Internacionales
Daniel Foote, enviado de EE. UU. en Haití, renuncia por maltrato dado a migrantes en la frontera con México
Fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron este jueves que el enviado especial para Haití, el embajador Daniel Foote, había presentado su renuncia al considerar que los migrantes haitianos habían recibido un trato «inhumano» en la frontera sur del país.
«No voy a estar asociado con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados e inmigrantes ilegales haitianos a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses en recintos seguros debido al peligro que representan las bandas armadas que controlan la vida diaria», escribió el ahora el embajador en su carta de renuncia, que fue difundida por PBS (Public Broadcasting Service).
En los últimos días, miles de migrantes haitianos se han congregado en algunos puntos de la frontera como en Del Río, Texas, aguardando luz verde de las autoridades migratorias para poder entrar a Estados Unidos. Muchos de ellos, en declaraciones a la Voz de América, admitieron haber huido de la isla caribeña por la grave situación política desatada en el país y por las consecuencias de los últimos desastres naturales que han azotado a toda la nación, que ya estaba sumida en una profunda crisis social y humanitaria.
Sin embargo, el Gobierno liderado por el presidente Joe Biden reaccionó a la llegada de grandes multitudes de migrantes haitianos incrementando vuelos desde San Antonio y Laredo, ambas ciudades en Texas, para deportar a los nacionales ilegales que habían emprendido una peligrosa travesía hasta llegar a Estados Unidos.
Según Foote, la política implementada por el actual ejecutivo norteamericano no se alinea con las recomendaciones que él había propuesto ya que fueron desestimadas e ignoradas por la Casa Blanca. «La creciente migración en nuestras fronteras solo crecerá a medida que incremente la miseria inaceptable de Haití», señaló.
Defendió que los haitianos deben tener la oportunidad de «trazar su propio rumbo, sin titiriteros internacionales y candidatos favoritos, pero con un apoyo genuino para ese rumbo».
El funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo la condición de anonimato, agradeció el trabajo prestado durante sus funciones como enviado especial del Gobierno de EE. UU. para Haití pero consideró que se había excedido en sus funciones.
«Constantemente ha buscado una mayor supervisión, una mayor responsabilidad de una manera que no pensamos que fuera apropiada o prudente en ese momento», señalaron desde el Departamento de Estado.
Estados Unidos defiende «una migración segura y ordenada»
En ese sentido, insisten en que Estados Unidos mantiene su compromiso en el control de los flujos migrantes en la frontera. «Estados Unidos sigue comprometido en apoyar de manera segura y ordenada la migración humana en toda nuestra región, y nos relacionamos con socios a lo largo del corredor migratorio para inculcarles nuestra responsabilidad compartida para la gestión humanitaria de la migración», rezaba el comunicado difundido a primera hora de la mañana.
Sobre la gestión de la Casa Blanca en torno a la cuestión migratoria, recuerdan que esta pasa por «hacer cumplir las leyes migratorias y proteger a las poblaciones vulnerables».
En cuanto a los cientos de migrantes deportados a la isla caribeña tras su intento fallido de entrar al país norteamericano, «Estados Unidos está trabajando con la Organización Internacional para la Migraciones para garantizar que los migrantes haitianos que regresan sean recibidos en el aeropuerto y se les brinde asistencia inmediata».
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
