Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
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Internacionales
Rescatistas salvadoreños continuará en Venezuela mientras existan vidas que salvar, afirma Protección Civil
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que el equipo salvadoreño de búsqueda y rescate desplegado en Venezuela continuará trabajando en las zonas afectadas con el objetivo de localizar a más sobrevivientes.
«Vamos a seguir buscando más personas con vida, es el objetivo», expresó el funcionario durante una entrevista concedida a canal 10 la madrugada de este viernes, al referirse a la misión humanitaria que El Salvador desarrolla en territorio venezolano.
Amaya explicó que los equipos de emergencia enviados por el país permanecerán en Venezuela mientras las condiciones de la emergencia lo requieran.
«Los equipos no tienen fecha de retorno; permanecerán en el lugar mientras existan vidas que salvar», sostuvo.
El funcionario destacó que el personal desplazado cuenta con la preparación necesaria para atender este tipo de emergencias. Según indicó, cada integrante del equipo de búsqueda y rescate posee conocimientos de primeros auxilios avanzados, lo que les permite brindar atención inmediata a las personas afectadas durante las operaciones.
Asimismo, señaló que el contingente fue enviado con todos los recursos necesarios para atender la emergencia.
«Se envió un equipo completo de talento humano, medicamentos y alimentos para atender la emergencia», afirmó.
De acuerdo con Amaya, los equipos de primera respuesta comenzaron a trabajar desde el momento en que arribaron a Venezuela y fueron distribuidos de inmediato en distintos puntos del territorio para incorporarse a las labores de búsqueda y rescate.
El contingente está conformado por 300 personas, quienes permanecen desplegadas en diferentes zonas del país sudamericano para realizar las tareas de rescate.
El director de Protección Civil también destacó la rapidez con la que fue organizada la misión humanitaria.
«Organizamos un operativo completo de asistencia humanitaria en muy corto plazo, debido a la magnitud de la necesidad del pueblo venezolano», manifestó.
Además, señaló que El Salvador fue el primer país en enviar un equipo de búsqueda y rescate al lugar de la emergencia.
«Fuimos el primer equipo de búsqueda y rescate que aterrizó en Venezuela», concluyó.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele informó el jueves que el contingente salvadoreño también desarrolla labores de ayuda humanitaria mediante la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos e insumos médicos. Asimismo, indicó que médicos y personal especializado brindan atención en hospitales y comunidades, además de ofrecer asistencia veterinaria a los animales afectados.
El abogado Matías Morla, una de las personas más cercanas al exfutbolista argentino Diego Maradona, declaró en el juicio por la muerte del exjugador y aseguró que, de haber estado en buen estado de salud, Maradona «no pasaba ni 30 segundos» dentro de la vivienda de la localidad de Tigre, en el norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.
Maradona permaneció en esa residencia hasta su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio.
El proceso judicial, que se desarrolla en la localidad de San Isidro, evalúa la pertinencia y las condiciones de la internación domiciliaria, además de determinar la responsabilidad del equipo médico encargado de su atención.
Al igual que otros testigos que han comparecido durante el juicio, Morla sostuvo que la habitación donde permanecía el exfutbolista «estaba armada de manera muy precaria» y señaló que en la vivienda «no había aparatología ni ambulancia» para atender una eventual emergencia.
Durante la declaración, el abogado explicó que mientras Maradona estaba con vida administraba sus negocios y contrataba personal para atenderlo, aunque aseguró que no tuvo participación en la decisión sobre la internación domiciliaria.
«Todos confiábamos en Swiss Medical, no soy médico», manifestó.
Morla también fue uno de los pocos testigos que expresó respaldo al neurocirujano Leopoldo Luque, médico de confianza de Maradona y principal acusado en el proceso judicial.
«Diego amaba a Luque, tenía una confianza con él tremenda», afirmó.
La comparecencia de Morla había generado expectativa debido al conflicto judicial que mantiene con los hijos de Maradona en una causa paralela relacionada con la explotación de la marca «Diego Maradona».
Por ese caso, Morla, dos hermanas de Maradona y otras tres personas enfrentarán un juicio por el presunto delito de «administración fraudulenta».
Horas antes también declaró Jonathan Espósito, sobrino y asistente de Maradona, quien fue una de las primeras personas en encontrar al exfutbolista sin vida.
«Estaba hinchado, con la lengua afuera y el cuerpo helado», recordó durante su testimonio.
En este proceso, Leopoldo Luque y otros seis profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían causar la muerte del exfutbolista. Todos los acusados se han declarado inocentes.
Los procesados —entre ellos enfermeros, médicos y un psicólogo— enfrentan una pena de hasta 25 años de prisión. Una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado.
Una mujer de 27 años, identificada como Sindel Nicol Mejía Girón, fue capturada por la Policía de Honduras tras ser señalada de planificar su propio secuestro y exigir a su familia el pago de 10 mil dólares por su supuesto rescate.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en noviembre de 2025, cuando la mujer salió de su vivienda con destino a una discoteca.
Desde ese momento no se tuvo información sobre su paradero hasta que quienes se identificaban como sus secuestradores se comunicaron con sus familiares para exigir el pago del rescate.
Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestros permitieron establecer que el secuestro nunca existió.
Las autoridades concluyeron que la propia Sindel Nicol Mejía Girón habría organizado toda la situación con el propósito de obtener el dinero, debido a que atravesaba problemas económicos y mantenía deudas pendientes.
Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición del juzgado competente para continuar con el proceso judicial, detallaron las autoridades hondureñas.
