Internacionales
Estados Unidos solicita a Honduras la extradición del expresidente, Juan Orlando Hernández
El gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, señalado por la justicia de ese país por narcotráfico.
La noticia fue confirmada por el vicepresidente hondureño, Salvador Nasralla, a la agencia de noticias AP.
Previamente, la Cancillería de Honduras había dicho en Twitter que notificó a la Corte Suprema de Justicia del país que la Embajada de Estados Unidos había solicitado formalmente el arresto de un político hondureño con fines de extradición.
Y la Corte Suprema convocó a una sesión de emergencia este martes para nombrar un juez para analizar la solicitud.
La mañana de este martes, el expresidente hondureño, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, publicó en sus redes sociales un audio en el que asegura que está «presto y listo para colaborar» y entregarse voluntariamente cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designe a un juez natural.
«No es un momento fácil, a nadie se lo deseo», aseguró Hernández en un mensaje grabado, presuntamente desde su casa en Tegucigalpa.
Tal como se ve en imágenes de medios locales, los alrededores de la residencia de Hernández en Tegucigalpa continúan este martes bajo un riguroso dispositivo de seguridad desde el lunes en la noche.
«(Quiero) Dejar en claro el atropello que está enfrentando mi representado Juan Orlando Hernández», le dijo a una televisora local el abogado Hermes Ramírez, en relación a la presencia de uniformados cerca de residencia.
Ramírez dijo que el exmandatario se encontraba en su residencia y aclaró, en un video difundido en redes sociales junto al también abogado Félix Ávila, que aún no hay una orden de captura contra su defendido.
Hernández ha negado previamente los señalamientos en su contra y asegura que durante su gobierno combatió el narcotráfico.
La pasada semana, Estados Unidos anunció que había sancionado al expresidente al vetarle la entrada al país.
Juan Orlando Hernández se unió al Parlamento Centroamericano(Parlacen) tras dejar la presidencia, lo que según su abogado, le garantiza inmunidad.
El Parlacen otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, aunque esa protección puede ser eliminada o suspendida si así lo solicita el país de origen de un miembro.
Hernández gobernó Honduras durante ocho años, aunque la Constitución del país no permite la reelección presidencial.
Sin embargo, un fallo del Tribunal Supremo, de mayoría oficialista, lo autorizó a presentarse para un segundo mandatoen 2017.
Aquella elección no estuvo exenta de polémica. Luego de que el sistema de recuento de votos dejara de funcionar, Hernández comenzó a ganar ventaja en las votaciones y fue declarado ganador, lo que provocó masivas protestas que dejaron varios muertos.
Aunque el gobierno de EE.UU. reconoció su victoria, fiscales estadounidenses revelaron después que abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como coconspirador en en el juicio a su hermano, quien fue condenado a cadena perpetua en 2021.
Uno de los testigos en el caso fue un excontador de una arrocera hondureña que dijo haber visto cómo el actual presidente recibió maletines con dinero del narco, con el que buscó asociarse con un laboratorio de cocaína y habló reservadamente sobre «la protección y el trasiego de drogas».
Cuando en el juicio a su hermano y en el del hondureño Geovanny Fuentes surgieron testimonios que lo comprometían, el entonces mandatario los rechazó como provenientes de criminales que querían vengarse de sus acciones contra el narcotráfico y reducir sus propias condenas en EE.UU.
«Cualquier narrativa sobre la batalla contra el narcotráfico en Honduras que omita la reducción sin precedentes del 95% (datos oficiales de USA) que logramos, generalmente es solo un vehículo para titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos», tuiteó Hernández en ese entonces.
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Autoridades rescatan a bebé abandonado en un basurero
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
Internacionales
Perú refuerza medidas contra el crimen organizado en Lima y Callao
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.







