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Actividad sísmica en costas de La Paz supera las 100 réplicas
La actividad sísmica en el sector de las costas del departamento de La Paz ha superado las 100 réplicas, según confirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) durante la mañana de este lunes.
Dicha fenómeno se originó a partir del potente sismo de magnitud 6.3 que sacudió a El Salvador la mañana del pasado domingo 5 de diciembre. Desde ese momento hasta 6:30 de la mañana de este lunes 6 se han contabilizado 118 réplicas.
Del total de réplicas registradas, 19 han sido percibidas por la población. Medio Ambiente señaló que esta actividad sísmica no implica riesgo de formación de tsunamis en las costas salvadoreñas.
Además, han detallado que se debe al proceso de subducción entre las placas Cocos y Caribe. El fenómeno se mantiene en constante observación por los técnicos de Medio Ambiente para tomar las medidas adecuadas para protección de la población.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
Inspectores del Viceministerio de Transporte (VMT) se mantienen desplegados en diferentes puntos del país para verificar que el servicio de transporte colectivo se brinde de manera regular y gratuita, como fue dispuesto por el Gobierno salvadoreño entre el 5 y el 11 de mayo.
De acuerdo con la institución, los equipos están presentes en paradas de autobuses y en diversas rutas a nivel nacional, con el objetivo de garantizar que los motoristas permitan el abordaje de los usuarios y mantengan la frecuencia establecida de los viajes.
“Nos mantenemos vigilantes de que el servicio de transporte colectivo se brinde con regularidad en diferentes puntos del país”, informó el VMT a través de sus canales oficiales.
El Viceministerio también reportó que el servicio opera con normalidad en la zona occidental del país, en rutas que conectan con otras regiones del territorio salvadoreño.
Además de la supervisión, el personal del VMT brinda asistencia a los usuarios, orientándolos para abordar de forma ordenada las unidades de transporte público.
El servicio gratuito de transporte forma parte de una medida de alivio económico y vial implementada por el Ejecutivo, mientras continúan los trabajos de rehabilitación en la carretera Los Chorros.
