El servicio de vigilancia de fronteras de Estados Unidos (CBP) anunció que llevará a cabo controles médicos a todos los niños bajo su custodia, tras la muerte en Nochebuena de un migrante guatemalteco de ocho años, el segundo fallecimiento de un menor en circunstancias similares.

El niño, identificado por el congresista Joaquin Castro como Felipe Alonzo Gomez, había sido trasladado a un centro médico de Nuevo México el lunes, tras mostrar síntomas de enfermedad, dijo el CBP en un comunicado.

El personal le diagnosticó un resfriado común, pero más tarde descubrió que tenía fiebre. Fue dado de alta a mitad de la tarde, con recetas de ibuprofeno y amoxicilina.

Posteriormente el cuadro evolucionó y Alonzo, que se encontraba detenido junto a su padre, comenzó con nauseas y vómitos, por lo que fue trasladado nuevamente al hospital, donde finalmente murió el lunes poco antes de la medianoche.

El CBP indicó el martes que no había establecido la causa de la muerte pero que garantizaría “una revisión independiente y completa de las circunstancias”.

Más tarde, el comisionado Kevin K. McAleenan anunció que la agencia estaba “realizando controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y custodia de CBP” y “revisando sus políticas con especial atención al cuidado y custodia de niños menores de 10 años”.

Agregó que el CBP estaba considerando buscar apoyo médico de otras agencias, entre ellas la Guardia Costera y el Departamento de Defensa estadounidenses.

“El CBP también está coordinando con los Centros para el Control de Enfermedades el número de niños bajo custodia”, señaló.

Investigación

Según información del ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, el niño y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre tras haber cruzado la frontera por la ciudad de El Paso, en Texas.

El día 23 habían sido trasladados a la estación de Alamogordo, en el estado vecino.

Las autoridades estadounidenses señalaron que no se conocen las causas de la muerte del niño y prometieron que se realizará un “examen independiente y en profundidad de las circunstancias” del deceso.

El gobierno de Guatemala pidió una investigación “clara y resguardando el debido proceso”.

El 8 de diciembre la niña guatemalteca Jakelin Caal falleció en el hospital de El Paso, Texas, por causas aún no reveladas después de haber sido detenida junto a su padre tras cruzar ilegalmente la frontera desde México en la noche del 6 de diciembre.

Según el diario The Washington Post, que citó al CBP, la niña habría fallecido por “deshidratación y shock”.

El caso de Jakelin Caal generó una gran indignación en Estados Unidos y una delegación de congresistas que visitó las instalaciones donde estuvo detenida la niña denunciaron “fallos sistémicos” en el proceso y condiciones de higiene deplorables.

Tras la muerte de la niña, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció una investigación, cuyos resultados se presentarán al Congreso y serán públicos.

Buscando respuestas

“Estoy descorazonada de enterarme de la muerte de un segundo niño bajo detención”, escribió en Twitter la representante de la cámara baja por Nueva York Nydia Velazquez.

Un cartel en forma de corazón con el nombre de Jakelin Amei Rosmey Caal, la niña de 7 años que murió en un hospital de Texas dos días después de ser detenida por agentes de la patrulla fronteriza en Nuevo México, se observa en el municipio de Raxruha, 320 km al norte de la Ciudad de Guatemala, el 15 de diciembre de 2018© AFP JOHAN ORDONEZ

“Debemos exigir responsabilidades, encontrar respuestas y poner fin a la odiosa y peligrosa política contra los migrantes de esta administración”, agregó.

“Otro niño muere bajo la vigilancia de este gobierno”, tuiteó el congresista demócrata Marc Veasey de Texas.

En tanto el senador demócrata Martin Heinrich, de Nuevo México, escribió en la misma red social: “Con el corazón roto y enfermo por esta noticia”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) calificó los hechos como una “tragedia espantosa”.

“El CBP debe rendir cuenta y dejar de detener a niños. El nuevo Congreso debe poner como una de sus primeras prioridades realizar una investigación sobre el Departamento de Seguridad Interna (DHS)”, dijo la ONG.

El presidente Donald Trump impulsa una política de tolerancia cero contra la inmigración, en el marco de la cual 2.300 migrantes menores de edad fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, algo que generó indignación en el país y en el mundo.

Para contener la inmigración, Trump quiere construir un muro en la frontera con México cuyo presupuesto de unos 5.000 millones de dólares es objeto de pugna con la oposición demócrata que ha provocado un cierre parcial del gobierno federal que ya lleva cuatro días. El presidente prometió que no cederá hasta que consiga los fondos para el muro.

Los migrantes que huyen de la pobreza y la violencia de las maras en Honduras, Guatemala y El Salvador arriesgan su vida para llegar a Estados Unidos por los pasos de Nuevo México, Texas y Arizona.