Internacionales
La Conversión Coercitiva que viola los Derechos Humanos es un Problema Internacional
Seúl, Corea del Sur, 15 de diciembre, el Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR) de Italia y Derechos Humanos sin Fronteras (HRWF) de Bélgica acogió un seminario sobre derechos humanos titulado «Intolerancia y Discriminación Contra Nuevos Movimientos Religiosos: un Problema Internacional».
Esta conferencia, se dedicó a la protección de los derechos de las minorías religiosas a los que se dirigen los grupos mayoritarios, en particular en el contexto de situaciones anti-derechos humanos, como la conversión forzada que se produce en otros países y en su mayoría en Corea.
La conversión forzada, también conocida como «desprogramación» o «persecución religiosa», es una cuestión social que causa violaciones de los derechos humanos mediante el secuestro y la detención de los miembros de grupos religiosos etiquetados como «sectas» por sus oponentes con el fin de obligarlos a abandonar su fe.
Más de 80 participantes, entre expertos de la ley, periodistas y representantes de la sociedad civil, examinaron la situación actual de conversión forzada y discutieron soluciones para defender la libertad de fe y los derechos humanos que se han convertido en la norma de la comunidad internacional.
«Los desprogramadores coreanos son pastores especializados de las iglesias principales, la mayoría de ellos presbiterianos,» dijo Massimo Introvigne, sociólogo italiano y director general de CESNUR, destacando que la conversión forzada se lleva a cabo a nivel general.
«Las protestas que conmemoran a las víctimas de la conversión forzada se mencionaron en el Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa de 2019, incluidas las violaciones de la libertad religiosa en el año 2018. Sin embargo, hubo nuevos casos de desprogramación incluso después de su muerte,» él criticó.
En cuanto a la estrategia para resolver este fenómeno, Willy Fautré, Fundador y Director de HRWF dio varias sugerencias; señalando la responsabilidad del liderazgo de la Iglesia Presbiteriana que tolera, respalda e incluso alienta tal práctica; desarrollar la promoción en las Naciones Unidas y en las organizaciones que defienden la libertad de religión; ensuciando a aquellos que animan a las personas a perpetrar un acto de secuestro y confinamiento.
El 24 de julio, una carta abierta, firmada por la HRWF y otras 14 ONG internacionales, fue enviada al presidente surcoreano Moon Jae In que decía lo siguiente: «Corea del Sur bien podría ser el último país democrático en el mundo donde la desprogramación todavía es tolerada» y pidió al Presidente que «investigue en profundidad las acusaciones de desprogramación forzada, poner fin a esta práctica desagradable y hacer que los responsables asuman la responsabilidad.»Corea del Sur también fue elegida para servir en el 5o mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que la nación declaró «participar en los esfuerzos internacionales para responder a las crisis de derechos humanos en todo el mundo». Los participantes instaron al gobierno coreano a responder a la cuestión de la conversión forzada que sigue amenazando los derechos humanos de su pueblo.
Con información de Irvin Garcia / Coordinador de Medios en Latino América, Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
