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Internacionales

EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones

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El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.

Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.

Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.

La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.

“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.

Hombre guatemalteco leyendo el periódico

La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.

Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.

Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.

La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.

El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.

Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.

Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.

“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.

Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.

El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.

En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.

Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.

En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.

Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.

Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.

Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.

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Bank of America acepta pagar $72,5 millones para cerrar un proceso civil vinculado a Epstein

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Bank of America aceptó pagar 72,5 millones de dólares para cerrar una causa civil colectiva en la que se le acusaba de haber facilitado el «tráfico sexual» del financista Jeffrey Epstein, según documentos judiciales consultados por AFP.

«Esta resolución nos permite dejar el asunto atrás y le ofrece un cierre a los demandantes», indicó un portavoz de Bank of America, que de todos modos niega haber ayudado a Epstein en la comisión de delitos.

El acuerdo entre las partes debe aún ser ratificado por un juez de Nueva York.

Las demandantes, presentadas como víctimas sin identificar del fallecido financista, acusaban al banco estadounidense de haber «participado consciente e intencionalmente en la red de trata sexual de Jeffrey Epstein» al prestarle servicios bancarios a pesar de las «señales de alerta».

En el texto del acuerdo, Bank of America reiteró que impugna todas las acusaciones en su contra.

El banco específicamente negó «haber participado de cualquier manera» en la red criminal de Epstein.

Es el más reciente de los acuerdos de bancos con víctimas de Epstein, después de un acuerdo por 75 millones de dólares con JP Morgan y un pago reportado por 75 millones de dólares por parte de Deutsche Bank, ambos en 2023.

Epstein fue arrestado y acusado en julio de 2019 por explotación sexual de menores y conspiración. Fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de ese año, mientras esperaba ser juzgado. La autopsia concluyó que se trató de un suicidio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en línea más de tres millones de archivos relacionados con la investigación en su contra. Los documentos muestran el alcance de sus vínculos con importantes personalidades en todo el mundo.

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Indonesia prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años

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Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años.

Ese archipiélago asiático, de 284 millones de habitantes, se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los más jóvenes de los efectos perjudiciales de la exposición prolongada a contenidos adictivos en las plataformas digitales.

Las cuentas pertenecientes a menores de 16 años deberán empezar a desactivarse desde este sábado en redes consideradas «de alto riesgo», entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live -especializada en video en directo- y el videojuego Roblox.

X y Bigo ya aplicaron la nueva disposición y elevaron la edad mínima de uso a 16 y 18 años, respectivamente, indicó el viernes por la noche la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid, justo antes de que se aplicara la prohibición.

Las demás plataformas digitales deben «adaptar de inmediato sus productos, funcionalidades y servicios a la normativa vigente», añadió la funcionaria en una conferencia de prensa.

Advirtió que no habrá «margen para concesionesv» para las redes sociales que operan en Indonesia.

TikTok aseguró el viernes en un comunicado su compromiso de cumplir con la medida, incluyendo «tomar las medidas adecuadas con respecto a las cuentas de menores de 16 años».

Sin embargo, el gobierno indonesio no ha indicado cómo piensa controlar su veto.

La responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensiones si no aplican las nuevas medidas.

 

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México denuncia la muerte de otro migrante en EE. UU. bajo custodia del ICE

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México denunció la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y exigió investigar las «graves omisiones» del centro de detención donde se hallaba el migrante.

Con este caso, según la cancillería de México, suman 14 los mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en redadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó una política antimigratoria desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El hecho más reciente ocurrió en el estado de California la noche del miércoles. El mexicano estaba detenido en el centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la cancillería en un comunicado difundido la noche del viernes.

La institución exhortó a Estados Unidos a que «estos lamentables casos no continúen» y demandó «una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia».

Sin identificar al mexicano fallecido, la cancillería aseguró que el consulado en San Bernardino está en contacto con su familia y también con autoridades de Estados Unidos «para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas» al deceso.

El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. «Pedimos que se respeten los derechos humanos. (…) No estamos de acuerdo con estas formas de detención», declaró en rueda de prensa.

En un reporte difundido ese día, la cancillería detalló que seis de los casos conocidos hasta entonces están relacionados con «complicaciones médicas» y cuatro más fueron catalogados como «suicidio».

Además, otros dos mexicanos han fallecido en redadas migratorias y uno fue abatido durante un tiroteo contra instalaciones migratorias.

El año pasado, en medio de la política antimigratoria de Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

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