Internacionales
EE. UU. acusa a México de aliarse con narcos y le impone aranceles junto Canadá
Estados Unidos afirmó que el gobierno mexicano tiene «una alianza intolerable» con los cárteles del narcotráfico y le impuso aranceles aduaneros junto con Canadá hasta que cooperen en la lucha contra las drogas, acusación que México calificó de «calumnia».
Desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, el presidente republicano Donald Trump lidera una diplomacia agresiva en su lucha contra los cárteles y las pandillas, que declaró «organizaciones terroristas», así como contra la inmigración irregular.
Avisó que impondría aranceles, su cuarta palabra preferida del diccionario para conseguir sus fines, pero llevan aparejadas acusaciones frontales.
«Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos», afirmó la Casa Blanca en la red social X. Posteriormente en un comunicado, afirmó que la alianza es «intolerable».
Una afirmación demoledora que, en la misma plataforma, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de «calumnia».
Sheinbaum dijo haber pedido que se «implemente el plan B», que incluye «medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México».
«Refugios seguros»
De acuerdo con la Casa Blanca, el gobierno de México ha proporcionado «refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte» de drogas.
Washington anunció la imposición de aranceles aduaneros del 25% a México hasta que «coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas», porque asegura que los cárteles mexicanos «son los principales traficantes mundiales de fentanilo, metanfetamina y otras drogas».
Sheinbaum lo niega. Asegura que las autoridades decomisaron en cuatro meses «más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo» y detuvieron «a más de diez mil personas vinculadas con estos grupos».
A pesar del enfado, precisó que «México no quiere una confrontación» y propuso a Trump establecer una «mesa de trabajo».
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó recientemente que los cárteles tienen el «control operativo sobre enormes extensiones de las regiones fronterizas» entre México y Estados Unidos.
En el pasado, varios senadores se mostraron partidarios de permitir al ejército estadounidense combatir a los narcos dondequiera que estén.
En declaraciones a la AFP, el exembajador mexicano Agustín Gutiérrez Canet calificó de «durísimo» el tono de la Casa Blanca y recomienda no tomárselo a la ligera puesto que no tiene precedentes que Estados Unidos «ligue formalmente» al gobierno de México con el narcotráfico.
Con el objetivo declarado de «proteger a los estadounidenses de la crisis del fentanilo», un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína, Washington impuso además gravámenes del 25% a los productos procedentes de Canadá (con excepción de los hidrocarburos gravados al 10%) y un 10% adicional a los ya existentes para los bienes chinos, anunció la Casa Blanca.
El fentanilo es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años, con al menos 75.000 decesos al año, según las autoridades sanitarias estadounidenses.
«Hay una creciente producción de fentanilo en Canadá, y se incautó suficiente fentanilo en la frontera norte el año fiscal pasado para matar a 9,8 millones de estadounidenses», acusó la Casa Blanca, que asegura que los cruces fronterizos ilegales desde ese país alcanzaron máximos históricos.
El 10% de aranceles suplementarios a China, la segunda economía más grande del mundo, se mantendrá hasta una «plena cooperación del gobierno chino» en la lucha contra el fentanilo, afirma el mensaje del gobierno estadounidense.
Estados Unidos acusa a China de desempeñar «un papel central» en esta crisis y al gobernante «partido comunista» de haber «subvencionado a las empresas químicas chinas para que exporten fentanilo».
En su opinión, China «contribuye activamente a este negocio».
Con estos aranceles Trump, que pasa el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida (sureste), enciende la mecha de una guerra comercial.
«Déficit comercial»
La Casa Blanca considera «un privilegio» tener acceso al mercado estadounidense.
Según Washington, el comercio representa el 67% del PIB de Canadá, el 73% del de México y el 37% del de China, pero solo el 24% del de Estados Unidos.
«En 2023, el déficit comercial de bienes de Estados Unidos fue el más grande del mundo, con más de 1 billón de dólares», se queja en el comunicado, que no da detalles sobre los aranceles.
El viernes, Trump avanzó que algunos gravámenes pueden entrar en vigor en torno « »al 18 de febrero».
Adelantó que afectarán a los microchips, el petróleo, el gas y el acero. Y en el futuro tampoco se salvarán los productos farmacéuticos y el cobre.
Gregory Daco, economista jefe de EY, calcula que la inflación aumentará 0,7 puntos porcentuales en el primer trimestre de este año debido a los aranceles, antes de disminuir gradualmente.
La Casa Blanca lo niega y acusa a los medios de comunicación de mentir sobre el impacto.
Cita un estudio de 2024 que concluye, según la Casa Blanca, que los aranceles impuestos por Trump en su primer mandato «fortalecieron la economía estadounidense».
México y Canadá están teóricamente protegidos por el acuerdo de libre comercio T-MEC, de modo que podrían emprender acciones legales en virtud de los procedimientos de solución de diferencias previstos en ese tratado.
El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de lleno con cambios en el gabinete ministerial y en 12 de 28 comandos regionales de la Fuerza Armada.
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Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: «Nada ha sido agendado», indicó.
La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.
La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.
«Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades», dijo este miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.
Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.
Trump dijo en el Foro de Davos que «los líderes del país han sido muy listos», en referencia a Rodríguez. «Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados».
El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como «formidable» y había asegurado que con ella «todo anda muy bien».
La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.
Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición venezolana. Dijo el martes que quería «involucrar» a la jefa de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.
“La gran cooperación”
El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.
