Internacionales
Autoridades migratorias de EE.UU. realizarán controles médicos a niños migrantes bajo custodia
El servicio de vigilancia de fronteras de Estados Unidos (CBP) anunció que llevará a cabo controles médicos a todos los niños bajo su custodia, tras la muerte en Nochebuena de un migrante guatemalteco de ocho años, el segundo fallecimiento de un menor en circunstancias similares.
El niño, identificado por el congresista Joaquin Castro como Felipe Alonzo Gomez, había sido trasladado a un centro médico de Nuevo México el lunes, tras mostrar síntomas de enfermedad, dijo el CBP en un comunicado.
El personal le diagnosticó un resfriado común, pero más tarde descubrió que tenía fiebre. Fue dado de alta a mitad de la tarde, con recetas de ibuprofeno y amoxicilina.
Posteriormente el cuadro evolucionó y Alonzo, que se encontraba detenido junto a su padre, comenzó con nauseas y vómitos, por lo que fue trasladado nuevamente al hospital, donde finalmente murió el lunes poco antes de la medianoche.
El CBP indicó el martes que no había establecido la causa de la muerte pero que garantizaría “una revisión independiente y completa de las circunstancias”.
Más tarde, el comisionado Kevin K. McAleenan anunció que la agencia estaba “realizando controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y custodia de CBP” y “revisando sus políticas con especial atención al cuidado y custodia de niños menores de 10 años”.
Agregó que el CBP estaba considerando buscar apoyo médico de otras agencias, entre ellas la Guardia Costera y el Departamento de Defensa estadounidenses.
“El CBP también está coordinando con los Centros para el Control de Enfermedades el número de niños bajo custodia”, señaló.
Investigación
Según información del ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, el niño y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre tras haber cruzado la frontera por la ciudad de El Paso, en Texas.
El día 23 habían sido trasladados a la estación de Alamogordo, en el estado vecino.
Las autoridades estadounidenses señalaron que no se conocen las causas de la muerte del niño y prometieron que se realizará un “examen independiente y en profundidad de las circunstancias” del deceso.
El gobierno de Guatemala pidió una investigación “clara y resguardando el debido proceso”.
El 8 de diciembre la niña guatemalteca Jakelin Caal falleció en el hospital de El Paso, Texas, por causas aún no reveladas después de haber sido detenida junto a su padre tras cruzar ilegalmente la frontera desde México en la noche del 6 de diciembre.
Según el diario The Washington Post, que citó al CBP, la niña habría fallecido por “deshidratación y shock”.
El caso de Jakelin Caal generó una gran indignación en Estados Unidos y una delegación de congresistas que visitó las instalaciones donde estuvo detenida la niña denunciaron “fallos sistémicos” en el proceso y condiciones de higiene deplorables.
Tras la muerte de la niña, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció una investigación, cuyos resultados se presentarán al Congreso y serán públicos.
Buscando respuestas
“Estoy descorazonada de enterarme de la muerte de un segundo niño bajo detención”, escribió en Twitter la representante de la cámara baja por Nueva York Nydia Velazquez.
Un cartel en forma de corazón con el nombre de Jakelin Amei Rosmey Caal, la niña de 7 años que murió en un hospital de Texas dos días después de ser detenida por agentes de la patrulla fronteriza en Nuevo México, se observa en el municipio de Raxruha, 320 km al norte de la Ciudad de Guatemala, el 15 de diciembre de 2018© AFP JOHAN ORDONEZ
“Debemos exigir responsabilidades, encontrar respuestas y poner fin a la odiosa y peligrosa política contra los migrantes de esta administración”, agregó.
“Otro niño muere bajo la vigilancia de este gobierno”, tuiteó el congresista demócrata Marc Veasey de Texas.
En tanto el senador demócrata Martin Heinrich, de Nuevo México, escribió en la misma red social: “Con el corazón roto y enfermo por esta noticia”.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) calificó los hechos como una “tragedia espantosa”.
“El CBP debe rendir cuenta y dejar de detener a niños. El nuevo Congreso debe poner como una de sus primeras prioridades realizar una investigación sobre el Departamento de Seguridad Interna (DHS)”, dijo la ONG.
El presidente Donald Trump impulsa una política de tolerancia cero contra la inmigración, en el marco de la cual 2.300 migrantes menores de edad fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, algo que generó indignación en el país y en el mundo.
Para contener la inmigración, Trump quiere construir un muro en la frontera con México cuyo presupuesto de unos 5.000 millones de dólares es objeto de pugna con la oposición demócrata que ha provocado un cierre parcial del gobierno federal que ya lleva cuatro días. El presidente prometió que no cederá hasta que consiga los fondos para el muro.
