Internacionales
Hombre que fue puesto en libertad tras pasar 28 años en prisión por error, muere antes del juicio a los agentes que lo acusaron
William Virgil, un afroamericano que pasó 28 años en prisión por violación y asesinato antes de que las pruebas de ADN demostraran que nunca agredió a la víctima, ya no podrá enfrentarse en el juzgado contra los dos agentes de policía que acusó de imputarle el crimen. Virgil murió el 2 de enero, casi seis años después de presentar su demanda.
Virgil, condenado en 1988 por abusar y apuñalar mortalmente a una mujer, demandó a las ciudades estadounidenses de Norwood, Cincinnati y Newport por entrenar mal a sus policías, así como a varios oficiales por ocultar y fabricar pruebas contra él. Virgil argumentó en la demanda que le imputaron el crimen por motivos raciales, informan medios locales.
El juicio civil había sido programado para el pasado mes de agosto, sin embargo, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, David Bunning, aplazó el caso para que los oficiales pudieran apelar.
El abogado de Virgil, Elliot Slosar, a su vez, criticó que el retraso es una táctica dilatoria y advirtió que su cliente, de 69 años, podría no sobrevivir a al aplazamiento de un año.
En respuesta, Jeff Mando, que representa a los exagentes de policía de Newport Marc Brandt y Norm Wagner, aseveró que no se trata de ninguna táctica dilatoria, sino de un derecho fundamental a recurrir a un tribunal superior.
Según los documentos judiciales, Virgil siempre mantuvo su inocencia. En 2010, un grupo abogados de Kentucky (EE.UU.), en el marco de un proyecto, se interesaron por su caso y ganaron una moción para realizar pruebas de ADN. Unos análisis que, posteriormente, demostraron que la víctima fue violada y asesinada por otra persona. Más tarde, Virgil fue exonerado de los crímenes y puesto en libertad.
La denuncia de Virgil se encuentra ahora ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EE.UU. y, dependiendo del resultado, el juicio podría celebrarse en 2023.
«Al igual que a muchos otros, el sistema de justicia penal falló a William. Le falló a su familia», dijo Slosar. «Es difícil no sentir que el sistema le ha fallado de nuevo al permitir que su demanda se prolongara lo suficiente como para que no pudiera ver el final [del juicio]», lamentó.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
