Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
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El equipo se formó tras la publicación el viernes de millones de nuevos documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense que ponen de aliviar los vínculos entre el financiero, acusado de tráfico sexual de menores, y numerosas personas influyentes en todo el mundo.
El ministro de Justicia polaco, Waldemar Zurek, asumió la dirección del equipo.
«Como saben por los medios de comunicación, el entorno de Epstein incluía a polacos», declaró Zurek a la prensa.
El ministro señaló que las autoridades polacas conocen la identidad de dos personas, un hombre y una mujer de nacionalidad polaca, sin dar más detalles.
El equipo determinará si las actividades que involucran a Epstein y su red en Polonia justifican investigaciones complementarias, especialmente si hubiera víctimas polacas.
Internacionales
Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer diálogo de alto nivel en asuntos militares
Estados Unidos y Rusia han acordado restablecer el diálogo militar de alto nivel, informó el Pentágono el jueves, horas después de la expiración del último tratado que imponía límites a los arsenales nucleares de ambos países.
«Mantener el diálogo entre fuerzas armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz globales, que solo pueden lograrse mediante la fuerza, y ofrece una vía para aumentar la transparencia y la desescalada», señaló el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un comunicado.
El acuerdo para restablecer el diálogo militar se produjo tras «avances productivos y constructivos» en las conversaciones de paz sobre Ucrania en Abu Dabi, a las que asistieron el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, indicó el Comando Europeo.
Activistas contra el armamento nuclear han advertido que la desaparición del tratado Nuevo START podría desatar una nueva carrera entre las principales potencias del mundo y alentar a China a ampliar su arsenal.
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Juzgado por violación, el hijo de la princesa de Noruega niega haber drogado a nadie
Juzgado por violación, Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega Mette-Marit, negó el jueves haber drogado a nadie, un día después de que una presunta víctima afirmara en el tribunal haber consumido algo «sin saberlo».
Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette Marit, con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby responde en el juicio de un total de 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y agresiones a exparejas.
El joven de 29 años niega las acusaciones más graves, en particular las violaciones. Se expone en total a una pena de 16 años de cárcel.
El miércoles, durante su primera comparecencia ante el tribunal de Oslo, una supuesta víctima de violación afirmó creer que la habían drogado antes de que Høiby la violara durante una fiesta en el domicilio de los príncipes.
«Sospecho que ingerí algo sin saberlo. Es lo que creo, al 100%», respondió al ser preguntada sobre si pensaba que la habían drogado.
Este jueves, Høiby, que vestía pantalón tejano, suéter azul y camiseta blanca, retomó sus explicaciones iniciadas la víspera en el tribunal y afirmó que nunca había drogado a nadie.
«Nunca drogué a nadie, al menos que yo sepa», dijo, mientras manoseaba una especie de rosario y masticaba chicle.
La víspera, el hijo de la princesa reconoció haber llevado una vida llena de excesos. «A mí me conocen sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida. Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol», declaró.
Los hechos habrían sucedido la noche del 19 al 20 de diciembre de 2018 en la casa de la que dispone Høiby en la finca de Skaugum, donde reside la pareja principesca, a las afueras de Oslo. Según el acusado, sus padres estaban en casa.
La presunta víctima no descubrió los hechos hasta años después, cuando la policía la convocó a declarar y le mostró fotos y videos incriminatorios incautados al acusado, en los que ella aparece inconsciente, según los investigadores.
Las cuatro presuntas violaciones –una de ellas habría sido cometida cuando Høiby estaba de vacaciones con el príncipe Haakon en las islas Lofoten en 2023– habrían ocurrido todas después de relaciones consentidas, a menudo tras fiestas con consumo de alcohol, cuando las víctimas no estaban en condiciones de defenderse, según la acusación.
La defensa sostiene que en todos los casos se trató de «relaciones sexuales normales y consentidas».
