Internacionales
FOTOS | Lágrimas, desaparecidos y muertos en el puerto de Beirut
En una de las entradas del puerto de Beirut, una veinteañera corre gritando el nombre de su hermano. Se llama Jad y tiene los ojos verdes, dice, aturdida. Las fuerzas de seguridad le prohíben pasar.
A pocos metros de allí, otra mujer desesperada busca a su hermano después de las explosiones potentes en el puerto de la capital libanesa que causaron al menos 73 muertos y 3.700 heridos, provocando destrozos sin precedentes en la ciudad y traumatizando a los habitantes.
Durante más de tres horas el trajín de las ambulancias no cesa, con las sirenas ululando. Entran en la zona siniestrada y salen cargadas de víctimas.
En el epicentro de la explosión, el panorama es apocalíptico: los contenedores parecen latas de conserva retorcidas, el contenido se ha volcado en el suelo. Las llamas y las nubes de humo negro se elevan al cielo. Los helicópteros del ejército intentan apagarlas con el agua recogida en el mar. En vano.
El fuego devora un barco amarrado frente al puerto. En el muelle los guardias de seguridad temen que los tanques de carburante exploten.
Tres horas después de la catástrofe, un cuerpo yace en el suelo. A su lado hay una maleta intacta.
El suelo está lleno de maletas, gafas, zapatos, pero también carpetas y papeles de las oficinas cercanas, que salieron volando por la explosión.
A unas decenas de metros se ven hileras de coches importados, todos ellos dañados por la explosión, que los ha descontrolado: los faros parpadean y las alarmas acompañan el ulular de las sirenas.
– Cuerpos despedazados –
Algunos bomberos, perplejos, buscan a colegas que estaban intentando apagar un incendio desatado justo antes de la explosión masiva, según uno de ellos.
Los socorristas, con la ayuda de agentes de seguridad, buscan a supervivientes o muertos atrapados bajo los escombros.
Uno de ellos grita a los periodistas: «¿Qué estás grabando? ¡Hay cuerpos hechos pedazos por todas partes!».
Cerca de allí, unos guardias de seguridad llevan el cadáver de un camarada. Uno de ellos se echa a llorar. Otro saca el teléfono para mostrar la foto del difunto. «Aquí lo tienes, el día de su boda».
Entre los heridos hay miembros sirios y egipcios de la tripulación de barcos que llegaron este martes al puerto, incluido uno de Ucrania que transporta trigo a Siria.
«Hace seis meses que esperamos el momento de nuestro regreso a Siria. Somos 13 jóvenes. Siete de nosotros resultaron heridos», cuenta uno de ellos.
Otro menciona una grieta en el armazón del buque, el «Mero Star». «El barco se está hundiendo, con la explosión ha habido heridos graves a bordo».
En todos los barrios de la capital, incluso en los suburbios, los corresponsales de la AFP han visto destrozos causados por las explosiones que sacudieron la ciudad y desataron el pánico en las terrazas de las cafeterías.
En los edificios, los habitantes inspeccionan los daños. Los vidrios de las ventanas estallaron, las vitrinas de los comercios, también, esparciendo una alfombra de cristales en las aceras. Varios hospitales de la ciudad no dan abasto con los heridos que llegan.
MÁS INFORMACIÓN
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
