Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
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Las potencias del G7, incluido Estados Unidos, urgieron este miércoles a las empresas tecnológicas a desarrollar herramientas que garanticen la seguridad de los menores en línea, en medio de la creciente preocupación por las implicaciones del avance de la inteligencia artificial.
El llamado fue realizado al concluir una cumbre de tres días celebrada en Evian, al este de Francia, que finalizó con un almuerzo de trabajo al que asistieron directivos de empresas de inteligencia artificial de Norteamérica, Europa, India y Japón.
En una declaración conjunta, el G7 y representantes de Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia solicitaron a los proveedores de servicios digitales desarrollar e implementar tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas para cada edad.
Estados Unidos respaldó la postura de sus socios del G7 —Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido— respecto a la necesidad de proteger a los menores en las redes sociales.
Durante la cumbre, el primer ministro británico, Keir Starmer, recordó que el Reino Unido prohibirá a los menores de 16 años utilizar redes sociales, mientras que Francia estudia una medida similar.
Por su parte, la primera dama de Brasil, Rosangela “Janja” da Silva, propuso la creación de un pacto mundial sobre la protección de menores en el entorno digital.
Sin embargo, los países del G7 mantienen diferencias en temas relacionados con la fiscalidad y la regulación del sector digital.
La cumbre también estuvo marcada por la situación de Anthropic, empresa estadounidense de inteligencia artificial cuyo directivo, Dario Amodei, participó en el encuentro. La compañía suspendió el acceso a la versión más potente de su tecnología en cumplimiento de una orden de Washington basada en riesgos para la seguridad nacional.
En ese contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Estados Unidos y la Unión Europea deben ser socios sólidos en materia de inteligencia artificial y abogó porque ciudadanos y empresas puedan utilizar de forma segura los mejores modelos de esta tecnología.
Asimismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asistió como invitado al G7, pidió que las transiciones energética y digital no reproduzcan modelos que concentren los beneficios económicos en pocos actores.
Además, el grupo acordó reducir significativamente su dependencia de China como proveedor de minerales críticos y anunció el lanzamiento para noviembre de una red portuaria destinada a combatir el narcotráfico y fortalecer la cooperación entre los principales puertos marítimos.
En materia geopolítica, los líderes del G7 calificaron como una “oportunidad histórica” el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y coincidieron en aumentar la presión sobre Rusia para que termine el conflicto en Ucrania.
Según el documento difundido por el grupo, el acuerdo alcanzado bajo el liderazgo del presidente Donald Trump representa una oportunidad para impedir que Irán adquiera armas nucleares y para abordar amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas.
No obstante, Trump advirtió que si el acuerdo no se cumple, Estados Unidos retomará los bombardeos, previo a la ceremonia de firma prevista en Suiza.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, consideró que el pacto puede generar cambios significativos tanto en Oriente Medio como en otros escenarios internacionales, incluido el conflicto en Ucrania.
Trump también endureció su discurso hacia Moscú al señalar que Rusia debería alcanzar un acuerdo con Kiev y al sugerir la posibilidad de restablecer sanciones al petróleo y gas rusos.
Al cierre de la cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó a Trump a una cena en el Palacio de Versalles, a las afueras de París. El mandatario estadounidense confirmó su asistencia y destacó el valor histórico del recinto, asociado al rey Luis XIV.
España registró en 2025 el tercer año más caluroso de su historia y el verano más cálido jamás registrado, informó este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
De acuerdo con el portavoz de la institución, Rubén del Campo, 2025 quedó confirmado como el tercer año más cálido de la serie histórica del país, empatado con 2024.
«2025 ya está plenamente confirmado que fue el tercer año más cálido de la serie histórica en nuestro país, empatado con el año anterior, 2024», indicó Del Campo durante una videoconferencia con periodistas.
El portavoz destacó además que los cuatro años con mayor temperatura media registrados en España corresponden a los cuatro años más recientes.
«Los cuatro años con mayor temperatura media en España de toda la serie son los cuatro últimos», subrayó.
España se encuentra entre los países más afectados por el calentamiento global, enfrentando olas de calor cada vez más largas y frecuentes, incluso desde la primavera, así como otoños e inviernos más lluviosos que en años anteriores.
A pesar de las altas temperaturas, 2025 fue un año más lluvioso de lo habitual, situación que permitió al país evitar condiciones de sequía.
«Más lluvioso de lo normal», fue la valoración de Del Campo, quien señaló que esto ha permitido que España no se encuentre «en una situación de sequía».
La Aemet ya había informado en septiembre que el verano de 2025 fue el más cálido desde que existen registros, con una temperatura media de 24,2 grados Celsius. Estas condiciones contribuyeron a una de las peores olas de incendios forestales registradas en los últimos años.
Según datos del Ministerio de Sanidad, 3.832 fallecimientos ocurridos entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 pueden atribuirse al calor.
En lo que va de 2026, aunque se registraron lluvias torrenciales durante enero y febrero que causaron daños, especialmente en Andalucía, han predominado los episodios de temperaturas superiores a lo normal, indicó Del Campo.
Asimismo, la primavera de 2026 fue la segunda más cálida de la serie histórica, únicamente por detrás de la registrada en 2023.
De cara al verano, la Aemet prevé que el escenario más probable sea un trimestre más cálido de lo normal en todo el territorio español.
Desde hace años, la comunidad científica advierte sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, que se presentan con mayor intensidad y frecuencia.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó la Ley Cero Ocio, una propuesta que busca que los privados de libertad trabajen para contribuir a costear su manutención dentro del sistema penitenciario.
Durante la presentación de la iniciativa, la mandataria enfatizó que la nueva normativa pretende que las personas privadas de libertad desarrollen actividades productivas desde los centros donde permanecen recluidas.
«A partir de esta ley, estamos implementando que la persona que está en la cárcel, para rebajar sus beneficios tenga que estar participando en una actividad productiva», indicó Fernández.
Según diferentes medios, la medida estaría inspirada en el Plan Cero Ocio implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, por quien Fernández ha manifestado admiración.
El Código Penal de Costa Rica establece que una persona privada de libertad descuenta un día de pena por cada dos días trabajados, siempre que haya cumplido la mitad de su condena.
«En esta iniciativa lo que estamos haciendo es regulando las condiciones para facilitar la reinserción social y la reparación del daño causado. No queremos más vagos en la cárcel», expresó la presidenta.
La mandataria agregó que la propuesta establece la obligación de participar en una actividad productiva y que el 35 % del dinero obtenido por ese trabajo será destinado al sistema penitenciario.
«Estamos estableciendo que las personas privadas de libertad tienen que participar en una actividad productiva, y que del dinero que reciban de esa actividad productiva, un 35 % se va a ir al sistema penitenciario para que ellos mismos paguen la comida que se comen», afirmó Fernández.
