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Internacionales

EE. UU. acusa a México de aliarse con narcos y le impone aranceles junto Canadá

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Estados Unidos afirmó que el gobierno mexicano tiene «una alianza intolerable» con los cárteles del narcotráfico y le impuso aranceles aduaneros junto con Canadá hasta que cooperen en la lucha contra las drogas, acusación que México calificó de «calumnia».

Desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, el presidente republicano Donald Trump lidera una diplomacia agresiva en su lucha contra los cárteles y las pandillas, que declaró «organizaciones terroristas», así como contra la inmigración irregular.

Avisó que impondría aranceles, su cuarta palabra preferida del diccionario para conseguir sus fines, pero llevan aparejadas acusaciones frontales.

«Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos», afirmó la Casa Blanca en la red social X. Posteriormente en un comunicado, afirmó que la alianza es «intolerable».

Una afirmación demoledora que, en la misma plataforma, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de «calumnia».

Sheinbaum dijo haber pedido que se «implemente el plan B», que incluye «medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México».

«Refugios seguros»

De acuerdo con la Casa Blanca, el gobierno de México ha proporcionado «refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte» de drogas.

Washington anunció la imposición de aranceles aduaneros del 25% a México hasta que «coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas», porque asegura que los cárteles mexicanos «son los principales traficantes mundiales de fentanilo, metanfetamina y otras drogas».

Sheinbaum lo niega. Asegura que las autoridades decomisaron en cuatro meses «más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo» y detuvieron «a más de diez mil personas vinculadas con estos grupos».

A pesar del enfado, precisó que «México no quiere una confrontación» y propuso a Trump establecer una «mesa de trabajo».

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó recientemente que los cárteles tienen el «control operativo sobre enormes extensiones de las regiones fronterizas» entre México y Estados Unidos.

En el pasado, varios senadores se mostraron partidarios de permitir al ejército estadounidense combatir a los narcos dondequiera que estén.

En declaraciones a la AFP, el exembajador mexicano Agustín Gutiérrez Canet calificó de «durísimo» el tono de la Casa Blanca y recomienda no tomárselo a la ligera puesto que no tiene precedentes que Estados Unidos «ligue formalmente» al gobierno de México con el narcotráfico.

Con el objetivo declarado de «proteger a los estadounidenses de la crisis del fentanilo», un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína, Washington impuso además gravámenes del 25% a los productos procedentes de Canadá (con excepción de los hidrocarburos gravados al 10%) y un 10% adicional a los ya existentes para los bienes chinos, anunció la Casa Blanca.

El fentanilo es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años, con al menos 75.000 decesos al año, según las autoridades sanitarias estadounidenses.

«Hay una creciente producción de fentanilo en Canadá, y se incautó suficiente fentanilo en la frontera norte el año fiscal pasado para matar a 9,8 millones de estadounidenses», acusó la Casa Blanca, que asegura que los cruces fronterizos ilegales desde ese país alcanzaron máximos históricos.

El 10% de aranceles suplementarios a China, la segunda economía más grande del mundo, se mantendrá hasta una «plena cooperación del gobierno chino» en la lucha contra el fentanilo, afirma el mensaje del gobierno estadounidense.

Estados Unidos acusa a China de desempeñar «un papel central» en esta crisis y al gobernante «partido comunista» de haber «subvencionado a las empresas químicas chinas para que exporten fentanilo».

En su opinión, China «contribuye activamente a este negocio».

Con estos aranceles Trump, que pasa el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida (sureste), enciende la mecha de una guerra comercial.

«Déficit comercial»

La Casa Blanca considera «un privilegio» tener acceso al mercado estadounidense.

Según Washington, el comercio representa el 67% del PIB de Canadá, el 73% del de México y el 37% del de China, pero solo el 24% del de Estados Unidos.

«En 2023, el déficit comercial de bienes de Estados Unidos fue el más grande del mundo, con más de 1 billón de dólares», se queja en el comunicado, que no da detalles sobre los aranceles.

El viernes, Trump avanzó que algunos gravámenes pueden entrar en vigor en torno « »al 18 de febrero».

Adelantó que afectarán a los microchips, el petróleo, el gas y el acero. Y en el futuro tampoco se salvarán los productos farmacéuticos y el cobre.

Gregory Daco, economista jefe de EY, calcula que la inflación aumentará 0,7 puntos porcentuales en el primer trimestre de este año debido a los aranceles, antes de disminuir gradualmente.

La Casa Blanca lo niega y acusa a los medios de comunicación de mentir sobre el impacto.

Cita un estudio de 2024 que concluye, según la Casa Blanca, que los aranceles impuestos por Trump en su primer mandato «fortalecieron la economía estadounidense».

México y Canadá están teóricamente protegidos por el acuerdo de libre comercio T-MEC, de modo que podrían emprender acciones legales en virtud de los procedimientos de solución de diferencias previstos en ese tratado.

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Internacionales

¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?

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Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.

Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.

De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.

La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.

Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.

Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.

En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.

No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.

Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.

“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.

Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.

Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.

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Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia

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Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.

El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.

A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.

Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.

La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.

Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.

Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.

El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.

Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.

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Internacionales

Más de 5,000 muertos en protestas en Irán, según oenegé radicada en EE. UU.

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Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.

Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.

Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.

Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.

El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».

Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».

Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.

La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.

Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».

«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».

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