Internacionales
Inmigración ya está pidiendo las redes sociales a solicitantes de visa norteamericana
En su empeño por limitar y dificultar la inmigración, el gobierno de Donald Trumpo ha implementado desde el pasado viernes una medida que ya había anunciado: exigir información sobre redes sociales a los solicitantes de visa. Este cambio afectará previsiblemente a 15 millones de extranjeros que solicitan visa cada año.
“Identificadores de redes sociales” es el nombre que el Departamento de Estado ha elegido para la pestaña en la que pueden encontrar con facilidad la información de los solicitantes en internet. Los formularios ya están actualizados para que se pueda incluir esta información.
“La seguridad nacional es nuestra principal prioridad al evaluar las solicitudes de visa. [Por ello,] cada futuro viajero someteremos a los futuros viajeros e inmigrantes a un amplió control de seguridad” -dijo el Departamento de Estado, que asegura querer “apoyar los viajes legítimos” al país al mismo tiempo que “protege” a los ciudadanos estadounidenses.
Hasta ahora eran unos 65,000 viajeros, identificados para investigación adicional, los que tenían que entregar su historial en redes sociales, su correo electrónico y su teléfono. Eran, sobre todo, personas que habían viajado a zonas controladas por terroristas.
En los nuevos formularios, comenta AP, hay una lista de plataformas de redes sociales que el solicitante tiene que rellenar con los nombres que haya usado en ellas en los últimos cinco años. También se pueden incluir redes que no aparezcan en dicha lista.
Los extranjeros podrán decir que no tienen redes sociales, en caso de que así sea. Pero un funcionario del Departamento de Estado advirtió a The Hill que cualquier falta a la verdad se traducirá en “graves consecuencias de inmigración”
Además de la información en redes sociales, quien solicita una visa debe indicar sus correos electrónicos y sus números de teléfono. También preguntar por los viajes internacionales, por deportaciones (si las hubiera) y por posibles implicaciones de algún familiar en actividades terroristas.
Entre los solicitantes de visado que tendrán que especificar el nombre de usuario en sus redes están estudiantes, turistas, inversores y trabajadores (entre otros). Quedarán excluidos algunos solicitantes de visas diplomáticas u oficiales.
“Este plan infringe los derechos de los inmigrantes y de los ciudadanos estadounidenses al vulnerar la libertad de expresión y asociación […] La gente ahora se preguntará si lo que dicen en internet puede ser tergiversado o malinterpretado por un empleado del gobierno” -expresó en un comunicado Hinna Shamsi, directora del proyecto de seguridad de ACLU.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
