Internacionales
Presidente de Ucrania dice que Trump no lo presionó para investigar a Biden
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró este domingo que su par estadounidense, Donald Trump, nunca lo presionó para que se investigara un presunto caso de corrupción del hijo de Joe Biden, ex vicepresidente estadounidense y posible rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2020.
“Jamás me presionaron. No había condiciones” para un encuentro con Trump o para la venta de armas, afirmó nuevamente Zelensky en una entrevista con la agencia de noticias japonesa Kiodo realizada en Kiev.
“No puede presionarme. Soy el presidente de un país soberano”, explicó. “La venta de misiles anticarro de Estados Unidos a Ucrania no es un agradecimiento por la investigación del caso de Joe Biden”, remarcó.
Además, Zelensky ha señalado que la Constitución ucraniana no otorga al presidente competencias para indicar al fiscal general ni a ninguna otra instancia si investigar o no un caso en particular. Así, ha explicado que lo que quiso decir a Trump durante la conversación telefónica es que “cualquier investigación es posible, si es necesario, ya que Ucrania tendrá un nuevo y justo fiscal general”.
“Si la Fiscalía de Estados Unidos solicita cooperación en una investigación conforme con el derecho internacional, entonces, de acuerdo con la legislación nacional, Ucrania puede iniciar una investigación formando una comisión conjunta de investigación”, añadió en relación al contenido de la conversación con Trump.
Fue la primera vez que Zelensky habla con un medio extranjero sobre la llamada del pasado 25 de julio entre Trump y él mismo que ha originado la activación de las gestiones para comenzar un proceso de destitución o “impeachment” contra Trump, impulsado por el Partido Demócrata en la Cámara Baja de EEUU.
La transcripción oficial de la conversación confirma que Trump se refirió reiteradamente al hijo de Biden, pero el mandatario niega que hubiera presión. En cambio, Biden admitió públicamente en 2018 que amenazó a Ucrania con paralizar 1.000 millones de dólares en garantías de préstamos de Estados Unidos si se mantenía en el cargo el fiscal general ucraniano.
La denuncia sobre las presiones de Trump al mandatario ucraniano llegó de parte de un denunciante anónimo, al que este domingo se sumó un segundo, que estaría dispuesto a testificar ante el Congreso de EEUU.
Marz Zaid, el abogado que representa al primer informante, confirmó este domingo a la cadena ABC que su nuevo cliente también es un agente de la inteligencia estadounidense y aseguró que tiene información de primera mano sobre los supuestos intentos de Trump para perjudicar al ex vicepresidente Joe Biden, favorito en la primaria demócrata, de cara a las elecciones de 2020.
“Puedo confirmar que mi firma y mi equipo representan a varios denunciantes” relacionados con el caso, dijo Andrew Bakaj, socio de Zaid, sin precisar a cuántos se refería. El abogado también informó que este segundo cliente ya habló al respecto con el inspector general de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, quien llevó al Congreso la denuncia original.
Este nuevo testimonio menoscabaría uno de las principales críticas del entorno de Trump, que señalan que la información del primer denunciante no es de primera mano. De todas formas, los documentos revelados sobre la llamada Trump-Zelensky han confirmado por ahora el contenido del reporte.
Más temprano, Trump había cargado contra un posible segundo informante y aseguró que se trata de un agente proveniente de lo que llama “Estado Profundo” o “Deep State”, un término que usa para designar a un supuesto grupo de burócratas que intenta afectar su gestión, considerado una teoría conspirativa.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
