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Fiscalía de México afirma que tiene pruebas de un presunto soborno de «varios millones de pesos» entregado al juzgado que liberó a ‘el Mochomo’
La Fiscalía General de la República (FGR) de México, aseguró este jueves que tiene pruebas de un presunto soborno millonario que fue entregado al personal del juzgado que ordenó la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, ‘el Mochomo’, implicado en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
En un comunicado publicado este día, la dependencia informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene «intervenciones» autorizadas por un juez, sobre un soborno «por varios millones de pesos», realizado por allegados a ‘el Mochomo’, y que habría sido entregado «a personal del juzgado» que decretó la libertad de Casarrubias Salgado.
La FGR señaló al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México de desechar 21 pruebas que fueron admitidas en la investigación iniciada en 2014 contra ‘el Mochomo’, pese a que eran «válidas».
El martes de esta semana, una jueza federal ordenó la liberación de ‘el Mochomo’, quien había sido detenido el pasado miércoles 24 de junio en Metepec, Estado de México, y encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Altiplano, en Almoloya de Juárez.
Al día siguiente, ‘el Mochomo’ salió del penal tras el fallo judicial, pero fue reaprehendido minutos después por personal de la FGR, que presentó una nueva orden de captura contra Casarrubias, ahora por delincuencia organizada.
Mientras ‘el Mochomo’ enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el cártel Guerreros Unidos, la FGR ha informado que solicitará una nueva orden de captura contra él, por hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, que fue la principal acusación que llevó a su detención hace una semana.
Combate a la corrupción
La orden de liberación de ‘el Mochomo’, dictada por una jueza federal, causó un gran impacto al interior del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante su conferencia matutina, López Obrador explicó que la corrupción alcanzó todos los sectores de la administración pública, por lo cual, se ha iniciado un proceso de «limpia» tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial.
Horas después, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano encargado de la administración y vigilancia del Poder Judicial, informó en un comunicado que presentó una denuncia interna sobre «posibles actos de corrupción y vicios jurídicos» en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
«Se trata de deslindar responsabilidades de manera contundente», señaló el CJF, tras el escándalo por la orden de liberación de ‘el Mochomo’.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
