Internacionales
Estados Unidos solicita a Honduras la extradición del expresidente, Juan Orlando Hernández
El gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, señalado por la justicia de ese país por narcotráfico.
La noticia fue confirmada por el vicepresidente hondureño, Salvador Nasralla, a la agencia de noticias AP.
Previamente, la Cancillería de Honduras había dicho en Twitter que notificó a la Corte Suprema de Justicia del país que la Embajada de Estados Unidos había solicitado formalmente el arresto de un político hondureño con fines de extradición.
Y la Corte Suprema convocó a una sesión de emergencia este martes para nombrar un juez para analizar la solicitud.
La mañana de este martes, el expresidente hondureño, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, publicó en sus redes sociales un audio en el que asegura que está «presto y listo para colaborar» y entregarse voluntariamente cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designe a un juez natural.
«No es un momento fácil, a nadie se lo deseo», aseguró Hernández en un mensaje grabado, presuntamente desde su casa en Tegucigalpa.
Tal como se ve en imágenes de medios locales, los alrededores de la residencia de Hernández en Tegucigalpa continúan este martes bajo un riguroso dispositivo de seguridad desde el lunes en la noche.
«(Quiero) Dejar en claro el atropello que está enfrentando mi representado Juan Orlando Hernández», le dijo a una televisora local el abogado Hermes Ramírez, en relación a la presencia de uniformados cerca de residencia.
Ramírez dijo que el exmandatario se encontraba en su residencia y aclaró, en un video difundido en redes sociales junto al también abogado Félix Ávila, que aún no hay una orden de captura contra su defendido.
Hernández ha negado previamente los señalamientos en su contra y asegura que durante su gobierno combatió el narcotráfico.
La pasada semana, Estados Unidos anunció que había sancionado al expresidente al vetarle la entrada al país.
Juan Orlando Hernández se unió al Parlamento Centroamericano(Parlacen) tras dejar la presidencia, lo que según su abogado, le garantiza inmunidad.
El Parlacen otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, aunque esa protección puede ser eliminada o suspendida si así lo solicita el país de origen de un miembro.
Hernández gobernó Honduras durante ocho años, aunque la Constitución del país no permite la reelección presidencial.
Sin embargo, un fallo del Tribunal Supremo, de mayoría oficialista, lo autorizó a presentarse para un segundo mandatoen 2017.
Aquella elección no estuvo exenta de polémica. Luego de que el sistema de recuento de votos dejara de funcionar, Hernández comenzó a ganar ventaja en las votaciones y fue declarado ganador, lo que provocó masivas protestas que dejaron varios muertos.
Aunque el gobierno de EE.UU. reconoció su victoria, fiscales estadounidenses revelaron después que abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como coconspirador en en el juicio a su hermano, quien fue condenado a cadena perpetua en 2021.
Uno de los testigos en el caso fue un excontador de una arrocera hondureña que dijo haber visto cómo el actual presidente recibió maletines con dinero del narco, con el que buscó asociarse con un laboratorio de cocaína y habló reservadamente sobre «la protección y el trasiego de drogas».
Cuando en el juicio a su hermano y en el del hondureño Geovanny Fuentes surgieron testimonios que lo comprometían, el entonces mandatario los rechazó como provenientes de criminales que querían vengarse de sus acciones contra el narcotráfico y reducir sus propias condenas en EE.UU.
«Cualquier narrativa sobre la batalla contra el narcotráfico en Honduras que omita la reducción sin precedentes del 95% (datos oficiales de USA) que logramos, generalmente es solo un vehículo para titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos», tuiteó Hernández en ese entonces.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
