Internacionales
Daniel Foote, enviado de EE. UU. en Haití, renuncia por maltrato dado a migrantes en la frontera con México
Fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron este jueves que el enviado especial para Haití, el embajador Daniel Foote, había presentado su renuncia al considerar que los migrantes haitianos habían recibido un trato «inhumano» en la frontera sur del país.
«No voy a estar asociado con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados e inmigrantes ilegales haitianos a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses en recintos seguros debido al peligro que representan las bandas armadas que controlan la vida diaria», escribió el ahora el embajador en su carta de renuncia, que fue difundida por PBS (Public Broadcasting Service).
En los últimos días, miles de migrantes haitianos se han congregado en algunos puntos de la frontera como en Del Río, Texas, aguardando luz verde de las autoridades migratorias para poder entrar a Estados Unidos. Muchos de ellos, en declaraciones a la Voz de América, admitieron haber huido de la isla caribeña por la grave situación política desatada en el país y por las consecuencias de los últimos desastres naturales que han azotado a toda la nación, que ya estaba sumida en una profunda crisis social y humanitaria.
Sin embargo, el Gobierno liderado por el presidente Joe Biden reaccionó a la llegada de grandes multitudes de migrantes haitianos incrementando vuelos desde San Antonio y Laredo, ambas ciudades en Texas, para deportar a los nacionales ilegales que habían emprendido una peligrosa travesía hasta llegar a Estados Unidos.
Según Foote, la política implementada por el actual ejecutivo norteamericano no se alinea con las recomendaciones que él había propuesto ya que fueron desestimadas e ignoradas por la Casa Blanca. «La creciente migración en nuestras fronteras solo crecerá a medida que incremente la miseria inaceptable de Haití», señaló.
Defendió que los haitianos deben tener la oportunidad de «trazar su propio rumbo, sin titiriteros internacionales y candidatos favoritos, pero con un apoyo genuino para ese rumbo».
El funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo la condición de anonimato, agradeció el trabajo prestado durante sus funciones como enviado especial del Gobierno de EE. UU. para Haití pero consideró que se había excedido en sus funciones.
«Constantemente ha buscado una mayor supervisión, una mayor responsabilidad de una manera que no pensamos que fuera apropiada o prudente en ese momento», señalaron desde el Departamento de Estado.
Estados Unidos defiende «una migración segura y ordenada»
En ese sentido, insisten en que Estados Unidos mantiene su compromiso en el control de los flujos migrantes en la frontera. «Estados Unidos sigue comprometido en apoyar de manera segura y ordenada la migración humana en toda nuestra región, y nos relacionamos con socios a lo largo del corredor migratorio para inculcarles nuestra responsabilidad compartida para la gestión humanitaria de la migración», rezaba el comunicado difundido a primera hora de la mañana.
Sobre la gestión de la Casa Blanca en torno a la cuestión migratoria, recuerdan que esta pasa por «hacer cumplir las leyes migratorias y proteger a las poblaciones vulnerables».
En cuanto a los cientos de migrantes deportados a la isla caribeña tras su intento fallido de entrar al país norteamericano, «Estados Unidos está trabajando con la Organización Internacional para la Migraciones para garantizar que los migrantes haitianos que regresan sean recibidos en el aeropuerto y se les brinde asistencia inmediata».
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
