Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
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Cerca de las 08H00 locales (11H00 GMT), el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó la barrera de contención.
«Tenemos tres personas fallecidas, 10 heridos, de distinta consideración, algunas graves», dijo a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien agregó que se investiga las causas del accidente.
La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital.
El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó «a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector».
Los bomberos combaten el incendio.
En 2025 Francia recibió dos millones más de visitantes internacionales que el año anterior, lo que le permitió obtener unos ingresos «récord» de 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), anunció el jueves el Ministerio de Turismo francés.
España declaró haber recibido 97 millones de turistas extranjeros e ingresos de 135.000 millones de euros (159.200 millones de dólares al cambio actual).
Atout France, la agencia que promociona el turismo francés en el extranjero, cuestiona los cálculos españoles y considera que los beneficios procedentes estrictamente de los extranjeros en el país ascienden a unos 105.000 millones de euros.
Si se suman las clientelas francesa e internacional, el consumo turístico interno alcanzó los 222.000 millones de euros el año pasado (unos 261.000 millones de dólares), impulsado por los alemanes, por delante de los italianos, los españoles, los belgas y los neerlandeses.
«España es un país de destino la mayoría de las veces, nosotros somos un país de tránsito», afirmó el ministro de Turismo francés Serge Papin, en rueda de prensa.
Debemos «hacer que la gente permanezca más tiempo en nuestro país», añadió, y recordó el objetivo de 100.000 millones de euros en ingresos para 2030.
En promedio, un turista extranjero permanece cerca de siete días en España, según las autoridades locales, frente a cinco en Francia, según el director general de Atout France, Adam Oubuih.
España «concentra un turismo más a inicios de año (…) con volúmenes de ofertas muy importantes en Andalucía, Canarias, Baleares», lo que hace bajar los precios, explicó Christian Mantei, presidente de Atout France.
Francia celebra que el gasto medio de un turista internacional en el país progresó 7% en 2025, hasta 760 euros.
Para reducir la brecha, Papin apuesta por la «diversificación», con el desarrollo del agroturismo, donde España e Italia son referentes, y el enoturismo.
También recordó la necesidad de mano de obra en el sector, con 61.000 empleos no cubiertos actualmente, sobre todo por la falta de alojamiento para los trabajadores temporales.
Y la demanda aumentará, con «una proyección de necesidad de 350.000 empleos» en los próximos tres a cinco años.
Entre el turismo proveniente de otros continentes, los hoteles registraron una afluencia mucho mayor de turistas estadounidenses (+17%), mientras que la clientela asiática, aunque en aumento, sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia de Covid-19, especialmente la china.
Aunque Francia sigue siendo el principal destino de los franceses, el atractivo del país se ha atenuado ligeramente (-5% de estadías) en beneficio de los viajes al extranjero (+4%), en particular hacia otros países del Mediterráneo.
El comienzo de 2026 dibuja «perspectivas alentadoras», con reservas aéreas «en fuerte aumento» en el primer trimestre con respecto a 2025, señala el ministerio, que cita entre los orígenes más dinámicos México (+19%), China (+17%) y Canadá (+7%).
En Europa también son más numerosos los españoles que optan por Francia en este inicio de año, con un aumento del 8% de las reservas en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En las estaciones de deportes de invierno, la temporada 2025/2026 se perfila con «buenos resultados», según el Gobierno francés, con reservas que dejan entrever un ligero aumento de los índices de ocupación.
Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.
«La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello», aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.
«Lo sentenciamos a prisión perpetua», expresó.
Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar «fuerzas antiestatales».
El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.
El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos.
«La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable», indicó el juez.
Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.
Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal capitalino con pancartas que decían «Yoon, grande de nuevo» o «Retiren los cargos contra el presidente Yoon».
Policías vestidos con chaquetas color neón se desplegaron frente al tribunal para impedir cualquier disturbio por el veredicto.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas «fuerzas antiestatales».
Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.
La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.
Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.
Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían «salvaguardar la libertad» y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una «dictadura legislativa» encabezada por la oposición».
La fiscalía lo acusó de dirigir una «insurrección» impulsado por un «deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo».
Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.
Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.
