Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
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Ochenta y seis personas fueron detenidas por supuesta intrusión después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el recinto de una cárcel londinense en apoyo a un preso en huelga de hambre, indicó la policía británica este domingo.
El grupo «protestaba en apoyo a un prisionero de Palestine Action en huelga del hambre» el sábado y rechazó dejar el recinto de la cárcel cuando se le ordenó, escribió la policía metropolitana de Londres en X.
«Al parecer, impidieron la entrada y salida del personal penitenciario, amenazaron a los policías y algunos lograron entrar en la zona reservada al personal de un edificio de la prisión», precisó la policía. Todas las personas implicadas fueron arrestadas, añadió.
Un portavoz del Ministerio de Justicia calificó el incidente de «profundamente preocupante».
La intrusión se produjo en la prisión HMP Wormwood Scrubs, en el oeste de la capital británica, donde Muhammad Umer Jalid permanece detenido y lleva más de dos semanas en huelga de hambre, según la asociación Prisoners for Palestine.
Otros activistas han llevado a cabo huelgas de hambre en los últimos meses a la espera de ser juzgados por allanamiento y actos de vandalismo cometidos en nombre de la organización Palestine Action, antes de que esta fuera prohibida en Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista. Jalid y los demás niegan estas acusaciones y piden que se retiren.
China y Canadá alcanzaron acuerdos específicos para abordar debidamente asuntos comerciales relacionados con vehículos eléctricos, productos de acero y aluminio, canola, y productos agrícolas y acuáticos, según el Ministerio de Comercio de China.
Para implementar los importantes consensos alcanzados por los líderes de China y Canadá, ambas partes sostuvieron recientemente varias rondas de intensas consultas a diversos niveles, enfocadas en asuntos económicos y comerciales clave de preocupación mutua, indicó el ministerio en una declaración.
Las dos partes alcanzaron consensos positivos sobre incrementar los vuelos directos, mejorar el entorno de negocios y la inspección y cuarentena de productos agrícolas, destaca el documento.
Durante la visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, ambos países firmaron una hoja de ruta de cooperación económica y comercial, lo que constituye un logro importante en el marco de la nueva asociación estratégica entre China y Canadá, declaró un funcionario del ministerio en el comunicado.
China y Canadá deberían ser socios con un respeto mutuo, desarrollo común, confianza y colaboración, afirmó el presidente chino, Xi Jinping.
Ambas partes acordaron fortalecer el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China-Canadá y ampliar integralmente la cooperación económica y comercial pragmática en todos los ámbitos. También alcanzaron un consenso positivo sobre la cooperación en marcos multilaterales y regionales, según la hoja de ruta.
Canadá realizará ajustes positivos a sus medidas unilaterales contra los vehículos eléctricos chinos, así como contra los productos de acero y aluminio, y también en casos específicos relacionados con la inversión y operación de empresas chinas en el país, de acuerdo con la misma fuente.
China ha tomado nota de la reciente declaración de Canadá de que permitirá la entrada de un cupo anual de 49,000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense con el arancel de nación más favorecido del 6.1 %, eximiéndolos del impuesto adicional del 100 % aplicado en 2024, manifestó el funcionario.
Considerando dicha declaración como «un paso positivo en la dirección correcta y una buena noticia para las empresas chinas de vehículos eléctricos que exploran el mercado canadiense», el funcionario afirmó que China espera que Canadá cumpla activamente sus compromisos y continúe trabajando con China para crear un entorno justo, estable y no discriminatorio que permita ampliar aún más la cooperación comercial y de inversión en el sector de los vehículos eléctricos mediante consultas amistosas.
China también ajustará sus medidas «antidumping» sobre la colza y las medidas antidiscriminatorias con respecto a ciertas importaciones agrícolas y acuáticas canadienses, de conformidad con la normativa pertinente. Se espera que estos acuerdos impulsen la cooperación industrial bilateral y beneficien a los pueblos de ambas naciones, afirmó el funcionario. Las dos partes aprovecharán plenamente el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China Canadá para seguir aumentando la cooperación, resolver problemas, gestionar las diferencias y promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales China-Canadá, añadió la entidad.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó el sábado a «alcanzar acuerdos» con la oposición para lograr la «paz» en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso al mandatario Nicolás Maduro.
Antes vicepresidenta de Maduro, Rodríguez asumió funciones de forma temporal luego de la captura del izquierdista el 3 de enero en un ataque militar que dejó cerca de un centenar de muertos.
La mandataria dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington, al tiempo que se comprometió a liberar un «número importante» de presos políticos.
«No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela», dijo Rodríguez desde el costero estado La Guaira a la televisora estatal VTV.
«Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos», agregó.
La víspera, la presidenta pidió al jefe del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, un encuentro con los diferentes sectores políticos en el país con «resultados concretos, inmediatos».
«Que sea un diálogo político venezolano donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington ni desde Bogotá o Madrid, un dialogo político nacionalizado (…) que sea por el bien común de Venezuela», dijo el viernes.
Su gobierno asegura haber llevado a cabo un total de 626 excarcelaciones desde diciembre, aunque la cifra contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas, contabiliza 269 en el mismo periodo.
Más de 700 personas siguen detenidas por motivos políticos, según esa organización.
Los familiares, en tanto, denuncian un proceso a cuentagotas desde el 8 de enero, cuando se anunció oficialmente un «número importante» de liberaciones.
Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal. Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.
Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.
