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Alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson se niega a hacer pública la información sobre contrato con la colombiana Teclaseo
Roberto d’Aubuisson, alcalde de Santa Tecla y su consejo municipal, sigue siendo cuestionado por la falta de transparencia en el contrato concedido a la empresa colombiana Teclaseo.
Esta vez, el abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez solicitó la información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para conocer los términos y condiciones del contrato de Teclaseo con la comuna tecleña, el cual hay sido otorgado a un plazo por 24 años.
En ese sentido, el instituto exigió al alcalde arenero proceder a hacer público el contrato, así como los pagos que realiza con las tasas que cobra a los tecleños, sin embargo, Roberto d’Aubuisson se negó a facilitar la información pertinente a través de su responsable de la unidad de acceso a la información, desobedeciendo la solicitud del IAIP, pese a que este órgano de transparencia resolvió hace una semana a favor de hacer pública la información concerniente al contrato con Teclaseo, para el cual brindó 5 días hábiles a partir del 15 de junio 2020.
Nadie se explica por qué las autoridades encargadas de velar por los intereses de los ciudadanos -Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, CJS- protejan al alcalde tecleño y no procedan a investigarlo, principalmente cuando hay una precalificación adulterada de selección de empresa.
Sin embargo, la misma Corte de Cuentas brindó una auditoría especial en la que afirma que el contrato es “lesivo (dañoso) a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Se conoce además que los fondos son presuntamente de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno que es altamente cuestionado.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha denunciado ya en la Fiscalía al alcalde y su concejo, quienes despidieron sin el debido proceso a 187 trabajadores que tenían más de 20 años de laborar, entre los cuales muchas madres solteras. Incluso, el alcalde ha incumplido la resolución de la Sala para reincorporar a los trabajadores.
Públicamente ha exigido al Fiscal General que proceso a d’Aubuisson y su concejo, y que de no hacerlo, comete omisión en la investigación, por lo que acudirá a instancias internacionales.
Se sabe también que quien participó en la negociación de ese contrato fue Fidel Melara Morán, hermano del Fiscal General, por lo que se ha solicitado que no conozca del caso y en su lugar lo haga el fiscal adjunto.
Con el contrato de Teclaseo, el edil tecleño estaría presuntamente obteniendo unos $50 por tonelada de basura, cobrando unos $450 mil al mes, según fuente confidencial, mientras que una oferta presentada por la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), en la que se incluía $18 por recolección, $12 de transporte y $20 por disposición final para un total de $50 por tonelada.
Con Teclaseo, los números se disparan a $125 por tonelada siendo estas 300 al mes para un total de $37, 500 diarios que al mes se traducen en $1 millón 125, obteniendo una ganancia diaria de $75, siendo un ingreso entre $500 mil y $650 mil al mes de fondos públicos, según una fuente confidencial.
De allí, la negativa del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal de mantener confidencial la información el contrato que tienen con la empresa colombiana Teclaseo.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
