Internacionales
Salvadoreño con discapacidad auditiva lleva 14 años preso en EE.UU., sin ser condenado ni deportado
Este día ha sido publicado por medios norteamericanos el caso de un salvadoreño que se encuentra tras las rejas desde hace 14 años sin que haya sido juzgado ante un tribunal.
Oswaldo Martínez, inmigrante indocumentado salvadoreño sordomudo, que lleva más de una década bajo custodia.
Al salvadoreño se le acusa de forzar a tener relaciones a una menor y luego quitarle la vida en una carretera del condado de James City (Virginia). Las autoridades detuvieron casi de inmediato al salvadoreño pues se encontraba cerca de la escena.
Brittany Binger, de 16 años, fue hallada sin vida en una cuneta el 3 de enero de 2005. Los investigadores hallaron restos del ADN de Martínez, que ahora tiene 47 años, en un envase de jugo en la escena del hecho. Fue detenido, pero ha pasado los últimos 13 años en centros psiquiátricos, recibiendo tratamiento y formación en lenguaje de signos.
El salvadoreño es considerado incompetente para ser juzgado, porque no conoce ningún idioma y por tanto no puede ser informado de los procedimientos en su contra ni ser asistido por un abogado
“Muy raramente se define a la gente como incompetente”, ha explicado Daniel Murrie, profesor de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, “y, usualmente, al 80% se les puede recuperar en un plazo de seis meses”.
“Sí puede comunicarse de la misma forma que yo puedo jugar a las charadas, y podemos entender mucho”, ha explicado el fiscal Nate Green al diario Williamsburg Yorktown Daily, del proviene la información en este artículo. “El gran problema es que los juicios no son como el teatro, no escenificamos los testimonios”, ha añadido el letrado.
La Corte Suprema de Virginia examinará el caso este miércoles. El abogado de Martínez, Tim Clancy, asegura que mantenerle bajo custodia sin juicio es inconstitucional, y que el tratamiento que se le está administrando no es médico sino educativo.
Martínez apenas ha logrado ningún progreso en los casi 14 años bajo custodia. Podría ser que nunca llegara a ser competente, pero tampoco puede ser dejado en libertad a menos que un juez considera que no supone un peligro.
Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de un niño de cinco años, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública por la crueldad del crimen y el motivo que lo originó: una deuda de apenas 1,000 pesos (unos 54 dólares).
Según informó la Fiscalía del Estado de México, el menor fue raptado el pasado 28 de julio en el municipio de La Paz, luego de que su madre informara a dos mujeres que no podía pagar un préstamo. En represalia, las agresoras secuestraron al niño con la amenaza de no devolverlo hasta que la deuda fuera saldada.
Días después, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del menor escondido en una vivienda vinculada a los presuntos responsables. La Fiscalía no ha revelado aún la causa de muerte, pero confirmó que las dos mujeres y un hombre fueron encarcelados en un penal estatal, acusados de delitos relacionados con la desaparición de personas.
El caso ocurre en medio de una creciente ola de extorsiones en México. Apenas en julio, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una estrategia nacional contra este delito, luego de reconocer que los esfuerzos anteriores no han logrado frenar su impacto.
La ofensiva se intensificó tras casos como el de una maestra jubilada, asesinada en el estado de Veracruz luego de ser extorsionada y aparecer en un video amarrada y rodeada por hombres armados.
La violencia vinculada a préstamos informales y redes de agiotistas ha afectado tanto a pequeños comerciantes como a ciudadanos comunes. En el Estado de México, las autoridades han desarticulado recientemente al menos dos bandas de extorsionadores.
El asesinato del niño ha reavivado el debate sobre la urgencia de medidas más efectivas para proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, pasando de $25 a $50 millones. Así lo informó la fiscal general Pam Bondi a través de la red social X.
“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.
Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de narcotráfico, corrupción y vínculos con redes criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, declarado organización terrorista global por Washington.
La administración del demócrata Joe Biden ya había elevado la recompensa a $25 millones. Tanto Biden como Trump han respaldado al opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconocen como “presidente legítimo” tras las cuestionadas elecciones de 2024 en Venezuela.
Pese a las tensiones, la Casa Blanca ha sostenido contactos con altos funcionarios venezolanos para lograr acuerdos humanitarios. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, como parte de un pacto negociado con apoyo de El Salvador.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando la administración Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y aplicó sanciones económicas en un intento fallido por propiciar la salida de Maduro. Ese gobierno interino fue disuelto por la propia oposición venezolana en enero de 2023.
La fiscalía de Aix-en-Provence informó este viernes la detención de dos personas acusadas de liderar una red criminal que reclutaba a jóvenes latinoamericanas bajo falsas promesas laborales, para luego obligarlas a prostituirse en varias ciudades del sureste de Francia.
Durante un operativo, agentes franceses capturaron a un hombre y una mujer e incautaron más de 200,000 euros, de los cuales 194,000 estaban en efectivo. Según las autoridades, los implicados operaban en localidades como Aix-en-Provence, Cannes y Menton.
Las víctimas, al menos 14 mujeres reclutadas durante los últimos dos años, afirmaron haber sido contactadas en sus países de origen a través de redes sociales encriptadas, donde se les ofrecía trabajo como “damas de compañía”. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Niza eran trasladadas directamente a apartamentos donde debían prostituirse hasta 16 horas al día.
Los testimonios revelan que las mujeres eran despojadas de sus documentos y ganancias, además de tener restringida su movilidad.
Ambos detenidos enfrentarán cargos por proxenetismo agravado, secuestro arbitrario, trata de seres humanos y lavado de dinero, y deberán comparecer ante un juez en las próximas horas.
