Internacionales
FDA limita a la población que puede recibir la vacuna Covid de Johnson & Johnson
Todo los seres humanos somos conscientes del gran reto que nos vino a imponer la pandemia de Covid, en todos los sentidos pero particularmente en en el campo de la medicina, en donde diversos expertos en salud trabajaron arduamente para poder crear una vacuna en tiempo récord que pudiera hacerle frente al virus.
Aunque a más de un año de haber iniciado global mente la campaña de vacunación contra el Covid, en donde se ha podido comprobar que aquellas certificadas por los organismos regulatorios de salud de todo el mundo son seguras, lo cierto es que hay alguna que otra cuyos efectos secundarios preocupan.
Ese es el caso de la vacuna de Johnson & Johnson y por ello, este jueves la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), anunció que se ha limitado la población a la cual se le puede aplicar esta vacuna debido a que se ha registrado un riesgo continuo de la formación de coágulos de sangre, raros pero graves.
La FDA indicó que la vacuna de Johnson & Johnson solo deberá administrarse a adultos que no puede recibir una vacuna diferente o que la han solicitado de forma específica.
Sobre el tema, las autoridades de salud de EE.UU. desde hace ya tiempo han recomendado a la población que opten por primeras dosis de vacunas anti-Covid de Pfizer o Moderna.
A través de un comunicado, los funcionarios de la FDA dijeron en un comunicado que decidieron restringir la vacuna de Johnson & Johnson después de analizar de nuevo los datos sobre el riesgo de coágulos sanguíneos potencialmente mortales dentro de las 2 semanas posteriores a la vacunación.
La vacuna de Johnson & Johnson inicialmente se consideró una herramienta importante en la lucha contra la pandemia porque solo requería una inyección. Pero la opción de dosis única resultó menos efectiva que dos dosis de otras vacunas.
Y respecto al tema de la formación de coágulos de sangre relacionados a la aplicación de dicha vacuna, aunque realmente son raros los casos, aún se siguen registrando.
Científicos federales identificaron 60 casos, incluidos 9 que fueron fatales, a mediados de marzo. Eso equivale a un caso de coágulo de sangre por cada 3.23 millones de inyecciones de J&J administradas, explicó la FDA.
Además, a esta vacuna se le agregará una advertencia más clara acerca de las posibles “consecuencias para la salud debilitantes y a largo plazo” del efecto secundario.
A pesar de la restricción, el jefe de vacunas de la FDA, el Dr. Peter Marks, dijo que la vacuna de Johnson & Johnson “todavía tiene un papel en la respuesta pandémica actual en los Estados Unidos y en toda la comunidad mundial”.
Aunque también se ha comprobado que una de las repercusiones que puede traer al organismo el enfermar de coronavirus es desarrollar algún problema de trombosis, lo cierto es que la relacionada con las vacunas tiene un mecanismo de acción diferente.
Generalmente, los coágulos derivados de las vacunas se forman en sitios inusuales, como las venas que llevan sangre al cerebro, así como en pacientes que también desarrollan niveles anormalmente bajos de plaquetas que forman coágulos.
Los síntomas de los coágulos inusuales derivados de la vacuna de Johnson & Johnson incluyen fuertes dolores de cabeza una o 2 semanas después de su aplicación, no de inmediato, así como dolor abdominal y náuseas.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