El giro socialista con Hugo Chávez (1999-2013) enfrió después las relaciones, que rápidamente se volvieron conflictivas.
Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.
La mandataria apartó a Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro, del organismo encargado de captar inversiones internacionales en medio de los planes de Trump para que grandes petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país. Hoy solo lo hace Chevron.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso no obstante en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer.
Rodríguez anunció el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.
Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en un contexto de grave crisis económica. Pero a Venezuela le cuesta obtener divisas debido al embargo petrolero impuesto en 2019 por Washington sobre su principal producto de exportación.
Cambios militares
Rodríguez impulsó el miércoles una reorganización de la Fuerza Armada al nombrar a los generales responsables de 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI), ubicadas en distintos estados del país.
La mandataria interina ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.
Entre tanto, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes del derrocamiento de Maduro, mientras el partido de gobierno que dirige protesta a diario por el «secuestro» del gobernante depuesto y su esposa, Cilia Flores.
Cabello denunció una «campaña de descrédito» impulsada por la oposición en contra de Rodríguez.
Entre tanto, la liberación de presos políticos avanza a cuentagotas con apenas unas 150 excarcelaciones de un universo que supera los 800.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene «centros de detención clandestinos».
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, entregó este miércoles la credencial oficial que acredita a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40,.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
En la misma jornada, el Parlamento hondureño eligió su junta directiva provisional y se constituirá de manera oficial el 25 de enero, fecha en la que también comenzarán a funcionar las nuevas corporaciones municipales.
Además, el CNE entregó la víspera las credenciales a los alcaldes electos de las 18 cabeceras departamentales y a los 128 diputados que integrarán el Parlamento hondureño.
El pasado 24 de diciembre, el ente electoral declaró presidente electo a Nasry Asfura, para el período 2026-2030.
Esta declaratoria se produjo 24 días después de los comicios, en medio de fallas del sistema de cómputo y denuncias de irregularidades por parte de varios actores políticos.
Internacionales
Venezuela inyecta petrodólares en su economía con el difícil plan de bajar los precios
La primera intervención en meses fue de 300 millones de dólares. Provienen de petróleo vendido a precio de mercado por Estados Unidos, que asumió un rol protagónico en la comercialización de crudo tras deponer a Nicolás Maduro el 3 de enero.
Solo la expectativa de la inyección redujo la brecha cambiaria que llegó al 100 % hace apenas unos días.
Los precios en Venezuela se fijan en dólares, pero muchos pagan en bolívares, la débil moneda local, para aprovechar la diferencia con la tasa del mercado negro.
Y los comerciantes ajustaron los precios y explican que una caída será progresiva, aunque siempre atada al comportamiento del dólar en el largo plazo.
«Nada ha cambiado, todo está igual. Tú vas a comprar a donde vayas a comprar y todo sigue igual», lamentó Dixory Seijas, vendedora informal de 40 años. «Compro lo más esencial, solo lo que más se necesita, porque como la plata no alcanza», comentó a la AFP.
«Los precios entraron en un proceso de expansión terrible. Eso se nota sobre todo en los cárnicos», dijo por su parte Rafael Labrador, abogado de 73 años.
Estabilizar el dólar
Venezuela despenalizó el uso del dólar y levantó controles para combatir la hiperinflación y escasez que padeció entre 2017 y 2022.
Desde entonces el gobierno, bajo la conducción económica de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, empezó a inyectar petrodólares recurrentemente para controlar el mercado.
Ahora como presidenta, Rodríguez vuelve a recurrir al dólar para intentar estabilizar la economía.
Al anunciar el martes el ingreso de los primeros 300 millones, la presidenta dijo que están destinados a «proteger (a la población) del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario».
Analistas creen que la inyección es un buen paso para estabilizar la economía, pero requerirá más divisas consistentemente.
El director de la consultora Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, cree que de no haber anuncios de un flujo constante de divisas y una oferta a verdaderos precios de mercado el país va «a tener de nuevo una depreciación importante en la moneda».
Considera además que no puede utilizarse el control del tipo de cambio como una política antiinflacionaria. «Debería ser a través de la política fiscal que se logre reducir los precios», dijo a la AFP.
Sin poder adquisitivo
El dólar paralelo llegó a superar los 900 bolívares poco después del ataque de Estados Unidos del 3 de enero. En las semanas previas, fuerzas estadounidenses impidieron la salida de buques con petróleo venezolano, sometido a sanciones desde 2019.
Pero luego de la primera venta en coordinación con Estados Unidos, el tipo de cambio paralelo bajó a unos 460 bolívares por dólar.
Desde el poder, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, exigió a los comercios ajustar los precios.
«Tienen que hacerlo, es su obligación, porque a veces pasa que suben el precio y, cuando el dólar baja, se hacen los pendejos (tontos)», dijo el miércoles al hablar de la reforma a la ley de Hidrocarburos, que se espera facilite los negocios con Estados Unidos e incremente el flujo de dólares.
La inflación y la desvalorización de la moneda hicieron trizas hace años el precario ingreso promedio de los venezolanos. El sueldo mínimo es de menos de un dólar, lo mismo que recibe un pensionado.
El gobierno entrega bonos a discreción para complementar.
Organizaciones sindicales exigieron el lunes que los recursos petroleros se utilicen para mejorar el ingreso de los venezolanos y reforzar las pensiones. «Todos los meses el pensionado tiene que decidir de qué morirse, si de hambre o de enfermedad», reclamó ante la AFP Josefina Guerra, dirigente sindical.
