Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
Internacionales
Presidente Paz decreta estado de excepción en Bolivia tras más de seis semanas de protestas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción y ordenó la movilización de policías y militares tras más de seis semanas de protestas y bloqueos protagonizados por indígenas aimaras y campesinos afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigen su renuncia.
Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga y cortes de rutas para exigir al Gobierno soluciones a la crisis económica, considerada la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad, situación que generó malestar general.
Aunque el viernes el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país, indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros afines a Morales decidieron mantener los bloqueos de carreteras.
Ante la falta de acuerdos, los sectores movilizados incorporaron la demanda de renuncia presidencial y extendieron los bloqueos a nivel nacional. Asimismo, durante varios días se registraron enfrentamientos con la Policía en La Paz, ciudad que junto con su vecina El Alto enfrenta escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
“Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, afirmó Paz durante un mensaje difundido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno. El mandatario sostuvo además que la medida responde a “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.
El Gobierno de centroderecha de Paz, que asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales de impulsar las protestas y de utilizar recursos provenientes del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas. Morales permanece oculto en la región cocalera de Chapare para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor, acusación que niega. También ha rechazado los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
En su mensaje, Paz informó que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población.
El decreto, publicado posteriormente en la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Además, establece que los ministerios de Gobierno y Defensa podrán emitir resoluciones conjuntas para restringir, cuando sea necesario, los derechos de circulación, locomoción y reunión. La medida deberá ser ratificada por el Congreso, que convocará reuniones en las próximas horas.
La declaración del estado de excepción se produjo un día después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la COB. Mario Argollo, máximo dirigente de la organización sindical, anunció el levantamiento de las medidas de presión a nivel nacional y destacó el compromiso gubernamental de cumplir de forma inmediata lo acordado.
Paz celebró el entendimiento alcanzado con la central sindical y afirmó que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.
Durante la semana pasada, el Gobierno instaló mesas de trabajo con dirigentes sindicales y ministros para negociar una salida al conflicto. Entre los acuerdos alcanzados figura el estudio de la liberación de personas detenidas durante las marchas en La Paz y los bloqueos de carreteras. La Defensoría del Pueblo reportó más de un centenar de arrestados.
Asimismo, la administración de Paz se comprometió a no privatizar empresas estatales, una de las principales demandas de los sindicatos.
Sin embargo, tras conocerse el acuerdo, organizaciones campesinas y cocaleras anunciaron que mantendrían las medidas de presión. El dirigente campesino Antonio Mallku aseguró que se determinó radicalizar los grupos de huelga en las carreteras.
Por su parte, los cocaleros informaron en un comunicado difundido por una radio de su propiedad que mantendrán la movilización y los bloqueos de caminos, al tiempo que calificaron la firma del convenio entre el Gobierno y la COB como una “traición”.
Una alta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que trabajadores de la salud estuvieron entre las primeras personas infectadas durante el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC).
La directora de Emergencias de la OMS, Marie Roseline Belizaire, señaló mediante videoconferencia desde el oriente de la RDC que, oficialmente, desde que se declaró el brote el 15 de mayo, 75 trabajadores sanitarios contrajeron ébola y 17 de ellos fallecieron.
“Es un precio verdaderamente elevado el que el sistema, el sistema de salud, está pagando porque no tenemos suficientes trabajadores sanitarios en RDC”, afirmó la funcionaria.
En respuesta a consultas de periodistas, Belizaire explicó que cerca del 90 % de los pacientes con ébola no presentaron inicialmente síntomas hemorrágicos. Debido a ello, muchas personas permanecieron en sus hogares automedicándose o buscaron atención con sanadores tradicionales. Asimismo, indicó que el cuerpo de una persona fallecida por ébola es más contagioso que cuando la persona estaba viva.
La directora de Emergencias de la OMS enfatizó que, aunque el brote de ébola continúa siendo una preocupación importante, otras enfermedades, especialmente la malaria, representan desafíos sanitarios significativos y no deben ser descuidadas.
Belizaire también informó que China desplegó un equipo médico para fortalecer los esfuerzos de respuesta ante la emergencia, mientras que Uganda se prepara para enviar otro contingente de apoyo.
La funcionaria advirtió que la situación sigue siendo grave y continúa evolucionando. Agregó que todavía se reportan nuevos casos en múltiples regiones, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener y acelerar las medidas de respuesta.
Hasta este viernes, la República Democrática del Congo confirmó 896 casos de ébola y 232 fallecimientos distribuidos en 33 zonas sanitarias de tres provincias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúa propagándose rápidamente, pese al fortalecimiento de las acciones para combatir el virus.
Marie-Roseline Belizaire, responsable de emergencias para África en la OMS, afirmó que el brote sigue siendo grave y está evolucionando con rapidez, al tiempo que alertó sobre una transmisión acelerada de la enfermedad.
En declaraciones ofrecidas a periodistas en Ginebra desde Bunia, capital de la provincia de Ituri, Belizaire señaló que, aunque la situación es preocupante, la respuesta sanitaria se fortalece cada día.
El brote fue declarado el 15 de mayo, aunque la transmisión de la rara cepa Bundibugyo del virus pasó desapercibida durante un período de tiempo.
Según el más reciente informe de la OMS, se han confirmado 896 casos de ébola en la RDC, incluidos 232 fallecimientos. Además, en las últimas 24 horas se registraron 21 nuevos contagios.
La epidemia se concentra principalmente en la provincia de Ituri, afectada por el conflicto y donde se reporta más del 90 % de los casos conocidos. No obstante, el virus también se ha extendido a las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.
Belizaire explicó que la velocidad con la que avanza la enfermedad obliga a acelerar la respuesta para evitar perder terreno frente al brote.
Entre los avances alcanzados, destacó el incremento en la disponibilidad de camas para pacientes con ébola, pasando de cero a más de 500 espacios de tratamiento.
Asimismo, los equipos de vigilancia investigan cerca de 400 alertas diarias y tienen capacidad para realizar más de 2,000 pruebas cada día.
Las autoridades sanitarias también han intensificado el rastreo de contactos de casos confirmados, alcanzando ya al 75 % de las personas identificadas. Sin embargo, la OMS indicó que es necesario localizar al 95 % de los contactos para lograr controlar la epidemia.
La organización recordó que el ébola se transmite mediante contacto estrecho con fluidos corporales infectados. Además, destacó que una mejor detección permite realizar entierros seguros y dignos, reduciendo el elevado riesgo que representa para los familiares la manipulación de cadáveres infectados.
La situación en la vecina Uganda presenta un panorama distinto. Ese país ha registrado 19 casos confirmados, incluidos dos fallecimientos, mientras que 10 pacientes se han recuperado. Además, no se han reportado nuevos casos durante los últimos 12 días.
