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VIRAL: La Fiscalía colombiana dictó una orden de encarcelamiento contra «Popeye» por el magnicidio de Guillermo Cano

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El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, se encuentra privado de su libertad desde el 25 de mayo de 2018. Estuvo más de 20 años en la cárcel por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán28 de mayo de 2019

La Fiscalía colombiana dictó este lunes orden de encarcelamiento contra el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias «Popeye», por el magnicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza.

«Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, como presunto coautor del delito de homicidio agravado«, indicó el ente judicial en un comunicado.

Según la Fiscalía, la decisión se tomó ante «la presencia de nuevos testimonios de confesos integrantes y colaboradores del extinto cartel de Medellín y otra evidencia recopilada».

Alias Popeye, uno de los principales sicarios del extinto narco Pablo Escobar
Alias Popeye, uno de los principales sicarios del extinto narco Pablo Escobar

Guillermo Cano Isaza, que encabezó una lucha frontal contra el narcotráfico y su penetración en las distintas esferas de la política y la economía colombiana, fue asesinado a tiros la noche del 17 de diciembre de 1986 por sicarios del cartel de Medellín que le dispararon cuando salía del diario en su vehículo.

La misma mafia atacó de nuevo a El Espectador el 2 de septiembre de 1989 cuando un camión bomba fue detonado al lado del periódico, dejando decenas de heridos y las instalaciones parcialmente destruidas.

La Fiscalía también dictó medida no privativa de la libertad contra Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias «Maxwell», señalado de ser uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar.

Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, AFP PHOTO / JOAQUIN SARMIENTO
Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, AFP PHOTO / JOAQUIN SARMIENTO

Con base en las pruebas, la Fiscalía señaló que los procesados formaron parte del denominado brazo armado de la banda de Escobar y, al parecer, tuvieron conocimiento y habrían incidido en la planeación del atentado contra el entonces director del diario El Espectador.

En el caso de «Popeye» hay indicios de su participación en una reunión en la que los cabecillas del cartel de Medellín, entre ellos Escobar, conspiraron para atentar contra Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen.

De «Maxwell» se indicó que supuestamente «hizo las labores de inteligencia en Bogotá e identificó los movimientos y rutinas del comunicador».

La decisión fue comunicada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que la medida de aseguramiento se haga efectiva en el momento en el que «Popeye» cumpla su periodo de detención en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.

Con respecto a «Maxwell», la fiscal del caso dispuso que cumpla presentaciones periódicas ante la autoridad competente, prohibición para salir del país, mantener buena conducta individual, familiar y social; no tener contacto ni comunicación con las víctimas, y pagar una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

«Popeye» estuvo más de 23 años en la cárcel por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989, y tras salir manifestó en diversas entrevistas que se había reintegrado a la sociedad.

Sin embargo, el 9 de diciembre de 2017 la Fiscalía pidió revocar su libertad condicional acusado de extorsión y concierto para delinquir, por lo que fue detenido nuevamente el 25 de mayo del año pasado.

(Con información de EFE)

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Dueño y cliente mueren en ataque armado en una cevichería

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El propietario y un cliente de una cevichería fallecieron en un ataque armado registrado en el departamento de Chimaltenango, Guatemala.

El tiroteo ocurrió en el cantón La Democracia, ubicado en el municipio de Párramos, departamento de Chimaltenango.

Según la información disponible, socorristas de los Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector luego de que se escucharan múltiples detonaciones en el lugar.

Al llegar a la escena, los cuerpos de socorro verificaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Las dos personas fallecidas quedaron en el interior de una venta de bebidas alcohólicas. Hasta el momento, se conoce que uno de los fallecidos era el propietario del local, mientras que la otra víctima era un cliente de la cevichería.

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Dos fallecidos y varios lesionados tras fatal accidente en Quetzaltenango, Guatemala

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Dos personas fallecieron y otras 12 resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito ocurrido el sábado en Guatemala, según informaron medios de comunicación locales.

El siniestro vial se registró en el kilómetro 210 de la carretera CA-2, a la altura de la Finca Miramar, en el municipio de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango.

De manera preliminar, se conoció que la intensa lluvia que se experimentó en la zona habría podido provocar el accidente.

Tras la emergencia, socorristas de los Bomberos Voluntarios utilizaron equipo hidráulico para rescatar a las víctimas que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos de ambos vehículos involucrados en el choque.

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Presidente Paz decreta estado de excepción en Bolivia tras más de seis semanas de protestas

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción y ordenó la movilización de policías y militares tras más de seis semanas de protestas y bloqueos protagonizados por indígenas aimaras y campesinos afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigen su renuncia.

Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga y cortes de rutas para exigir al Gobierno soluciones a la crisis económica, considerada la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad, situación que generó malestar general.

Aunque el viernes el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país, indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros afines a Morales decidieron mantener los bloqueos de carreteras.

Ante la falta de acuerdos, los sectores movilizados incorporaron la demanda de renuncia presidencial y extendieron los bloqueos a nivel nacional. Asimismo, durante varios días se registraron enfrentamientos con la Policía en La Paz, ciudad que junto con su vecina El Alto enfrenta escasez de alimentos, medicinas y combustibles.

“Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, afirmó Paz durante un mensaje difundido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno. El mandatario sostuvo además que la medida responde a “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

El Gobierno de centroderecha de Paz, que asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales de impulsar las protestas y de utilizar recursos provenientes del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas. Morales permanece oculto en la región cocalera de Chapare para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor, acusación que niega. También ha rechazado los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

En su mensaje, Paz informó que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población.

El decreto, publicado posteriormente en la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Además, establece que los ministerios de Gobierno y Defensa podrán emitir resoluciones conjuntas para restringir, cuando sea necesario, los derechos de circulación, locomoción y reunión. La medida deberá ser ratificada por el Congreso, que convocará reuniones en las próximas horas.

La declaración del estado de excepción se produjo un día después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la COB. Mario Argollo, máximo dirigente de la organización sindical, anunció el levantamiento de las medidas de presión a nivel nacional y destacó el compromiso gubernamental de cumplir de forma inmediata lo acordado.

Paz celebró el entendimiento alcanzado con la central sindical y afirmó que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.

Durante la semana pasada, el Gobierno instaló mesas de trabajo con dirigentes sindicales y ministros para negociar una salida al conflicto. Entre los acuerdos alcanzados figura el estudio de la liberación de personas detenidas durante las marchas en La Paz y los bloqueos de carreteras. La Defensoría del Pueblo reportó más de un centenar de arrestados.

Asimismo, la administración de Paz se comprometió a no privatizar empresas estatales, una de las principales demandas de los sindicatos.

Sin embargo, tras conocerse el acuerdo, organizaciones campesinas y cocaleras anunciaron que mantendrían las medidas de presión. El dirigente campesino Antonio Mallku aseguró que se determinó radicalizar los grupos de huelga en las carreteras.

Por su parte, los cocaleros informaron en un comunicado difundido por una radio de su propiedad que mantendrán la movilización y los bloqueos de caminos, al tiempo que calificaron la firma del convenio entre el Gobierno y la COB como una “traición”.

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