Internacionales
Comercio, inmigración, cambio climático y seguridad dominarán encuentro entre Biden, AMLO y Trudeau
La agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS, en inglés) este jueves es bastante amplia, pero la Casa Blanca adelantó que el encuentro central estará enfocado en comercio, la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, con alguna discusión sobre inmigración.
“Estados Unidos, México y Canadá reafirmarán sus fuertes lazos e integración al mismo tiempo que trazarán un nuevo camino para la colaboración para poner fin a la pandemia de COVID-19 y promover la seguridad sanitaria; competitividad y crecimiento equitativo, que incluya el cambio climático; y una visión regional de la migración”, adelantó la Casa Blanca.
Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Gobierno del presidente Joe Biden, había indicado que la cumbre será centrada en la reapertura económica.
Esto luego que no hubiera un encuentro similar desde el 2016, pues el expresidente Donald Trump no convocó a los dos líderes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Canadá, Justin Trudeau, aunque se reunió por separado con ambos y tuvo diversas comunicaciones telefónicas.
“La celebración por parte del presidente de la primera Cumbre de Líderes de América del Norte desde 2016 es la culminación de casi 10 meses de trabajo para revitalizar América del Norte”, afirmó González.
El funcionario destacó la economía y de seguridad como ejes en la cumbre, pero adelantó sobre los encuentros uno a uno del presidente Biden con sus invitados.
“Buscamos profundizar y expandir nuestra cooperación económica y asociación de seguridad con Canadá y México”, expuso. “El presidente Biden también participará en reuniones bilaterales con el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador”.
Cárteles y migrantes
Con México son varios los temas que podrían discutirse, dado el reciente movimiento en la agenda migratoria y la lucha contra el tráfico de drogas, así como el avance de la reforma energética en México y sus implicaciones para empresas estadounidenses y en la lucha contra el cambio climático.
Se esperaban avances sobre el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) o Permanecer en México, luego de que la Administración Biden reportara a un tribunal de Texas que afina “los detalles” del acuerdo con México para implementar nuevamente el plan que obliga enviar a peticionarios de asilo a esperar en ese país una cita en cortes estadounidenses.
Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca adelantaron que los MPP no serán parte primordial del diálogo entre mandatarios, sino en explorar cómo atender las causas de la migración desde Centroamérica y México.
“El enfoque de las piezas de migración… realmente estará en la región y en cómo podemos colaborar juntos en general”, enfatizó.
¿Y los cárteles?
Aunque está sobre la mesa el conflicto por la presencia de agentes de la DEA en México, no se precisó si habrá discusión sobre ese punto en particular en llamada telefónica con periodistas este miércoles, pero se mencionaron los esfuerzos con el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel en México, al que acudió el secretario de Estado, Antony Blinken, y derivó en un cambio de dirección sobre la Iniciativa Mérida.
“El Diálogo de Seguridad de Alto Nivel que se lanzó con México. Y ahora, realmente, lo estamos juntando para revisar el trabajo que hemos hecho, pero también para establecer prioridades para el año que viene”, indicó uno de los funcionarios.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard ha reportado reuniones con funcionarios canadienses y estadounidenses sobre la organización de la cumbre.
El presidente mexicano aseguró que pedirá al presidente Biden “aprobar una reforma migratoria”, aunque el mandatario estadounidense ha dicho que eso será labor del Congreso.
En tanto, seguidores del presidente mexicano convocaron a una marcha en la capital de EE.UU. para apoyar a su líder y presionar por una reforma migratoria. Se reunirán en la Plaza Lafayette.
Nota: Este artículo fue actualizado este jueves 18 de noviembre con información de funcionarios de la Casa Blanca.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
