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Internacionales

Inmigración ya está pidiendo las redes sociales a solicitantes de visa norteamericana

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En su empeño por limitar y dificultar la inmigración, el gobierno de Donald Trumpo ha implementado desde el pasado viernes una medida que ya había anunciado: exigir información sobre redes sociales a los solicitantes de visa. Este cambio afectará previsiblemente a 15 millones de extranjeros que solicitan visa cada año.

“Identificadores de redes sociales” es el nombre que el Departamento de Estado ha elegido para la pestaña en la que pueden encontrar con facilidad la información de los solicitantes en internet. Los formularios ya están actualizados para que se pueda incluir esta información.

“La seguridad nacional es nuestra principal prioridad al evaluar las solicitudes de visa. [Por ello,] cada futuro viajero someteremos a los futuros viajeros e inmigrantes a un amplió control de seguridad” -dijo el Departamento de Estado, que asegura querer “apoyar los viajes legítimos” al país al mismo tiempo que “protege” a los ciudadanos estadounidenses.

Hasta ahora eran unos 65,000 viajeros, identificados para investigación adicional, los que tenían que entregar su historial en redes sociales, su correo electrónico y su teléfono. Eran, sobre todo, personas que habían viajado a zonas controladas por terroristas.

En los nuevos formularios, comenta AP, hay una lista de plataformas de redes sociales que el solicitante tiene que rellenar con los nombres que haya usado en ellas en los últimos cinco años. También se pueden incluir redes que no aparezcan en dicha lista.

Los extranjeros podrán decir que no tienen redes sociales, en caso de que así sea. Pero un funcionario del Departamento de Estado advirtió a The Hill que cualquier falta a la verdad se traducirá en “graves consecuencias de inmigración”

Además de la información en redes sociales, quien solicita una visa debe indicar sus correos electrónicos y sus números de teléfono. También preguntar por los viajes internacionales, por deportaciones (si las hubiera) y por posibles implicaciones de algún familiar en actividades terroristas.

Entre los solicitantes de visado que tendrán que especificar el nombre de usuario en sus redes están estudiantes, turistas, inversores y trabajadores (entre otros). Quedarán excluidos algunos solicitantes de visas diplomáticas u oficiales.

“Este plan infringe los derechos de los inmigrantes y de los ciudadanos estadounidenses al vulnerar la libertad de expresión y asociación […] La gente ahora se preguntará si lo que dicen en internet puede ser tergiversado o malinterpretado por un empleado del gobierno” -expresó en un comunicado Hinna Shamsi, directora del proyecto de seguridad de ACLU.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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