Internacionales
Hallan envuelto en una sábana y con signos de violencia el cuerpo de la presentadora y modelo mexicana Michelle Pérez Tadeo
La presentadora de televisión, actriz y modelo mexicana Michelle Pérez Tadeo, de 29 años, y conocida como Michell Simón, fue encontrada sin vida el lunes y con signos de violencia al sur de Ciudad de México. El crimen podría sumarse al de los otros cinco periodistas asesinados en este país en lo que va de año, aunque de momento las investigaciones apuntan a un feminicidio y no establecen relaciones con su trabajo.
El portavoz de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, informó que el cuerpo de la joven fue localizado por trabajadores de una zona ejidal cuando mitigaban un incendio en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, alcaldía de Tlalpan. La prensa indica que la presentadora estaba envuelta en una sábana y presentaba golpes.
Las autoridades han abierto «diferentes líneas de investigación» y «se mantienen en contacto directo con familiares y amistades de la víctima para obtener información que pueda coadyuvar en las indagatorias que permitan esclarecer la muerte de la víctima».
Por el momento, los agentes de la Policía de Investigación (PDI) han realizado entrevistas e inspecciones en el lugar de los hechos.
La Fiscalía reiteró que una de «sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género» e «investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres».
Los familiares, que denunciaron el pasado domingo su desaparición, están recibiendo «asistencia jurídica, psicológica, social y económica».
Michelle, que tenía una hija de cuatro años, era originaria del estado de Veracruz y se trasladó a Ciudad de México en 2013 en busca de trabajo. Actualmente, era conductora del programa deportivo ‘Hoy Fútbol’ del canal AymSports.
«Me aterra pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir (…) Yo uso el transporte público y muero de miedo, no puedo vestirme como me gusta si no voy en auto o si no estaré en un lugar ‘seguro’ me preocupa cuando mi mama, prima, o amiga no responde el teléfono», escribió en una publicación de hace dos años en su Facebook con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Protesta de periodistas
En principio, la muerte de Michelle es investigada como un feminicidio, pero se ha producido en medio de una serie de protestas por parte del gremio de periodistas, que exigen justicia para los compañeros asesinados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la semana pasada «confianza» en las investigaciones sobre algunos de esos crímenes y dijo que el trabajo continuará hasta detener a los responsables materiales e intelectuales porque el compromiso es que no haya impunidad.
Según un informe publicado esta semana por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre 2011 y 2020, al menos nueve periodistas fueron asesinados encontrándose bajo protección del Estado en México.
«La mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de comunicadores se concentraron en entidades federativas que sufrieron la intensa presencia del crimen organizado y, en algunas regiones del país, la violencia y la intimidación fueron perpetradas por grupos armados que aparentemente mantenían vínculos con grupos políticos», enfatiza RSF.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
