercanías del río San Antonio, en el distrito de Nejapa.
De acuerdo con la información preliminar, la identidad de la víctima aún no ha sido determinada y las causas del fallecimiento continúan bajo investigación.
Elementos de la Policía Nacional Civil y otras instituciones correspondientes acudieron al lugar para realizar el procedimiento legal y procesar la escena.
Según reportes iniciales, el cuerpo de la mujer se encontraba en estado avanzado de descomposición, situación que alertó a residentes de la zona debido a los fuertes olores que provenían del sector. Posteriormente, los vecinos notificaron a las autoridades.
Las instituciones encargadas indicaron que será el proceso de investigación y los análisis forenses los que permitan establecer las posibles causas del deceso.
