Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
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Internacionales
La ONU declara trata de esclavos africanos como «el crimen más grave contra la humanidad»
La resolución fue adoptada entre aplausos con 123 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel, Argentina) y 52 abstenciones (entre ellas Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea).
El texto declaró «la trata de africanos esclavizados y la esclavización cosificada y racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad».
También destacó el legado de la esclavitud a través de «la persistencia de la discriminación racial y el neocolonialismo» en la sociedad actual.
Además, puso foco en la escala del fenómeno, su duración, brutalidad y naturaleza sistemática, así como las consecuencias que aún son visibles en la actualidad.
«Fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades», dijo António Guterres, secretario general de la ONU.
Agregó que se debe «trabajar por la verdad, la justicia y la reparación».
El presidente de Ghana, John Mahama, asistió a la sede de Naciones Unidas para respaldar la votación. Mahama es uno de los principales defensores de las medidas de reparación por la esclavitud en la Unión Africana.
«La adopción de esta resolución sirve como una garantía contra el olvido», dijo el mandatario africano.
«Competición» entre tragedias
La resolución fue más allá del simple reconocimiento y pidió a las naciones implicadas en la trata de esclavos que se comprometieran con la justicia restaurativa.
«Los responsables de la trata transatlántica de esclavos son conocidos: los europeos y Estados Unidos. Esperamos que ofrezcan disculpas formales a África», dijo el martes a la AFP Samuel Okudzeto Ablakwa, ministro de Relaciones Exteriores de Ghana.
Acusó a algunos de los responsables de «negarse a reconocer sus crímenes».
Estados Unidos justificó su voto en contra, al calificar la resolución como «altamente problemática».
El embajador estadounidense, Dan Negrea, explicó que su país «no reconoce el derecho legal a reparaciones por daños históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en la época en que ocurrieron». Dijo que el texto pone crímenes «en competición».
Reino Unido y varios países de la Unión Europea expusieron argumentos similares. Aunque subrayaron la monstruosidad de la esclavitud, se abstuvieron de votar.
Hay un «riesgo de poner en competición a tragedias históricas que no hay razón para comparar, salvo haciéndolo a costa de la memoria de las víctimas», expuso el representante francés, Sylvain Fournel.
«Lo que decimos es que cuando se miran todas las atrocidades que han ocurrido en la historia de la humanidad, ninguna ha sido tan sistemática y larga -más de 300 años- y con consecuencias persistentes», dijo Okudzeto.
El Pentágono planea desplegar en el golfo Pérsico a cerca de 3,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, una de las grandes fuerzas de élite del ejército estadounidense, dijeron dos altos cargos este martes, informó el periódico español El País.
Entretanto Hezbolá advirtió que combatirá cualquier intento de ocupación tras el anuncio del Gobierno israelí de que su ejército controlará todo el sur de Líbano hasta el río Litani, ubicado unos 30 kilómetros al norte de la frontera.
En las últimas horas, el ejército israelí atacó Beirut, al tiempo que Irán y la milicia chií libanesa Hezbolá respondieron con bombardeos contra Israel, que causaron al menos seis heridos leves en Tel Aviv.
Todo esto sucede, mientras el precio del barril de petróleo superó nuevamente los 100 dólares tras la caída del coste vivida ayer después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció una tregua de cinco días en los ataques contra infraestructuras energéticas de Irán.
A pesar del anuncio de Trump, Irán aseguró que dos proyectiles impactaron esta madrugada contra un gasoducto en Jorramshahr y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán.
El barco camaronero «Maguro» atracó en La Habana con tres días de retraso respecto a lo previsto, tras luchar contra fuertes vientos, corrientes y una molesta batería durante su travesía desde México.
Al acercarse a las fortificaciones de la época colonial de La Habana, los activistas subieron al techo de la embarcación —rebautizada simbólicamente como «Granma 2.0» en homenaje al yate utilizado por los guerrilleros de Fidel Castro (1926-2016) para iniciar su revolución en 1956.
