Internacionales
Reportan 15 casos de sarampión en condado de Texas con alto índice de exención de vacunas
Se han confirmado 15 casos de sarampión —principalmente en niños en edad escolar— en un pequeño condado del oeste de Texas que tiene una de las tasas más altas de exenciones de vacunas en el estado.
Zach Holbrooks, director del distrito de salud pública de South Plains, dijo el lunes que su departamento fue notificado por primera vez a finales de enero sobre los dos primeros casos en el condado de Gaines, que eran «dos niños que habían visto a un médico en Lubbock».
Algunos de los casos parecen estar relacionados con escuelas religiosas privadas en el distrito, indicó Holbrooks, quien advirtió que la investigación sigue en curso. «No diría que todos están conectados, pero nuestros equipos están investigando los lugares de exposición y los antecedentes de esos casos», indicó.
Los funcionarios de salud locales establecieron una clínica de vacunación móvil la semana pasada y están ofreciendo servicios de detección a los residentes.
Estados Unidos experimentó un aumento en los casos de sarampión en 2024, incluyendo un brote en Chicago que enfermó a más de 60 personas. Este mes, los funcionarios de salud en el área metropolitana de Atlanta están trabajando para contener un caso de sarampión que se propagó a dos miembros de una familia no vacunados.
La ley de Texas permite que los niños obtengan una exención de las vacunas escolares por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas. El porcentaje de niños con exenciones ha aumentado en la última década del 0,76 % en 2014 al 2,32 % el año pasado, según datos del Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas.
El condado de Gaines tiene una de las tasas más altas en Texas de niños en edad escolar que optan por no recibir al menos una vacuna obligatoria: casi el 14 % de los niños desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria tuvieron una exención en el año escolar 2023-24, lo que es más de cinco veces el promedio estatal del 2,32 % y supera la tasa nacional del 3,3 %.
Pero el número de niños no vacunados en el condado probablemente sea significativamente mayor, dijo Lara Anton, portavoz del Departamento de Servicios de Salud, porque el condado de Gaines tiene muchos niños que reciben educación en casa y cuyos datos no se informarían.
La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola es una serie de dos dosis: la primera se recomienda a los 12 a 15 meses de edad y la segunda entre los cuatro a seis años. La vacuna es obligatoria para asistir a la mayoría de las escuelas públicas en Estados Unidos.
Sin embargo, las tasas de vacunación han disminuido a nivel nacional desde la pandemia de COVID-19 y la mayoría de los estados están por debajo del umbral de vacunación del 95 % para los niños de jardín de infantes, el nivel necesario para proteger a las comunidades contra los brotes de sarampión. Legisladores de todo el país han propuesto varios cambios en los requisitos de vacunación en un momento en que Robert F. Kennedy Jr. está esperando confirmación como secretario de Salud y Servicios Humanos.
Uno de los primeros casos del condado de Gaines viajó al vecino Nuevo México mientras aún era contagioso, dijo Anton, pero de momento no hubo informes de infección. Robert Nott, portavoz del Departamento de Salud de Nuevo México, dijo que la agencia ha estado en comunicación con los funcionarios de Texas, pero no se conoció ninguna exposición al sarampión en su estado. «Vamos a seguir esto muy de cerca», afirmó Nott.
Se informaron dos casos de sarampión a principios de enero en el área de Houston, pero Holbrooks indicó que los casos del oeste de Texas no parecen estar conectados.
El sarampión es un virus altamente contagioso que puede sobrevivir en el aire hasta por dos horas. Hasta nueve de cada diez personas susceptibles contraerán el virus si están expuestas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
Antes de que se introdujera la vacuna en 1963, Estados Unidos registraba entre tres millones y cuatro millones de casos por año. Ahora, generalmente son menos de 200 en un año normal.
La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.
Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.
La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.
De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.
El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.
En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.
Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.
La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.
Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.
La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.
Internacionales
Opositores venezolanos refugiados en embajada argentina llegan a EE. UU. tras operación de rescate
Caracas — Un grupo de activistas venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, fue evacuado a Estados Unidos desde la embajada argentina en Caracas, donde permanecían refugiados desde el 20 de marzo de 2024. Su entrada al recinto diplomático se produjo en medio de una ola de arrestos ocurrida antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude electoral.
Inicialmente, seis personas se resguardaron en la sede diplomática. Sin embargo, en diciembre de 2024, uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y posteriormente recibió libertad condicional. Martínez Mottola falleció el 26 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.
Los cinco activistas restantes aguardaban un salvoconducto para abandonar el país, medida que no fue otorgada por el régimen venezolano.
La evacuación fue confirmada por el senador estadounidense Marco Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas”, expresó. Añadió que, tras una operación precisa, “todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”, sin ofrecer mayores detalles.
El jefe de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo, acusándolo de socavar las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional. Rubio agradeció a los actores involucrados en la operación y a los socios internacionales que colaboraron en la liberación de los activistas.
Internacionales
Colombia captura a más de 200 miembros del Clan del Golfo tras intensos operativos de seguridad
El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.
Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.
El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.
El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.
