Internacionales
La Conversión Coercitiva que viola los Derechos Humanos es un Problema Internacional
Seúl, Corea del Sur, 15 de diciembre, el Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR) de Italia y Derechos Humanos sin Fronteras (HRWF) de Bélgica acogió un seminario sobre derechos humanos titulado «Intolerancia y Discriminación Contra Nuevos Movimientos Religiosos: un Problema Internacional».
Esta conferencia, se dedicó a la protección de los derechos de las minorías religiosas a los que se dirigen los grupos mayoritarios, en particular en el contexto de situaciones anti-derechos humanos, como la conversión forzada que se produce en otros países y en su mayoría en Corea.
La conversión forzada, también conocida como «desprogramación» o «persecución religiosa», es una cuestión social que causa violaciones de los derechos humanos mediante el secuestro y la detención de los miembros de grupos religiosos etiquetados como «sectas» por sus oponentes con el fin de obligarlos a abandonar su fe.
Más de 80 participantes, entre expertos de la ley, periodistas y representantes de la sociedad civil, examinaron la situación actual de conversión forzada y discutieron soluciones para defender la libertad de fe y los derechos humanos que se han convertido en la norma de la comunidad internacional.
«Los desprogramadores coreanos son pastores especializados de las iglesias principales, la mayoría de ellos presbiterianos,» dijo Massimo Introvigne, sociólogo italiano y director general de CESNUR, destacando que la conversión forzada se lleva a cabo a nivel general.
«Las protestas que conmemoran a las víctimas de la conversión forzada se mencionaron en el Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa de 2019, incluidas las violaciones de la libertad religiosa en el año 2018. Sin embargo, hubo nuevos casos de desprogramación incluso después de su muerte,» él criticó.
En cuanto a la estrategia para resolver este fenómeno, Willy Fautré, Fundador y Director de HRWF dio varias sugerencias; señalando la responsabilidad del liderazgo de la Iglesia Presbiteriana que tolera, respalda e incluso alienta tal práctica; desarrollar la promoción en las Naciones Unidas y en las organizaciones que defienden la libertad de religión; ensuciando a aquellos que animan a las personas a perpetrar un acto de secuestro y confinamiento.
El 24 de julio, una carta abierta, firmada por la HRWF y otras 14 ONG internacionales, fue enviada al presidente surcoreano Moon Jae In que decía lo siguiente: «Corea del Sur bien podría ser el último país democrático en el mundo donde la desprogramación todavía es tolerada» y pidió al Presidente que «investigue en profundidad las acusaciones de desprogramación forzada, poner fin a esta práctica desagradable y hacer que los responsables asuman la responsabilidad.»Corea del Sur también fue elegida para servir en el 5o mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que la nación declaró «participar en los esfuerzos internacionales para responder a las crisis de derechos humanos en todo el mundo». Los participantes instaron al gobierno coreano a responder a la cuestión de la conversión forzada que sigue amenazando los derechos humanos de su pueblo.
Con información de Irvin Garcia / Coordinador de Medios en Latino América, Los Ángeles, California, Estados Unidos.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
