Internacionales
Ex sicario de Pablo Escobar es arrestado en Colombia por amenazas y extorsión
El ex jefe de sicarios del cártel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias «Popeye», quedó detenido este viernes cuando se presentó a las instalaciones de la Fiscalía en La Alpujarra, en Antioquia.
De acuerdo a El Tiempo, allí fue notificado de dos procesos que existen en su contra, por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.
La Policía le confirmó al mismo periódico que cuentan con varias denuncias contra «Popeye» por presiones ligadas a cobros y extorsiones.
«Él pretendía recuperar bienes, dinero que dejó hace años en manos de narcos y que muy seguramente heredaron o recibieron familiares de los mismos. A ellos se los que venía presionando y son los que lo denunciaron», señaló la fuente.
Esta semana, «Popeye» volvió a ser noticia en Colombia por sus amenazas al candidato presidencial Gustavo Petro y a sus seguidores.
«Maldit@s petristas denuncian mi TW. Los odio. Si no me puedo expresar… mi Fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto, no lloren que no habrá compasión. Amo a Colombia, soy un guerrero Santo. Y peleo por la familia del No, mi familia…. Dios, cuanto l@s odio», se leyó en uno de los tuits de «Popeye».
En los últimos días, el ex matón principal del cártel de Medellín ha hecho publicaciones similares, con fuertes amenazas a lo que él llama «colectivos petristas». Dijo que si el ejército no acaba con la «nueva guerrilla», la combatirá la ultraderecha con «fiereza», e intimidó diciendo que «las armas es fácil encontrarlas».
Los tuits se realizaron luego del cierre de campaña de Petro en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana el pasado viernes 18 de mayo.
Durante el evento, que contó con una asistencia masiva, el ex alcalde de Bogotá y ex miembro de la guerrilla M-19 (desmovilizada en 1990)invitó a sus seguidores a tomar las principales plazas del país este domingo 27 de mayo, después del cierre de las urnas, para rechazar un «fraude electoral».
«Popeye» se refirió a los seguidores de Petro que asistieron al evento como «asesinos brutales», a lo que varios internautas le respondieron con apoyo a sus declaraciones. A uno le contestó: «A los colectivos petristas los combatiremos con todo. Con todo es con todo», respuesta que utilizó el candidato para denunciar una nueva amenaza con él.
Horas más tarde, «Popeye» fue denunciado por el senador de izquierda Iván Cepeda y la fiscalía abrió una investigación.
En diciembre pasado, el ex sicario de Escobar había sido detenido tras un operativo en una fiesta narco en la que se encontraba. Se pronunció luego de haber sido captado en un cumpleaños donde arrestaron al narcotraficante más buscado de Colombia, hecho que puso en riesgo su libertad condicional.
En una cadena de tuits, en ese momento aseguró que «no es delito ir a una fiesta», para luego agregar que estaba «en el lugar equivocado».
Además, calificó como «ratas miserables« a aquellos críticos que exigieron su regreso a prisión, y dijo no sentir miedo de volver a estar tras las rejas.
Sin embargo, lo más llamativo fue que ante la evidencia de esa posibilidad anunció quecastigará a la fiscalía a cargo de la investigación quitando su colaboración sobre las causas del cártel de Medellín.
Y luego él mismo posteó una encuesta en la que tuvo un resultado muy negativo: más del 50 por ciento de las 10 mil personas que respondieron que quieren que vuelva a prisión.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
