Internacionales
Mike Pence se aplicó la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en público
Karen Pence, esposa del vicepresidente, y Jerome Adams, jefe de salud pública de Estados Unidos, también recibieron la vacuna, que recibió autorización de uso de emergencia y ya se distribuye en todo el país.
Otra que recibió la vacuna este viernes fue la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “Hoy, con total confianza en la ciencia y en la dirección de la Oficina del médico tratante, recibí la vacuna contra el COVID-19”, escribió Pelosi en su cuenta de Twitter.
“Mientras la vacuna es distribuida, debemos continuar usando máscaras, aplicando la distancia social y otras medidas basadas en la ciencia para salvar vidas y golpear al virus”, añadió.
A cada uno se le informó que recibiría un “registro de vacunas” como prueba de que fueron inmunizados, y se les recordó que deberán regresar para una segunda inyección en tres semanas. Además, fueron advertidos de que podrían sufrir dolores en el brazo.
“No sentí nada. Bien hecho, y agradecemos su servicio al país”, manifestó Pence a quienes le administraron la vacuna.
“El pueblo estadounidense puede tener confianza: tenemos una, y quizás en cuestión de horas, dos vacunas seguras contra el coronavirus”, agregó.
“Todos tenemos un papel que desempeñar. El camino en este momento desafiante es la vigilancia y una vacuna”, afirmó el vicepresidente, e instó a los estadounidenses a que “continúen haciendo su parte” con las estrategias para contrarrestar la expansión del virus.
Los miembros del grupo de trabajo sobre la pandemia de coronavirus del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci y Robert Redfield, se encontraban sentados en primera fila para presenciar el momento en que el personal del Centro Médico Nacional Walter Reed administraba la vacuna. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, no asistió al acto, que tuvo lugar en la Casa Blanca.
El presidente electo, Joe Biden, y su futura vicepresidenta, Kamala Harris, también recibirán la vacuna en público, informaron los funcionarios de transición a la cadena CNN. Es probable que Biden sea vacunado la próxima semana, mientras que el momento de la inoculación de Harris aún se desconoce.
Trump no será vacunado contra el coronavirus hasta que se lo recomiende su equipo médico de la Casa Blanca, dijo un funcionario del gobierno a CNN, ya que el presidente todavía conserva los anticuerpos monoclonales que obtuvo tras haber contraído la enfermedad de COVID-19 en octubre pasado. Sin embargo, Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, sostuvo a principios de esta semana que el mandatario Trump debería recibir la vacuna de Pfizer.
“A pesar de que el presidente estuvo infectado y probablemente tiene anticuerpos protectores, no estamos seguros de cuánto durará esa protección”, señaló el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en el programa “Good Morning America” de la cadena ABC.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
