Internacionales
Ex sicario de Pablo Escobar es arrestado en Colombia por amenazas y extorsión
El ex jefe de sicarios del cártel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias «Popeye», quedó detenido este viernes cuando se presentó a las instalaciones de la Fiscalía en La Alpujarra, en Antioquia.
De acuerdo a El Tiempo, allí fue notificado de dos procesos que existen en su contra, por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.
La Policía le confirmó al mismo periódico que cuentan con varias denuncias contra «Popeye» por presiones ligadas a cobros y extorsiones.
«Él pretendía recuperar bienes, dinero que dejó hace años en manos de narcos y que muy seguramente heredaron o recibieron familiares de los mismos. A ellos se los que venía presionando y son los que lo denunciaron», señaló la fuente.
Esta semana, «Popeye» volvió a ser noticia en Colombia por sus amenazas al candidato presidencial Gustavo Petro y a sus seguidores.
«Maldit@s petristas denuncian mi TW. Los odio. Si no me puedo expresar… mi Fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto, no lloren que no habrá compasión. Amo a Colombia, soy un guerrero Santo. Y peleo por la familia del No, mi familia…. Dios, cuanto l@s odio», se leyó en uno de los tuits de «Popeye».
En los últimos días, el ex matón principal del cártel de Medellín ha hecho publicaciones similares, con fuertes amenazas a lo que él llama «colectivos petristas». Dijo que si el ejército no acaba con la «nueva guerrilla», la combatirá la ultraderecha con «fiereza», e intimidó diciendo que «las armas es fácil encontrarlas».
Los tuits se realizaron luego del cierre de campaña de Petro en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana el pasado viernes 18 de mayo.
Durante el evento, que contó con una asistencia masiva, el ex alcalde de Bogotá y ex miembro de la guerrilla M-19 (desmovilizada en 1990)invitó a sus seguidores a tomar las principales plazas del país este domingo 27 de mayo, después del cierre de las urnas, para rechazar un «fraude electoral».
«Popeye» se refirió a los seguidores de Petro que asistieron al evento como «asesinos brutales», a lo que varios internautas le respondieron con apoyo a sus declaraciones. A uno le contestó: «A los colectivos petristas los combatiremos con todo. Con todo es con todo», respuesta que utilizó el candidato para denunciar una nueva amenaza con él.
Horas más tarde, «Popeye» fue denunciado por el senador de izquierda Iván Cepeda y la fiscalía abrió una investigación.
En diciembre pasado, el ex sicario de Escobar había sido detenido tras un operativo en una fiesta narco en la que se encontraba. Se pronunció luego de haber sido captado en un cumpleaños donde arrestaron al narcotraficante más buscado de Colombia, hecho que puso en riesgo su libertad condicional.
En una cadena de tuits, en ese momento aseguró que «no es delito ir a una fiesta», para luego agregar que estaba «en el lugar equivocado».
Además, calificó como «ratas miserables« a aquellos críticos que exigieron su regreso a prisión, y dijo no sentir miedo de volver a estar tras las rejas.
Sin embargo, lo más llamativo fue que ante la evidencia de esa posibilidad anunció quecastigará a la fiscalía a cargo de la investigación quitando su colaboración sobre las causas del cártel de Medellín.
Y luego él mismo posteó una encuesta en la que tuvo un resultado muy negativo: más del 50 por ciento de las 10 mil personas que respondieron que quieren que vuelva a prisión.
Los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) mantendrán sus protecciones migratorias mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no tome una decisión sobre el futuro del programa, según una declaración oficial difundida ayer.
“Se hará un anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”, señala la declaración enviada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
El mismo mensaje fue incorporado a la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
La protección migratoria para los salvadoreños estaba programada para expirar el 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, mientras el DHS no anuncie una determinación, se mantiene vigente el mecanismo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta disposición establece que, si no se determina que un país ha dejado de cumplir las condiciones necesarias para mantener el TPS, la designación se extiende por un período adicional de seis meses. La ley también permite una extensión de 12 o 18 meses, a discreción del secretario.
Este mecanismo ya tiene precedentes. Uno de ellos ocurrió con el TPS del Líbano, cuya designación vencía el 27 de mayo, pero, al no existir una decisión final del DHS, se extendió automáticamente por seis meses.
El TPS para El Salvador se encuentra vigente desde 2001, cuando fue otorgado después de los dos terremotos que afectaron al país. Desde entonces, la designación ha sido extendida en múltiples ocasiones.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) recordó que, al no pronunciarse el DHS, se activa automáticamente la extensión de seis meses contemplada en la INA, por lo que considera que continúan vigentes las medidas de protección migratoria y los permisos de trabajo.
“Exigimos que el Gobierno cumpla con la extensión automática de seis meses para que los neoyorquinos salvadoreños puedan vivir y trabajar sin miedo”, señaló la organización.
