Internacionales
EE.UU., la UE y la OEA cuestionan la orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron este domingo su preocupación luego de que el más alto tribunal guatemalteco suspendiera la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por temores de fraude.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas.
Agregó que el cuestionamiento de las elecciones representa “una seria amenaza para la democracia”.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones” sobre quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta.
Los organismos internacionales de observación electoral han destacado que el proceso electoral se desarrolló en conformidad con las leyes del país.
La OEA, uno de los organismos que vigiló la jornada del pasado 25 de junio, hizo un llamado a “los poderes del Estado a respetar la integridad del proceso electoral” y las conclusiones a las que llegaron tanto la autoridad electoral como las misiones internacionales de observación.
“Respetar la voz de la gente a través del voto es fundamental para mantener la plena confianza de los ciudadanos y la comunidad internacional en las votaciones”, añadió la organización regional en un comunicado.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en varias ocasiones anteriores, se enfrentará a Bernardo Arévalo en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto.
Arévalo se presentó en campaña como un candidato anticorrupción y, contra todos los pronósticos, se aseguró un puesto en la segunda vuelta.
Nueve partidos políticos, incluidos el de la candidata Torres y el del presidente saliente, Alejandro Giammattei, impugnaron los resultados de algunos escrutinios alegando que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó este sábado al Tribunal Supremo Electoral suspender temporalmente la oficialización de los resultados del 25 de junio hasta que se revisen las papeletas de la primera vuelta.
El tribunal anunció en la tarde de este domingo que acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad y no oficializará los resultados de la primera vuelta hasta que se revisen las actas, aunque sigue defendiendo que el proceso “se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral“.
Arévalo dijo que pediría anular la decisión de la corte, que calificó de carente de fundamento jurídico y peligrosa para el proceso electoral.
Tras su sorprendente éxito, Arévalo les pidió a sus votantes estar atentos a los intentos de sus oponentes de manipular el resultado.
“No podemos permitir que los mismos partidos de siempre frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”, dijo en un video en redes sociales.
Según la misión de observación de la OEA, no hay razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar los resultados.
El casi siempre complicado y farragoso proceso electoral en Guatemala dio este fin de semana un nuevo giro con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena no oficializar los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio hasta que se realice un nuevo cotejo de las actas.
En los últimos meses, como en la mayoría de comicios presidenciales recientes, los tribunales tuvieron que decidir sobre la validez o no de algunas de las candidaturas presentadas y que en algunos casos —generalmente de perfil alejado al conservadurismo oficialista— acabaron siendo bloqueadas.
Y hay que recordar que, sin ir más lejos, el Tribunal Electoral ya procedió en las pasadas elecciones de 2019 a un cotejo acta por acta de los resultados ante los señalamientos de un posible fraude. Sus resultados no variaron sustancialmente los datos oficiales y los dos candidatos que ya habían sido declarados ganadores en primera vuelta terminaron pasando al balotaje.
En esta ocasión, sin embargo, la decisión de la CC ha provocado un gran malestar y quejas incluso de organismos y gobiernos internacionales que exigen que se respeten los resultados. Aseguran que el fallo judicial no tiene sustento y que estaría, en todo caso, fuera de plazo.
Pero sobre todo, muchos en Guatemala critican que tras este reclamo iniciado por nueve partidos —entre los que se encuentran la UNE de la ganadora de las elecciones, Sandra Torres; el oficialista VAMOS y otras formaciones que quedaron lejos de los buenos resultados que les otorgaban las encuestas— haya un claro objetivo: desbancar de su inesperado segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un candidato que se autodefine como progresista y socialdemócrata y que queda muy lejos del ideario de las élites burocráticas y empresarios que aglutinan gran poder en Guatemala.
Está por ver cuál será la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto a este fallo, si se volverán a cotejar las actas y si, de hacerse, los resultados suponen un cambio significativo.
Pero, sea cual sea la decisión y conclusiones, todo parece indicar que la poca confianza que los guatemaltecos ya tienen en su sistema electoral —solo el 14% confía en los partidos, apenas un 32% cree en las elecciones y un 52% apoya la democracia, según el Barómetro de las Américas 2021— se verá reforzada desde este fin de semana con más dudas sobre su legitimidad.
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Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
Internacionales
Entre lágrimas y clamor de justicia, sepultan a once de las víctimas de la masacre en Trujillo, Honduras
La comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, se convirtió esta mañana de viernes 22 de mayo, en el epicentro de un dolor indescriptible y colectivo. En una atmósfera asfixiante de luto, terror e impotencia generalizada, los habitantes y familiares dieron cristiana sepultura a 11 de las víctimas identificadas de la sanguinaria masacre perpetrada ayer en una plantación de palma africana en la finca Paso Aguán.
Entre las escenas más devastadoras de la jornada fúnebre destacó el entierro de las hermanas María Linda, Mirza y Rosa Rodríguez, tres jóvenes trabajadoras cuyas vidas fueron truncadas de forma brutal mientras buscaban el sustento diario para sus hogares.
