Internacionales
La izquierda vuelve al poder en Brasil de la mano de Lula
La izquierda vuelve este domingo al poder en Brasil con la investidura de Lula da Silva, en una ceremonia en Brasilia vigilada por un operativo de seguridad inédito y en ausencia del presidente saliente, Jair Bolsonaro.
El ultraderechista abandonó Brasil el viernes y viajó a Estados Unidos, dos días antes de finalizar su período de gobierno. Por primera vez desde 1985, un mandatario entrante no recibirá la banda presidencial de manos de su predecesor y todavía es una incógnita quién se la entregará a Lula.
Se esperan unas 300, 000 personas en las calles de la capital para acompañar de cerca la investidura y un megaconcierto con más de 60 músicos en la emblemática Explanada de los Ministerios.
Al grito de «¡Lula, guerrero del pueblo brasileño!» y «¡Aha, uhu, la Explanada es nuestra!», miles de seguidores empezaron a concentrarse desde primeras horas de la mañana, constató la AFP.
Dos bandas carnavalescas de la ciudad de Olinda, en el estado natal de Lula, Pernambuco, cantaban y danzaban sobre la avenida donde se encuentran los principales edificios del ejecutivo. La mayoría iba vestida de rojo, los colores del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Algunos se pasaron primero por el hotel donde se hospeda el presidente electo, como Valter Gildo, quien desplegó una banderola que rezaba «Bienvenido de vuelta a la capital, presidente Lula».
«Es un día histórico, el regreso de un trabajador a la Explanada que defiende las causas sociales, las minorías, las cuestiones raciales», dijo este operador de maquinaria, de 46 años.
Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años, será proclamado por tercera vez presidente tras haber gobernado entre 2003 y 2010, junto a su vice, Geraldo Alckmin, en una ceremonia en el Congreso prevista a las 15H00 locales (18H00 GMT).
Poco después, llegará el momento álgido: se espera que descienda del tradicional Rolls Royce negro descapotable frente al palacio presidencial de Planalto, camine por la rampa del edificio y reciba la faja, una cinta de seda verde y amarilla, los colores de la bandera nacional, bordada en oro y diamantes.
Al izquierdista lo arroparán además una veintena de jefes de Estado, el mayor número para una toma de posesión en Brasil.
Entre estos, figuran los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI.
Washington envió a la secretaria de Interior, Deb Haaland, la primera indígena en integrar un gabinete en Estados Unidos y dura crítica de Bolsonaro, mientras que por parte de China asistirá el vicepresidente Wang Qishan.
Pese a que el viernes Bolsonaro levantó la prohibición que regía sobre el ingreso de Nicolás Maduro a territorio brasileño, Venezuela estará representada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, según confirmó a la AFP la asesoría de prensa de Itamaraty.
Lula prevé restablecer las relaciones diplomáticas con Caracas, rotas en 2019 cuando Brasilia reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado.
– Desafíos inmediatos –
El presidente izquierdista tendrá desafíos inmediatos mayores a los que enfrentó en sus otras dos presidencias, que dejó con una inusual popularidad del 87%.
Unos 30 millones de los 215 millones de brasileños pasan hambre y la economía a duras penas logra recuperarse tras el golpe de la pandemia.
«En los primeros 100 días deberá demostrar qué rumbo tomará el gobierno. La victoria electoral fue apretada y enfrentará un país dividido con una oposición aguerrida. Necesita liderar un gobierno de pacificación y unión nacional», explicó Leandro Consentino, politólogo del instituto Insper de Sao Paulo.
Lula se impuso a Bolsonaro en el balotaje del 30 de octubre por 50,9% de los votos frente a 49,1%, un resultado que dio cuenta de una sociedad profundamente polarizada.
El exsindicalista deberá conquistar «credibilidad» sobre el manejo de las cuentas públicas ante una situación fiscal delicada, pese a que sus promesas de campaña requieren un aumento del gasto para financiar programas sociales, según Consentino.
Según una encuesta del instituto Datafolha del sábado, solo 51% de los brasileños considera que Lula gobernará mejor que Bolsonaro, informó el diario Folha de Sao Paulo.
– Preocupación por la seguridad –
Brasilia movilizará para la asunción de Lula el 100% de su policía y podría desplegar hasta 8.000 agentes.
Mil agentes realizarán tareas de «inteligencia y seguridad», el mayor contingente para una investidura.
Y el porte de armas para varias categorías de civiles estará prohibido.
Los preparativos para la toma de posesión se vieron sacudidos luego de la detención de un bolsonarista que colocó un explosivo cerca del aeropuerto de Brasilia para «causar caos», provocar la declaración de un estado de sitio y evitar así la asunción, según su propia confesión.
Desde el balotaje, miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron en varias ciudades para rechazar el resultado en las urnas y pedir una intervención militar.
Entre tanto, el ultraderechista, que desde que perdió la elección se ha mantenido prácticamente en silencio, se instaló en Florida para un viaje previsto hasta el 30 de enero.
Según Folha de Sao Paulo, Bolsonaro se aloja en la casa del exluchador de artes marciales brasileño José Aldo, en la ciudad de Kissimmee.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
