Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
Petición de Laura Fernández no se cumplió: Partido Pueblo Soberano no logró los 40 diputados
Te puede interesar:
Petición de Laura Fernández no se cumplió: Partido Pueblo Soberano no logró los 40 diputados
La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
