Internacionales
Inmigración ya está pidiendo las redes sociales a solicitantes de visa norteamericana
En su empeño por limitar y dificultar la inmigración, el gobierno de Donald Trumpo ha implementado desde el pasado viernes una medida que ya había anunciado: exigir información sobre redes sociales a los solicitantes de visa. Este cambio afectará previsiblemente a 15 millones de extranjeros que solicitan visa cada año.
“Identificadores de redes sociales” es el nombre que el Departamento de Estado ha elegido para la pestaña en la que pueden encontrar con facilidad la información de los solicitantes en internet. Los formularios ya están actualizados para que se pueda incluir esta información.
“La seguridad nacional es nuestra principal prioridad al evaluar las solicitudes de visa. [Por ello,] cada futuro viajero someteremos a los futuros viajeros e inmigrantes a un amplió control de seguridad” -dijo el Departamento de Estado, que asegura querer “apoyar los viajes legítimos” al país al mismo tiempo que “protege” a los ciudadanos estadounidenses.
Hasta ahora eran unos 65,000 viajeros, identificados para investigación adicional, los que tenían que entregar su historial en redes sociales, su correo electrónico y su teléfono. Eran, sobre todo, personas que habían viajado a zonas controladas por terroristas.
En los nuevos formularios, comenta AP, hay una lista de plataformas de redes sociales que el solicitante tiene que rellenar con los nombres que haya usado en ellas en los últimos cinco años. También se pueden incluir redes que no aparezcan en dicha lista.
Los extranjeros podrán decir que no tienen redes sociales, en caso de que así sea. Pero un funcionario del Departamento de Estado advirtió a The Hill que cualquier falta a la verdad se traducirá en “graves consecuencias de inmigración”
Además de la información en redes sociales, quien solicita una visa debe indicar sus correos electrónicos y sus números de teléfono. También preguntar por los viajes internacionales, por deportaciones (si las hubiera) y por posibles implicaciones de algún familiar en actividades terroristas.
Entre los solicitantes de visado que tendrán que especificar el nombre de usuario en sus redes están estudiantes, turistas, inversores y trabajadores (entre otros). Quedarán excluidos algunos solicitantes de visas diplomáticas u oficiales.
“Este plan infringe los derechos de los inmigrantes y de los ciudadanos estadounidenses al vulnerar la libertad de expresión y asociación […] La gente ahora se preguntará si lo que dicen en internet puede ser tergiversado o malinterpretado por un empleado del gobierno” -expresó en un comunicado Hinna Shamsi, directora del proyecto de seguridad de ACLU.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
Los colombianos comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán si el país mantiene el respaldo a la izquierda en el poder o apuesta por un giro hacia la derecha, en un contexto marcado por la violencia y la polarización política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la jornada electoral acompañado de una de sus hijas e hizo un llamado a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.
Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras impulsar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza monetaria, el hambre y el desempleo, además de la ampliación de programas sociales.
Según las encuestas citadas en el proceso electoral, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto. El senador propone dar continuidad a las políticas impulsadas por el actual gobierno en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.
Entre sus principales contendientes se encuentra Abelardo de la Espriella, quien mantiene un discurso crítico hacia la izquierda y ha centrado su propuesta en el combate al crimen organizado. También figura la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.
Los sondeos anticipan que ningún candidato alcanzará los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 21 de junio.
La autoridad electoral informó que la jornada se extenderá hasta las 21:00 GMT y espera divulgar los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. Asimismo, las autoridades desplegaron 408,000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el proceso.
La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de polarización política, marcado por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y la ausencia de debates entre algunos de los principales candidatos.
En distintas regiones del país, ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los niveles de conflicto que afectan a varias comunidades.
El Congreso mexicano, dominado por el oficialismo, concluyó el viernes la aprobación de una reforma constitucional que busca anular elecciones en las que se compruebe que en el resultado influyó una intervención extranjera.
La iniciativa, lanzada por el partido Morena (izquierda), fue aprobada ayer en el Senado tras ser votada el jueves por los diputados, pero aún requiere de leyes secundarias para ser aplicada.
Por otro lado, el parlamento bicameral movió los comicios judiciales para 2028, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otra iniciativa presidencial que fue aprobada con el voto del oficialismo es la creación de una comisión dentro de la autoridad electoral que vete posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado.
Tras la votación en el Sanado, el artículo 41 de la Constitución plantea ahora la nulidad de una elección cuando «se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados».
Esta reforma sobre injerencia despertó, no obstante, preocupación entre opositores y expertos, que alertan sobre la discrecionalidad de su aplicación.
Pero la propuesta complementaria que reformaba leyes secundarias relativas a las causales de nulidad de una elección fue retirada la tarde del jueves por Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena y autor del proyecto.
Esto deja a la reforma constitucional sin una normativa para aplicarse.
Monreal dijo que las leyes secundarias requieren de «un mayor periodo de reflexión» y de construir «consensos parlamentarios».
José Antonio Crespo, experto en materia electoral, dijo a la AFP que la propuesta original es «tan vaga» que puede ser utilizada como un «elemento de abuso», sobre todo por parte del oficialismo.
«Si se quiere incorporar un elemento de nulidad que tenga que ver con la intervención extranjera tendría que ser muy preciso», añadió.
De ser aprobadas las leyes secundarias, esta reforma sobre la intervención extrajera se aplicaría en las elecciones generales de 2030.
El próximo año México celebra comicios intermedios en las que se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
