Internacionales
El Chapo Guzmán ofreció 50 millones de dólares y empresas de Sinaloa a agente, a cambió de su libertad
Era el 8 de enero de 2016 y un oficial de la ahora extinta Policía Federal (PF) realizó en Los Mochis, Sinaloa, una detención fortuita que llevaría al llamado juicio del siglo: arrestó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien se había protagonizado una espectacular fuga de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y a su jefe de sicarios Orso Iván Gastélum, El Cholo.
El día que El Chapo Guzmán fue detenido por tercera ocasión, el agente de la División de Seguridad Regional, al que por razones de seguridad se identifica como Tiburón tenía la asignación de realizar tareas de vigilancia en la carretera Los Mochis-Navojoa cuando recibió la orden de estar la pendiente de un auto Focus rojo que había sido robado y que probablemente se dirigía a ese punto.
Tal como se lo habían advertido, vislumbró el auto y le puso el alto sin saber que a bordo viajaban Guzmán Loera y El Cholo, del cártel de Sinaloa, quienes habían logrado burlar el cerco de la Marina escapándose por una alcantarilla.
«Comandante dígame qué quiere, pero ya écheme la mano (…) es más, le dejo 50 millones de dólares para que no vuelva a trabajar nunca en su vida”, le habría dicho El Chapo Guzmán al agente, según el diario Milenio, que tuvo acceso a las declaraciones de Tiburón, que forma parte de un recuento de historias de éxito, heroísmo, tragedia y sobrevivencia acumuladas en el blog de la PF, que desapareció este primer día del año para dar paso a la Guardia Nacional.
Ante la negativa del agente, El Cholo Iván también intentó intervenir a favor del Chapo al decirle al oficial “comandante, traigo al patrón, échenme la mano”.
Sin embargo, Tiburón los esposó y los subió a la patrulla y junto con su compañero los llevó a los dos a un hotel mientras llegaban los refuerzos.
“Ayúdeme y no va a volver a trabajar. Comandante, dígame qué quiere pero ya écheme la mano”, le dijo Guzmán Loera quien le ofreció como regalo, además del dinero, empresas que tenía en Sinaloa.
“Ahorita, espérese. Ahorita vemos qué hacemos”, le habría señalado el oficial, ante lo cual como respuesta recibió un “comandante, no se vale. Tanto huir y tanto dinero para que usted venga y me entregue. No se vale”.
Sin embargo, las súplicas tampoco conmovieron al agente de la PF quien le habría respondido con un tajante “también entiéndame, estoy haciendo mi trabajo. Nadie me dijo que ahí venía usted. Yo soy policía y estoy haciendo mi trabajo. No vaya a creer que alguien me avisó”.
El resto de la historia es de todos conocida, Guzmán Loera y El Cholo Iván fueron entregados a la Marina y enviados a cárceles de máxima seguridad.
Poco después de un año, en enero de 2017, el Chapo fue extraditado a Estados Unidos donde protagonizó el llamado “juicio del siglo” en el que fue juzgado por 10 cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.
Recibió una sentencia de cadena perpetua e inmediatamente fue recluido en la prisión ADX Florence, conocida como la más segura y brutal de Estados Unidos, donde sus abogados asegura, que permanece en condiciones inhumanas que han deteriorado su estado de salud, ya que sólo puede salir de su celda una hora al día para tomar el sol dentro de una jaula en el patio de la prisión y como no habla inglés, son pocas las personas con las que puede tener contacto verbal.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
