Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
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Internacionales
CAF celebró la cultura como motor de desarrollo en la antesala del Foro Económico Internacional
La cultura como motor de desarrollo, cohesión social e identidad colectiva fue el mensaje central que marcó ayer el inicio del Festival de Ideas «Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo», organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el Panama Convention Center, como preámbulo del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
El encuentro abrió con una presentación artística del Ballet Nacional de Panamá, que ofreció un recorrido por el folclore del país, sintetizando —como se subrayó durante la jornada— la diversidad cultural que caracteriza a América Latina y el Caribe. Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación de la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, bailarina profesional, quien deleitó al público con una interpretación de danza tradicional panameña, reforzando el mensaje de que la cultura no solo se gestiona, sino que también se vive.
Durante la inauguración, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que el encuentro fue concebido como un «festival de ideas» que antecede al foro económico, al sostener que «las ideas son el motor del crecimiento y la herramienta para reducir brechas». En esa línea, remarcó que no existe mejor antesala para un espacio de discusión económica que un escenario donde la cultura asuma un papel central, al vincularse directamente con la identidad, la esencia y el potencial compartido de América Latina y el Caribe.
Díaz-Granados destacó que, para CAF, el desarrollo no se mide únicamente en cifras, sino también en la capacidad de las sociedades para soñar, crear y reconocerse en su diversidad. Recordó que desde hace más de tres décadas el banco ha impulsado la gestión cultural como un pilar institucional y anunció que el futuro hub de operaciones de CAF en Panamá, cuya inauguración está prevista para el próximo año, funcionará también como un centro de difusión de la cultura latinoamericana y caribeña.
La jornada incluyó la ponencia «La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe», con la participación de la líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien hizo un llamado a reconocer la cultura como una construcción colectiva que nace de los pueblos y de la memoria histórica. Menchú subrayó que la cultura es clave para la autodeterminación, la dignidad y la transmisión de valores entre generaciones, y llamó a los liderazgos regionales a construir un desarrollo que parta de la conciencia y el respeto por las raíces.
El festival reunió también a referentes regionales del arte, la educación, el pensamiento y el periodismo, entre ellos Carmen Aristegui, así como a ministros de cultura y educación de distintos países, gestores culturales, artistas y representantes de organismos multilaterales. A lo largo del día se desarrollaron paneles y sesiones simultáneas sobre inversión cultural, patrimonio, mercados del arte, políticas públicas y experiencias culturales transformadoras en distintos territorios de la región.
El Festival de Ideas fue planteado por CAF como un espacio abierto y participativo para visibilizar cómo la cultura impulsa innovación, cohesión social y desarrollo local, reforzando la idea de que América Latina y el Caribe pueden proyectarse como una «región de soluciones» frente a los desafíos globales.
Tras esta jornada cultural, hoy se llevará a cabo la primera fecha del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que reunirá a autoridades, empresarios y tomadores de decisión para profundizar el diálogo entre el sector público y privado, con la cultura instalada, desde el inicio, como un eje estratégico del desarrollo regional.
Los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobaron por 17 votos a favor y 3 en contra un informe que aboga por una mejor protección de los titulares de derechos en línea, frente al auge de las herramientas de IA generativa.
Entre las recomendaciones aprobadas, los eurodiputados reclaman que las normas europeas sobre derechos de autor se apliquen a todas las IA generativas disponibles en la UE, independientemente del país o países en los que hayan sido diseñadas y entrenadas.
Esto implica que los servicios de IA informen de manera clara a los titulares de derechos cuando utilicen sus contenidos y que les paguen una «remuneración justa», bajo pena de sanciones en caso de incumplimiento.
Los eurodiputados también piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten medidas «para proteger el pluralismo de los medios de comunicación, amenazado por los sistemas de IA que agregan información de manera selectiva, desviando su tráfico y sus ingresos».
Según ellos esto pasa por una remuneración adecuada y un control total sobre el uso de sus contenidos en el entrenamiento de las IA y en la agregación de datos, incluido el derecho a oponerse.
El informe será sometido a votación del pleno del Parlamento Europeo en marzo.
Las condiciones en las que los principales actores de la inteligencia artificial utilizan datos disponibles en internet, incluidos contenidos periodísticos, para alimentar y entrenar los grandes modelos de IA generativa son objeto de numerosos litigios en Estados Unidos y en Europa.
La UE adoptó en 2024 una ley sobre inteligencia artificial, que obliga a los sistemas de IA a respetar la legislación europea sobre derechos de autor.
Sin embargo, el alcance de este principio y, en particular, su aplicación a los datos y contenidos utilizados para entrenar los sistemas de IA generativa, siguen siendo inciertos, según un estudio del Parlamento publicado el año pasado.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
