Internacionales
Donald Trump envía refuerzos militares a Bagdad tras ataque a embajada de Estados Unidos
El gobierno del presidente Donald Trump envió refuerzos militares a Bagdad tras el ataque a la embajada de los Estados Unidos en esa ciudad.
Fue el secretario de Defensa, Mark Esper, quien anunció el envío de los elementos para apoyar al personal de la embajada, en medio de protestas de cientos de simpatizantes y miembros de milicias chiíes.
“Hemos tomado medidas apropiadas de protección para asegurar la seguridad de los ciudadanos, personal militar y diplomáticos de EEUU en el país, y garantizar nuestro derechos a la defensa propia”, aseveró Esper en un comunicado.
Reportes del Daily Mail indican que el Pentágono desplegó a 100 infantes de marina, además de informar que los soldados estadounidenses dentro de la embajada han disparado gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y disparos de advertencia, hiriendo a 62 de los cientos de combatientes que derribaron la puerta principal del complejo y prendieron fuego en el área de recepción, según las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo para las milicias reconocidas por el gobierno iraquí.
Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado explicó en una nota que el personal de la embajada “está segura” y rechazó que haya habido “irrupción” en la legación diplomática.
Pocas horas antes, el presidente Trump acusaba a Irán de “orquestar” el asalto contra la embajada, que tuvo lugar menos de 48 horas después de que Estados Unidos bombardeara posiciones de las milicias progubernamentales Multitud Popular, a las que acusa de recibir apoyo de Teherán.
“Irán mató a un contratista estadounidense, hiriendo a muchos. Respondimos con contundencia, y siempre lo haremos”, agregó Trump en su cuenta de Twitter, en referencia al incidente que llevó a EEUU a lanzar los ataques del domingo.
El Pentágono aseguró que su actuación “defensiva” respondía a la muerte el pasado día 27 de un contratista norteamericano por el impacto de proyectiles en la base militar K1 de Kirkuk, en el norte de Irak, siendo la primera víctima mortal causada por el lanzamiento de cohetes contra instalaciones donde hay presencia estadounidense en suelo iraquí.
Washington responsabiliza de ello a las milicias chiíes y, en concreto, a Kata’ib Hizbulá (KH), que opera bajo el paraguas de la Multitud Popular.
Partidarios e integrantes de esas agrupaciones armadas acudieron este martes a la sede diplomática estadounidense después de participar en los funerales de las víctimas del bombardeo del domingo y empezaron a trepar por los muros de la sede diplomática, y finalmente consiguieron acceder a una parte del complejo.
Asimismo, han izado banderas de la Multitud Popular y han coreado lemas como «muerte a Estados Unidos», además de escribir en la puerta principal de la embajada “cerrado por orden del pueblo”.
Los manifestantes aseguraron que permanecerían acampados a las puertas del edificio, pero a última hora del martes su número ha disminuido y no han levantado tiendas de campaña en la zona, excepto algunas que plantaron a mediodía, según una fuente del Ministerio de Interior iraquí.
Con información de EFE
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
