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Internacionales

“Un compañero le disparó”, filtran audio de un policía haciendo impactantes confesiones del caso Octavio Ocaña

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A casi dos semanas de la trágica muerte de Octavio Ocaña, la policía sigue siendo señalada por muchas personas como la responsable de lo sucedido y ahora se revelaron supuestos audios de lo que parece una conversación entre uniformados hablando del momento de la persecución y de cómo habrían ocurrido los hechos.

Una primera voz en la grabación pregunta: “Oye, así de compas, acá entre nos, ¿tus compañeros sí volaron al morro ese de Vecinos verdad? Se les fue el pedo, sintieron que era la mera mafia y lo tenían que volar”.

La respuesta obtenida asegura que Octavio Ocaña habría ido a comprar drogas: “Para mí que sí fue por vicio. Le comento a mi mujer que esa colonia está bien culer* y ese wey entró en una camioneta y no lo rentearon, entonces había de dos, o conocía al bueno del lugar o era buen cliente o ese día se aventó a lo loco”.

Pronto, uno de ellos confiesa que fue un elemento que disparó en contra de Octavio Ocaña, terminando con su vida y que, en efecto, la escena fue disfrazada.

“Únicamente lo iban a detener, pero no se detuvo y cuentan de este lado que un compañero le disparó y al ponerse nervioso comenzó a mover la escena, fue cuando le acomodó el arma y fue cuando tomaron las fotos, se comenta que fue culpa de un compañero”, reveló.

@gxdsev7n

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Según la fiscalía del Estado de México, el actor falleció por un disparo de arma de fuego en la cabeza, que se encontraba en el interior del vehículo y que se detonó durante la persecución en circunstancias todavía confusas para muchos.

Hasta el momento, se desconoce la veracidad del material, pero incluso, es la propia familia quien también ha culpado a los policías y de ser cierta esta información tendrían los elementos suficientes para dar con los responsables y así hacerle justicia a Octavio como ya lo han hecho saber en distintas ocasiones exigiendo una mayor investigación.

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Autoridades mexicanas desmantelan narcolaboratorio y pista clandestina en Durango

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó este miércoles sobre el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas y una pista aérea clandestina en la comunidad de Carricitos, municipio de Tamazula, Durango.

El operativo, liderado por la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y otras dependencias, permitió el decomiso de 150 kilogramos de metanfetamina, más de 5 mil litros y 870 kilogramos de precursores químicos.

Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con esta acción se evitó la producción de 2.88 toneladas de metanfetamina, lo que representa una pérdida económica estimada en más de 966 millones de pesos (unos 51 millones de dólares) para el crimen organizado.

Además, en el lugar fueron encontrados equipos como reactores, bidones, tinas, tanques de gas, ventiladores, quemadores, y otros utensilios utilizados para la elaboración de drogas. Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, que continuará con las investigaciones.

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Colombia revive los fantasmas de la era de Pablo Escobar tras atentado contra candidato

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El reciente atentado contra el aspirante presidencial Miguel Uribe, perpetrado por un adolescente de 15 años, ha reavivado en Colombia el debate sobre el uso de menores por parte de estructuras criminales, una práctica que remite a los años más oscuros del narcotráfico en el país.

Uribe fue atacado a tiros el sábado mientras se reunía con simpatizantes en un parque de Bogotá. Según la Fiscalía, el menor imputado le disparó en tres ocasiones, dejándolo en estado crítico. Imágenes difundidas muestran el momento exacto en que el atacante, camuflado entre la multitud, saca un arma y abre fuego, desatando el caos.

La fiscal general Luz Adriana Camargo advirtió que grupos delincuenciales utilizan a adolescentes debido a que la ley contempla penas más leves para ellos. En lo que va del año, casi 5,000 menores han sido procesados penalmente en Colombia, muchos por delitos graves como homicidio, según el Ministerio de Justicia.

Expertos coinciden en que los jóvenes reclutados provienen de entornos marginales, marcados por la pobreza, el abandono escolar y la falta de oportunidades. “Buscan soluciones inmediatas para llevar comida a casa”, explica Mathew Charles, exasesor de Unicef.

Investigaciones apuntan a que las bandas ofrecen entre 50 y 500 dólares por asesinato, aunque muchos menores nunca reciben el pago prometido. En el caso Uribe, el joven afirmó haber recibido órdenes desde un punto de venta de drogas, conocido en el país como «olla».

En Colombia, la pena máxima para un menor por homicidio es de ocho años, mientras que un adulto podría enfrentar hasta 50. El sistema judicial para adolescentes prioriza sanciones educativas y no penas privativas de libertad.

El atentado recordó asesinatos similares en décadas pasadas: en 1990, un joven de 16 años mató al candidato presidencial Bernardo Jaramillo, y en 1984, otro menor asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

Aunque los responsables eran menores, muchas de esas muertes aún no han sido esclarecidas por completo, dejando una marca profunda en la memoria colectiva del país.

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Salvadoreña detenida en Guatemala junto a tres personas por doble homicidio

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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas a un ataque armado que dejó dos víctimas mortales en la zona 21 de la capital.

Entre los detenidos se encuentra Fátima Areli Guzmán Bonilla, de 22 años y nacionalidad salvadoreña; Reina Estela Choc Castro, de 20; Nelson Alexander Cahuec, de 25, a quien se le incautó una escopeta; y un menor de 16 años.

Durante la detención, las autoridades decomisaron un revólver calibre 38, 46 municiones de distintos calibres y una bolsa con marihuana.

Según el informe oficial, dos de los detenidos fueron trasladados a un centro hospitalario debido a lesiones, donde permanecen bajo custodia policial.

Los capturados han sido puestos a disposición del Ministerio Público guatemalteco para enfrentar los procesos judiciales correspondientes.

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