La última vigencia del TPS para El Salvador deriva de una extensión de 18 meses aprobada por el DHS en enero de 2025. Esta estableció el período comprendido entre el 10 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de 2026.
La designación había sido previamente objeto de una larga disputa judicial. En junio de 2023, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rescindió aquella decisión de terminación y posteriormente el DHS aprobó una nueva extensión de 18 meses para los salvadoreños.
Actualmente, el Pew Research Center estima que cerca de 170,100 salvadoreños permanecen bajo el TPS en Estados Unidos. Esta cifra no incluye a quienes ya obtuvieron la residencia permanente o se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.
Después de 25 años, algunos grupos de beneficiarios del TPS pueden contar con otras vías para regularizar su situación migratoria, entre ellos quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, padres de ciudadanos mayores de 21 años, hijos de ciudadanos o personas que mantienen algún otro proceso migratorio o una solicitud de asilo pendiente.
Según FWD.us, una organización estadounidense de defensa de políticas públicas, alrededor de 170,000 salvadoreños beneficiarios del TPS viven en Estados Unidos.
Los principales estados donde residen son California, con 36,000; Texas, con 28,000; Maryland, con 23,000; Nueva York, con 17,000; y Virginia, con 11,000.
FWD.us también estima que los salvadoreños bajo el TPS aportan $5,400 millones anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de $1,500 millones cada año en impuestos federales, estatales y locales.
En cuanto a los sectores laborales, alrededor de 36,000 salvadoreños con TPS trabajan en la construcción; 32,000, en edificios y mantenimiento de terrenos; 23,000, en transporte; 18,000, en manufactura; y 12,000, en servicios de alimentación.
La organización advierte que retirar a los beneficiarios del TPS de sus empleos podría elevar los costos para los estadounidenses. Además, estima que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones de sus padres salvadoreños beneficiarios del TPS, lo que representa otro frente de debate sobre el futuro del programa.
El juicio por la muerte de Diego Maradona inició este martes una nueva etapa con los primeros testimonios presentados por las defensas. Dos especialistas en adicciones respaldaron un tratamiento similar al que recibió el astro argentino del fútbol, aunque aclararon que sus declaraciones se realizaron en términos generales y sin referirse directamente al caso.
La defensa del psicólogo Carlos Díaz buscó demostrar que la adicción de Maradona al alcohol y a los psicofármacos no era suficiente, por sí sola, para justificar una internación contra su voluntad.
Durante la audiencia, el sociólogo especializado en adicciones Ignacio O’Donnell sostuvo que una persona que no se encuentra consumiendo sustancias y logra mantenerse sin hacerlo no requiere necesariamente una internación.
El siguiente testigo, el psicólogo Damián Barreiro, coincidió con O’Donnell y afirmó que una persona que consume sustancias no está, por ese solo hecho, incapacitada. Según explicó, para disponer una internación contra su voluntad debe existir un riesgo inminente para la propia persona o para terceros.
Ambos especialistas señalaron que sus declaraciones eran de carácter general y que no conocían los pormenores del caso de Maradona.
El exfutbolista murió durante una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones se encuentran en el centro del debate judicial. Semanas atrás, dos peritos convocados por la parte acusatoria declararon que Maradona habría tenido que ser internado de manera forzosa debido a que, según ellos, “no estaba en sus cabales”.
Maradona había sido trasladado a una casa ubicada en Tigre, al norte de Buenos Aires, después de ser operado de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.
El 25 de noviembre de ese mismo año fue encontrado muerto en su habitación. La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.
Durante el proceso, peritos convocados por la fiscalía también señalaron que Maradona debió haber permanecido internado en un hospital y que, durante las semanas previas a su muerte, presentó signos de desmejoría que debieron alertar a los profesionales responsables de su atención.
El juicio se desarrolla en un tribunal de San Isidro, cerca de Tigre, y además de Carlos Díaz tiene como acusados a otros seis profesionales de la salud.
Todos enfrentan acusaciones por homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte de Maradona. De ser declarados culpables, arriesgan hasta 25 años de prisión.
El juicio comenzó en abril y podría concluir en octubre, luego de que varias de las defensas desistieran de algunos testigos con el objetivo de agilizar el proceso.
Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23, fueron asesinadas mientras laboraban en su negocio de venta de ropa usada, ubicado en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información proporcionada, ambas mujeres perdieron la vida de forma instantánea tras ser atacadas al interior del establecimiento comercial.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo de seguridad y acordonaron ampliamente la escena, a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que podría estar relacionado con una extorsión que las mujeres presuntamente se habrían negado a pagar.
En Guatemala, las estadísticas oficiales reflejan que el delito de la extorsión continúa afectando al sector comercial y al transporte en el territorio nacional.