Sostenían una pancarta que decía «Let Cuba live» (Dejen vivir a Cuba), mientras otros, que los esperaban en el muelle, coreaban «¡Cuba sí! ¡Bloqueo no!».
«Ojalá todo el mundo se uniera, incluso los cubanos en el extranjero, y vinieran a hacer lo mismo, porque es el pueblo el que está sufriendo», dijo Amado Rodríguez, un chofer de 59 años que caminaba cerca de la bahía de La Habana.
Los primeros cargamentos llegaron en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos la semana pasada como parte de una misión aérea y marítima, bautizada «Convoy Nuestra América», para llevar unas 50 toneladas de ayuda a Cuba.
Se espera que otros dos barcos lleguen el martes o el miércoles.
Los activistas señalan que el esfuerzo busca aliviar la situación de los cubanos tras un bloqueo petrolero de facto impuesto por Estados Unidos que el presidente Donald Trump puso en marcha en enero.
Los críticos, incluidos exiliados cubanos en Miami, han calificado la iniciativa como un «espectáculo político» que beneficia más al cubano comunista que a la gente de a pie.
El organizador del convoy, David Adler, ciudadano estadounidense, dijo a la AFP que la misión llevó ayuda urgentemente necesaria directamente al pueblo cubano y mostró al mundo «el costo humano del asedio de Trump contra Cuba».
«Demostró que la solidaridad internacional puede triunfar sobre el aislamiento forzado», afirmó Adler, coordinador del grupo global de izquierda Progressive International.
El país ha sufrido siete apagones nacionales desde 2024 -dos de ellos en la última semana- debido al envejecimiento de sus centrales termoeléctricas y a la escasez de petróleo.
La situación en Cuba se ha precarizado desde que Trump ordenó en enero una operación militar para capturar al principal aliado regional de la isla comunista, el líder socialista venezolano Nicolás Maduro, privando así al país de su principal proveedor de petróleo.
El «Maguro» zarpó el viernes desde la península de Yucatán, en México, con 32 personas a bordo, entre ellas activistas de Australia, Brasil, Ecuador, Italia, México y Estados Unidos. Periodistas de la AFP viajaban en el barco.
Durante la travesía -en la que fue escoltado durante una parte del trayecto por un buque de la Armada mexicana-, el activista brasileño Thiago Ávila dijo que otros países deberían acudir en ayuda de Cuba.
«No podemos permitir que el mundo y el derecho internacional sean sepultados bajo la codicia de Donald Trump», declaró a la AFP Ávila, que también fue uno de los organizadores de una flotilla que intentó llevar ayuda a Gaza el año pasado, pero el bloqueo naval israelí lo impidió.
«Por eso estamos aquí, por eso la gente decidió movilizarse para esto y decidió donar», añadió.
La también activista brasileña Lisi Proença dijo que el grupo estaba aplicando la experiencia adquirida con la flotilla de Gaza para hacer llegar ayuda a Cuba.
«Lo interesante es que ahora podemos transportar artículos mucho más grandes, como paneles solares», dijo a la AFP.
Además de los cortes diarios de electricidad, los precios del combustible se han disparado, el transporte público se ha vuelto escaso y la basura se acumula en las calles de Cuba porque los camiones recolectores ya no funcionan.
Cuba ha responsabilizado a Washington de las penurias del país, principalmente debido al bloqueo de combustible y a un embargo comercial de más de seis décadas.
Exiliados cubanos y otros críticos, que atribuyen la crisis económica al gobierno comunista, afirman que el convoy brinda apoyo político a La Habana.
«Todo esto no es más que un espectáculo político», dijo a la AFP Luis Zúñiga, ex preso político cubano radicado en Miami.
«La crisis eléctrica en Cuba no se debe al embargo petrolero impuesto por el presidente de Estados Unidos. Se remonta a mucho antes de eso», afirmó Zúñiga.
