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Ecuador declara estado de excepción parcial por violencia narco
Debido a una «grave conmoción interna y conflicto armado interno», la medida regirá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y en la amazónica Orellana, además de la capital, Quito, y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez (en Azuay).
El decreto considera que en esas áreas se registra un «incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados».
La resolución incluye el toque de queda por siete horas, a partir de las 22H00 locales (03H00 GMT), en poblaciones de Guayas, Los Ríos y Orellana, además de Ponce Enríquez.
En septiembre concluyó el estado de excepción que estuvo vigente por 90 días en seis provincias.
En su guerra contra el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha declarado de manera continua esta medida para suspender derechos como la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio.
Ante una violenta arremetida del narco en enero, el mandatario declaró al país en conflicto armado interno, lo que le permite desplegar de forma permanente a los militares en las calles para tratar de neutralizar a una veintena de agrupaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes.
En los últimos años, las bandas ecuatorianas, con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, se disputan a sangre y fuego las rutas y el mercado de la droga. La tasa de homicidios se disparó entre 2018 y 2023 de 6 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El gobierno estimó el jueves que el accionar de policías y militares ha permitido que los grupos armados «hayan perdido su control territorial en ciertas zonas del país, y debilitado sus estructuras».
«Sin embargo buscan otras formas de transformar su accionar criminal y trasladar a otras zonas su violencia», señaló.
En setiembre se produjeron varias matanzas, una de ellas en la capital ecuatoriana que dejó cinco fallecidos. También se reportaron cuatro ataques armados contra empleados del sistema penitenciario, con saldo de cinco muertos (incluidos los directores de dos cárceles).
Los choques entre narcos se han extendido a las prisiones, con cruentas masacres con más de 460 muertos desde 2021 y que han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, decomisó entre enero y setiembre de 2024 el récord de 307 toneladas de drogas, frente a la anterior marca de 219 toneladas en 2023.
El Ejecutivo sostiene que en la nación, con 17 millones de habitantes, los asesinatos se han reducido, registrándose 4.236 de enero a septiembre de 2024 contra 5.112 del mismo período de 2023.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