Desde las primeras horas de la mañana, una multitud compungida acompañó los féretros hacia el cementerio local. El llanto fúnebre y los gritos de auxilio se entrelazaron en un eco de desesperación que estremece a todo el país. A través de medios locales hondureños y diversas plataformas digitales, han comenzado a circular videos desgarradores que muestran la magnitud de la tragedia.
Escenas de profundo dolor se viven en el cementerio de Trujillo, Colón, donde familiares y amigos dan el último adiós a 11 de las víctimas de la reciente masacre.
Las imágenes, de una crudeza desgarradora, registran a madres desvanecidas sobre los ataúdes, hermanos abrazando la madera inerte y a una comunidad entera sumida en el pánico y el quebranto, exigiendo a viva voz que este crimen no quede en la impunidad.
“Me prometiste que nunca me ibas a dejar”, resonaba el clamor desesperado de una mujer que se aferraba con fuerzas a uno de los cinco féretros que, debido a las dimensiones inéditas de la tragedia, tuvieron que ser colocados juntos en una sola fosa común dentro del campo santo.
La magnitud del sepelio colectivo reflejó fielmente el horror que se vivió en las plantaciones. Entre los cuerpos sepultados se encontraban también los de los jóvenes hermanos Elmer Marín y Wilmer Vidal Suchite García, dos recolectores de palma cuyos destinos quedaron sellados en la misma emboscada, dejando ambos hijos en la orfandad
Su padre, relató ante las cámaras cómo sus hijos salieron temprano con la única ilusión de laborar para subsistir. El atribulado progenitor exigió castigo inmediato para los asesinos, manifestando el desgarrador suplicio que representa para un padre ver los cuerpos de sus hijos destrozados por impactos de armas de grueso calibre.
En un emotivo testimonio, el padre de los hermanos Elmer y Wilmer Suchite García, víctimas de la masacre en Trujillo, Colón, narra su última conversación con ellos y exige justicia para los responsables. Los jóvenes eran trabajadores de la palma africana.
Entre el conflicto agrario y las pugnas criminales: La disputa por el origen de la masacre
Los testimonios de los pobladores que ingresaron a la finca Paso Aguán inmediatamente después de escuchar las detonaciones pintan un escenario de guerra.
Los trabajadores fueron cazados de manera despiadada, quedando sus cuerpos esparcidos entre los senderos y los matorrales de la plantación.
Los primeros civiles en llegar al sitio contabilizaron inicialmente más de quince cadáveres, una cifra espeluznante que posteriormente fue actualizada a veinte fallecidos por las autoridades del Ministerio Público, consolidando este hecho como una de las peores matanzas registradas en la conflictiva zona del Bajo Aguán.
Mientras el luto envuelve las calles de Rigores, la incertidumbre sobre el origen del ataque mantiene en vilo a la región. Aunque las primeras hipótesis de los defensores de derechos humanos apuntaban al histórico conflicto agrario por la tenencia de tierras que azota al departamento de Colón, las declaraciones de las autoridades de seguridad han tomado otro rumbo.
El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, argumentó públicamente que las líneas de investigación prioritarias señalan un presunto enfrentamiento entre estructuras criminales rivales que operan en la zona, quienes habrían perpetrado el ataque frontal con la aparente finalidad de enviar un mensaje de poder y control territorial en la zona agroindustrial.
Al cierre del masivo sepelio, con la tierra cubriendo los féretros bajo un sol inclemente, la comunidad de Rigores reafirmó su exigencia de justicia. Honduras entera contempla con profunda consternación las imágenes y videos de una jornada que quedará grabada en la memoria nacional como el día en que la violencia arrebató la paz de veinte familias laboriosas.
El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.
Esa localidad se halla bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
«Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida», dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.
En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional informó de cuatro agentes y un civil muertos el jueves en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes.
«Condenamos el asesinato de al menos cuatro de nuestros policías», indicó la institución en X.
Ambos ataques ocurren en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.
Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.
Al parecer «las personas asesinadas (en Trujillo) eran empleados de un grupo armado», dijo telefónicamente a la AFP un líder campesino de una comunidad colindante con Rigores, la aldea donde ocurrió la matanza.
En los «alrededores se escuchan disparos (…) aquí ya no hay armonía (…), uno duerme con un ojo abierto y el otro cerrado», añadió el dirigente, que pidió mantener su nombre en reserva.
Videos difundidos más temprano por un canal regional mostraron varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.
«Es una escena dantesca», señaló a periodistas el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien indicó que las víctimas al parecer fueron ejecutadas con fusiles y escopetas.
Varios de los fallecidos fueron trasladados a sus viviendas por familiares, informó la fiscalía en un comunicado, lo que ha dificultado su labor.
«Son campesinos miembros del Movimiento Campesino de Rigores», comentó por su parte a la AFP Adilia Castro, líder comunitaria de la zona.
