Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
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El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que el país ha recibido nuevos apoyos para la estrategia gubernamental de ampliar la matriz productiva y garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños.
A través de sus redes sociales, el funcionario anunció que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) endosaron su apoyo a esta iniciativa.
«Tras una gira de campo por nuestras principales zonas productoras, ambas instituciones internacionales confirmaron su apoyo y expresaron optimismo y satisfacción por los avances alcanzados en tan solo un año», subrayó el funcionario.
Sumó que, con esta suma de esfuerzos, «este año el país duplicará los resultados obtenidos el año pasado. El Salvador produce cada vez más de su propia comida, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario».
En este contexto, explicó que representantes de estos organismos conocieron de primera mano los resultados del programa Aumento a la Producción obtenidos el 2025, y que este año sumaron apoyo de especialistas en diferentes áreas.
Al respecto, el representante de FAO en El Salvador, José Samaniego, resaltó el alza en la producción que han consolidado estos esfuerzos.
«Lo que miramos es muy gratificante, vemos que va a existir una altísima productividad y generación de empleo para productores», dijo.
En coincidencia, la directora de país de WFP, María Guimarães, resaltó la rapidez en que la estrategia agrícola del Gobierno de El Salvador ha consolidado estos beneficios, y opinó que el país podría capacitar a personas de otros países para implementar este método.
«Todo lo que se ha logrado en muy poco tiempo, menos de un año, es impresionante, yo creo que hay mucho para compartir también con los demás, hay otros países que pueden venir y aprender de los logros que tenemos acá», remarcó.
Para este año, el Gobierno a través del MAG ha fusionado dos iniciativas: Progresar Rural, financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA); y el Programa Aumento a la Producción, liderado por el presidente Nayib Bukele, con una inversión total de $87.5 millones.
Los fondos que serán orientados a la reactivación de zonas productivas para suplir holgadamente la demanda nacional, al tiempo que se apostará por las exportaciones de varios productos, esto para mejorar la rentabilidad que obtienen los agricultores nacionales.
La apuesta contiene dos componentes: la rehabilitación de los cuatro distritos de riego (Zapotitán, Atiocoyo Norte, Atiocoyo Sur, y Lempa Acahuapa); y la transformación productiva y comercial sostenible e inclusiva, mediante elementos como la instalación de más infraestructuras protegidas como invernaderos y casas malla; así como la implementación de sistemas hidropónicos; mejora genética; capacitación y asistencia técnica para los agricultores; y acceso a insumos a bajo costo.
La NASA informó el jueves que realizó con éxito el ensayo general del lanzamiento de su enorme cohete SLS, que enviará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.
Esta es la segunda prueba realizada por la agencia espacial estadounidense para el despegue de su misión Artemis 2. La primera, a comienzos de febrero, tuvo que ser interrumpida por problemas técnicos.
La NASA informó que todo transcurrió según lo previsto. Ahora, se espera que fije este viernes una fecha definitiva para la misión.
Los imprevistos ocurridos a inicios de febrero incluían una fuga de hidrógeno líquido, que acabaron con las esperanzas de ver despegar la misión Artemis 2 ese mismo mes.
Durante el simulacro, realizado en condiciones reales en Cabo Cañaveral, en Florida, los ingenieros repiten las maniobras que deberán llevarse a cabo el día del lanzamiento.
El llenado de hidrógeno líquido se realizó el jueves sin contratiempos, indicó más temprano la NASA, que lo celebró como un «avance importante».
La misión Artemis 2 constituirá el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Participarán en ella tres estadounidenses y un canadiense.
«La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad», dijo a comienzos de mes el director de la NASA, Jared Isaacman, en la red social X.
Andrés, que fue excluido de la monarquía a raíz de este escándalo, fue «puesto en libertad bajo investigación» el jueves por la noche.
El expríncipe pasó 11 horas en comisaría, a raíz de una sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011, cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de archivos de su investigación sobre Epstein, incluyendo unos documentos que parecen indicar que el expríncipe transmitió informaciones confidenciales al financiero estadounidense.
Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió «un informe confidencial» sobre oportunidades de inversión en Afganistán.
El correo se sumaba a otros documentos que sugieren que en 2010 Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.
Se trata de un caso distinto al de las acusaciones de agresión sexual formuladas contra Andrés por Virginia Giuffre, una estadounidense-australiana enviada por Epstein, que se suicidó en 2025.
Ese asunto se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022, por un monto que se mantiene confidencial pero que, según medios británicos, rondaría los 12 millones de dólares.
«Amenaza para la monarquía»
Este viernes, casi toda la prensa británica llevaba en portada este viernes la misma fotografía de Andrés, cuyo arresto coincidió con su 66º cumpleaños, saliendo de la comisaría en un vehículo, con aspecto demacrado y la mirada perdida.
«Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron», afirmó la policía local en la noche del jueves, tras haber allanado las fincas de Sandringham y la antigua residencia del expríncipe en la finca real de Windsor, al oeste de Londres.
Aunque todavía no se ha anunciado ningún cargo en su contra, la mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).
El rey Carlos III no cambió su agenda del jueves y asistió a la inauguración de la Semana de la Moda de Londres. En un comunicado, marcó distancias con su hermano y señaló que «la justicia debe seguir su curso».
Ed Owens, un famoso historiador, comentarista de la monarquía británica y autor especializado en la familia real moderna, reconoció a la AFP la crisis que atraviesa la institución británica.
«Es un momento enormemente significativo para la monarquía británica», dijo Owens, quien no se atrevió a aventurar si Andrew Mountbatten-Windsor, como debe ser llamado tras ser despojado de todos sus títulos, será formalmente acusado.
«Son los elementos desconocidos en este caso particular los que creo que generan tanta preocupación y, posiblemente, representan una amenaza para la monarquía», añadió Owens.
Al menos nueve fuerzas policiales del Reino Unido han confirmado que están evaluando denuncias derivadas de los archivos de Epstein, muchas de ellas relacionadas con Andrés.
