Internacionales
Comercio, inmigración, cambio climático y seguridad dominarán encuentro entre Biden, AMLO y Trudeau
La agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS, en inglés) este jueves es bastante amplia, pero la Casa Blanca adelantó que el encuentro central estará enfocado en comercio, la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, con alguna discusión sobre inmigración.
“Estados Unidos, México y Canadá reafirmarán sus fuertes lazos e integración al mismo tiempo que trazarán un nuevo camino para la colaboración para poner fin a la pandemia de COVID-19 y promover la seguridad sanitaria; competitividad y crecimiento equitativo, que incluya el cambio climático; y una visión regional de la migración”, adelantó la Casa Blanca.
Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Gobierno del presidente Joe Biden, había indicado que la cumbre será centrada en la reapertura económica.
Esto luego que no hubiera un encuentro similar desde el 2016, pues el expresidente Donald Trump no convocó a los dos líderes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Canadá, Justin Trudeau, aunque se reunió por separado con ambos y tuvo diversas comunicaciones telefónicas.
“La celebración por parte del presidente de la primera Cumbre de Líderes de América del Norte desde 2016 es la culminación de casi 10 meses de trabajo para revitalizar América del Norte”, afirmó González.
El funcionario destacó la economía y de seguridad como ejes en la cumbre, pero adelantó sobre los encuentros uno a uno del presidente Biden con sus invitados.
“Buscamos profundizar y expandir nuestra cooperación económica y asociación de seguridad con Canadá y México”, expuso. “El presidente Biden también participará en reuniones bilaterales con el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador”.
Cárteles y migrantes
Con México son varios los temas que podrían discutirse, dado el reciente movimiento en la agenda migratoria y la lucha contra el tráfico de drogas, así como el avance de la reforma energética en México y sus implicaciones para empresas estadounidenses y en la lucha contra el cambio climático.
Se esperaban avances sobre el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) o Permanecer en México, luego de que la Administración Biden reportara a un tribunal de Texas que afina “los detalles” del acuerdo con México para implementar nuevamente el plan que obliga enviar a peticionarios de asilo a esperar en ese país una cita en cortes estadounidenses.
Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca adelantaron que los MPP no serán parte primordial del diálogo entre mandatarios, sino en explorar cómo atender las causas de la migración desde Centroamérica y México.
“El enfoque de las piezas de migración… realmente estará en la región y en cómo podemos colaborar juntos en general”, enfatizó.
¿Y los cárteles?
Aunque está sobre la mesa el conflicto por la presencia de agentes de la DEA en México, no se precisó si habrá discusión sobre ese punto en particular en llamada telefónica con periodistas este miércoles, pero se mencionaron los esfuerzos con el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel en México, al que acudió el secretario de Estado, Antony Blinken, y derivó en un cambio de dirección sobre la Iniciativa Mérida.
“El Diálogo de Seguridad de Alto Nivel que se lanzó con México. Y ahora, realmente, lo estamos juntando para revisar el trabajo que hemos hecho, pero también para establecer prioridades para el año que viene”, indicó uno de los funcionarios.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard ha reportado reuniones con funcionarios canadienses y estadounidenses sobre la organización de la cumbre.
El presidente mexicano aseguró que pedirá al presidente Biden “aprobar una reforma migratoria”, aunque el mandatario estadounidense ha dicho que eso será labor del Congreso.
En tanto, seguidores del presidente mexicano convocaron a una marcha en la capital de EE.UU. para apoyar a su líder y presionar por una reforma migratoria. Se reunirán en la Plaza Lafayette.
Nota: Este artículo fue actualizado este jueves 18 de noviembre con información de funcionarios de la Casa Blanca.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
