Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
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Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.
«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.
La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.
Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.
«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.
Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.
Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.
«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.
Embajada venezolana en Washington
Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.
El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.
Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.
Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.
Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.
Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.
Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.
Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.
Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
Internacionales
La justicia española determina que un beso en la mano puede ser una agresión sexual si no hay consentimiento
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada el lunes por la AFP.
La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús.
La defensa del acusado pretendía recalificar los hechos como un simple «acoso callejero», pero los magistrados consideraron que cualquier contacto físico con connotación sexual sobrepasaba dicha categoría y que debía abonar la multa de 1,620 euros (1,850 dólares) prevista en su primera condena.
Pero según los magistrados «no se trató de un mero acto de cogerle de la mano» sino que el acusado «actuó con intención de atentar contra su integridad sexual, le cogió la mano besándosela al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara, ofreciéndole dinero».
«Hubo, por ello, un acto de agresión sexual por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual que la víctima no tenía obligación de soportar con claro contenido sexual y ataque a la víctima cosificándola», añade.
«Existe, por tanto, un acto de agresión sexual en la medida en que la acción describe un contacto de naturaleza y tono sexuales que la víctima no tenía ninguna obligación de soportar, con un contenido claramente sexual y un atentado a la víctima al reducirla a un objeto», prosigue la resolución.
España está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y en 2004 aprobó una ley pionera en Europa contra la violencia contra las mujeres.
En 2025, el caso conocido como el del «beso forzado» vio cómo el que era entonces el hombre fuerte del fútbol español, el presidente de la federación española, Luis Rubiales, fue condenado por agresión sexual por un beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Sídney, en agosto de 2023.
Una investigación estadounidense lo vincula con una organización que traficaba fentanilo y cocaína, cuyo centro de operaciones estaba en Guatemala.
En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, alias Lucas o Pepe, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La PNC del vecino país calificó la detención como «un nuevo golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico». Al salvadoreño, quien también tiene nacionalidad guatemalteca, lo arrestaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y es la extradición número 21 que realizaran a Estados Unidos, según el informe publicado por el Ministerio de Gobernación.
La cartera de Estado guatemalteca detalló que, con la captura, se da cumplimiento a una orden emitida el 4 de marzo de 2026 por un juzgado que atendió la solicitud de Estados Unidos.
«Escobar Rodríguez es requerido por delitos relacionados con la conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Además, está señalado de portar un arma de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico. Durante su captura, se le incautó una pistola con 16 municiones, mientras se conducía a bordo de un pick-up», detalló el Ministerio de Gobernación guatemalteco.
En Estados Unidos, una investigación determinó que Escobar Rodríguez mantiene vínculos directos con el narcotráfico, al estar presuntamente involucrado en conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.
Según el informe, la conspiración tenía como objetivo fabricar y distribuir sustancias controladas, con la pretensión, conocimiento y claro conocimiento de que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos.
La conspiración tiene que ver con la intención de enviar aproximadamente cinco kilogramos de cocaína y unos 400 gramos de fentanilo. Además de la tentativa de distribución de una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos, sumado a la portación de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.
La PNC de esa nación también aprehendió en Ayutla, San Marcos, a Jorge Edy Peláez Martínez, quien, junto a Escobar Rodríguez, supuestamente forman parte de la organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su centro de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.