Los migrantes que huyen de la pobreza y la violencia de las maras en Honduras, Guatemala y El Salvador arriesgan su vida para llegar a Estados Unidos por los pasos de Nuevo México, Texas y Arizona.
Las autoridades guatemaltecas elevaron a nueve el saldo de policías asesinados el domingo durante una escalada de violencia de pandilleros, al fallecer este lunes un agente herido en los ataques que llevaron a decretar el estado de sitio.
Grupos criminales desataron una ola de atentados contra la policía en varias partes del país, en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a decenas de guardias para presionar su traslado a prisiones con menores medidas de seguridad, según el gobierno.
Ocho agentes murieron el domingo, mientras que otro, identificado como Frayan Medrano, falleció el lunes en un hospital público tras ser baleado cuando se desplazaba en una motocicleta junto a un compañero que se encuentra en «estado crítico», según reportes de la policía y el ministerio de Gobernación.
El ataque contra Medrano se produjo en un municipio al sur de la capital, en momentos en que la policía liberaba a 46 personas tomadas como rehenes el sábado pasado por presos acusados de pertenecer a pandillas, consideradas terroristas por Guatemala y Estados Unidos.
Debido a ello, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró la noche del domingo el estado de sitio por 30 días, una medida que autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.
El decreto está en vigor, aun cuando todavía debe ser aprobado por el Congreso, de mayoría opositora, según establece la legislación guatemalteca para los estados de emergencia.
En redes sociales se encuentra circulando un video, el cual muestra el momento en que ocurrió el ataque armado en contra de dos agentes la Policía Nacional Civil (PNC) que circulaban por la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
Las imágenes dan cuenta que los dos policías iban en un vehículo de dos ruedas por el mencionado lugar, de pronto un automóvil particular los alcanza y se escuchan los disparos.
El video muestra el momento en que los agentes caen a un costado de la ruta, mientras la camioneta desde la que se efectuaron los disparos huye del lugar.
De acuerdo con la información oficial, ambos agentes de la PNC murieron tras el hecho de violencia ocurrido la mañana de este domingo 18 de enero.
Tras la recuperación del control de la cárcel Renovación I, se registraron varios ataques simultáneos en contra de agentes de la PNC, en distintos puntos de la ciudad y otros municipios.
En una respuesta contundente a la escalada de violencia registrada este domingo, el Ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, anunció que el Ejército de Guatemala se encuentra en apoyo total al Ministerio de Gobernación. La medida surge tras una serie de ataques simultáneos perpetrados por bandas criminales contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diversas regiones del país.
El titular de la Defensa fue enfático al declarar que las fuerzas castrenses ya se encuentran operando en las calles. “El Ejército de Guatemala está al 100 por ciento en apoyo del Ministerio de Gobernación y todas sus fuerzas”.
Distribución estratégica: Elementos militares han sido desplegados específicamente en las zonas donde se registraron las agresiones contra los agentes policiales.
Operativos conjuntos: Se han iniciado patrullajes y acciones de seguridad combinadas a nivel nacional para retomar el orden público.
Uso del poder estatal: El Gobierno manifestó que utilizará el monopolio de la fuerza para garantizar la tranquilidad ciudadana ante las reacciones criminales.
El detonante: Éxito en la cárcel “Renovación I”
Las autoridades vinculan los ataques armados de este domingo con la exitosa operación realizada en el centro penitenciario Renovación I. Según el reporte oficial:
Toma de control: El centro carcelario fue recuperado sin registrarse bajas entre las autoridades ni entre la población privada de libertad.
Represalia criminal: Los ataques contra la PNC se ejecutaron de forma simultánea tras informarse sobre la toma de control de dicha cárcel.
Sin privilegios: El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reiteró que no se cederá ante peticiones de retornar privilegios en los centros penales.
“Con ellos no hay diálogo y vamos a seguir dando resultados… no se va a negociar con terroristas”, sentenciaron los ministros Sáenz y Villeda en conferencia de prensa.
Planes de seguridad: Cinturón de Fuego y Plan Centinela
Para combatir al crimen organizado y transnacional, el Ministerio de la Defensa y Gobernación mantendrán activos varios planes estratégicos de seguridad:
Cinturón de Fuego: Operación de vigilancia para proteger el territorio nacional.
Plan Centinela: Enfocado en el combate al narcotráfico, tráfico de personas y armas.
Tecnología avanzada: Se utilizarán puestos de control y vigilancia con tecnología de punta para blindar a las comunidades.
Enfoque en Escuintla: Se reforzará la Operación Centinela específicamente en el departamento de Escuintla.
